En total 405 medios de comunicación han cerrado desde que Radio Caracas Televisión (RCTV) cesó su transmisión el 27 de mayo de 2007, según datos de Espacio Público.
La organización publicó las cifras en sus redes sociales y agregó que desde esa fecha el Estado venezolano ha aplicado más cierres y medidas que han contribuido con la censura y la autocensura.
“Han pasado 17 años desde que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones decidió cerrarlos (a RCTV) a través de la no renovación de la concesión del espectro radioeléctrico por orden del fallecido presidente Hugo Chávez”, recordó Espacio Público.
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“Desde entonces, el cierre de medios ha sido indetenible”, publicó en su cuenta en X.
La organización exigió al Estado venezolano acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el restablecimiento de la señal del canal de televisión y exhortó a la ciudadanía a apoyar la Libertad de Expresión para vencer la censura.
405 medios de comunicación cerrados
Espacio Público estableció en su cuenta en X el cierre de medios en cuatro períodos. Desde 2008 a 2011, un total de 64 dejaron de estar disponibles: 58 emisoras, cuatro canales y dos periódicos.
Cincuenta y cuatro medios corrieron la misma suerte entre 2012 y 2015: 26 emisoras, un canal, 19 periódicos y nueve digitales.
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La mayor cantidad de cierres ocurrió entre 2016 y 2109 cuando hasta 164 medios dejaron de existir. 89 emisoras, 12 canales, 61 periódicos y dos digitales estuvieron en la lista.
En el período entre 2021 y 2023 cerraron 123 de medios: 115 emisoras, cinco periódicos y tres digitales.
Espacio Pùblico añadió que, aunque no aparecen en su cuenta, en 2024 ha registrado el cierre de 14 emisoras de radio.
La organización informó este mes que en el primer cuatrimestre de 2024 registró 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión, 22 % más con relación al mismo periodo de 2023.
“No solo eso, sino que aumentaron algunos niveles de violencia institucional mucho más fuertes. La aplicación de la Ley contra el Odio, por ejemplo (…) es una ley brutal en términos del tamaño de las sanciones que se le puede aplicar a la persona por expresarse en redes sociales”, agregó el director de la ONG, Carlos Correa, en una entrevista con EFE.
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