Las trabas jurídicas se mantienen para el sector inmobiliario. El mercado de alquiler en el país se podría dinamizar si se trabaja en la reforma de la Ley de Arrendamiento, con la oferta de 50 mil unidades al año que beneficiaría a todas las partes involucradas.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta Martínez, detalló que se requiere la modificación de al menos 20 artículos.
“La ley establece que el propietario debe acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), registrarse, obtener una regulación del canon en bolívares, la ley está desfasada porque la economía del país está en moneda extranjera… Ese es el primer tema que se debe reformar”.
Esto impide que los propietarios sientan seguridad de poner en alquiler sus inmuebles y que provoca que, aunque que 60% de los alquileres en el país son residenciales, 35% comerciales, 5% industrias y depósitos, en los portales inmobiliarios solo se publique un 9% de los residenciales. “La mayoría hace negocio por fuera porque es imposible cumplir con la ley”, expresó en entrevista realizada durante el programa “A Tiempo” de Unión Radio.
Ese cambio beneficiaría a los condominios porque parte de morosidad se debe a que los inmuebles están vacíos y los propietarios están fuera del país con temor de alquilarlos por la inseguridad jurídica que también supone el amparo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impide ejecutar la desocupación del arrendatario.
Sin intenciones de reforma
Orta Martínez resaltó que aunque haya un interés en el Ministerio de Vivienda de hacer cambios, no se refleja lo mismo en la Asamblea Nacional (AN).
“No está en agenda la reforma de leyes en el corto plazo y vemos que hay un temor de parte de los legisladores porque se evalúa el impacto político que esto pueda tener, y más en época electoral, hay que despolitizar el arrendamiento porque es una actividad civil que involucra a una persona que tiene su inversión y ponen en alquiler su vivienda a alguien que lo necesita para resolver su tema habitacional”.
Para él, se debe permitir que las partes convengan el pago y que la superintendencia intervenga cuando hay conflictos.
“Hay que dejar que el mercado fluya que los propietarios sientan confianza en el canon y en la posibilidad de recuperar su vivienda”.
Con información de Unión Radio.
