La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presenta este martes ante el fiscal general peruano para ser interrogada por la desactivación de una unidad policial anticorrupción, mientras su Gobierno afronta desde el lunes un nuevo frente de crisis después de que el Ministerio Público la denunciara ante el Congreso por un presunto caso de corrupción.
La gobernante deberá asistir al despacho del fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación que se le ha abierto por una presunta obstrucción a la Justicia, ya que el equipo policial desactivado participaba en una investigación contra su hermano Nicanor, quien fue detenido al día siguiente.
El abogado de la presidenta en este caso, Juan Carlos Portugal, declaró que Boluarte no guardará silencio ante Villena, aunque dijo que espera que el Ministerio Público mantenga la reserva del caso.
Autoridades dejaron en libertad al hermano de la mandataria el pasado 17 de mayo, luego de que un tribunal que determinara que no había riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
Boluarte goza de inmunidad
A Nicanor Boluarte y el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda los detuvieron junto con otros implicados al estar investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros delitos en agravio del Estado, dentro de la denominada operación ‘waykis (amigos) en la sombra’, que investiga una presunta red de tráfico de influencias.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) impulsó este caso y sostiene que los implicados forman parte de una presunta red que se dedica al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
En otra investigación, esta vez seguida contra la gobernante, la Fiscalía de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra Boluarte «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
La denuncia constitucional está dirigida al Congreso
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá decidir si recomienda acusar a Boluarte por este caso.
Tras conocerse la denuncia fiscal, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó que la presidenta es víctima de «una persecución inconstitucional e ilegal», que atribuyó al Ministerio Público.
«Nos sentimos verdaderamente ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales no hace sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta», dijo.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, recordó que la gobernante cuenta con inmunidad y que, en última instancia, es el Congreso el que decide sobre cualquier denuncia constitucional que se pueda presentar en su contra.
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