El paro armado que declaró el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado viernes en el departamento del Chocó (oeste) es una deslealtad con los acuerdos de paz en curso. El Gobierno colombiano dijo que la medida afecta a 27.000 personas que están confinadas o sin poder desplazarse.
«Es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana. Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias», aseguró el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
¿Qué es el paro armado del ELN en el Chocó?
El ELN declaró el pasado viernes un paro armado indefinido en el Chocó. Y a la población amenazó con abstenerse de moverse para evitar incidentes. Fue la misma semana que acordó una prórroga del cese al fuego bilateral con el Gobierno hasta el próximo 3 de agosto.
«La situación humanitaria en el departamento sigue siendo precaria. La presencia del paramilitarismo arrecia contra la población humilde de este territorio, en complacencia con la fuerza pública que opera en la región», señala un comunicado del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN.
Esta medida impositiva afecta sobre todo las que viven en comunidades del río San Juan, que ante estas amenazas no pueden realizar actividades comerciales o cotidianas, como desplazarse por el río para ir al médico o al colegio o a sus terrenos a cultivar.
«El confinamiento al que están sometida unas 27.000 personas (…) impacta en la posibilidad de buscar asistencia médica, que los niños puedan ir a escuela, impacta totalmente en la posibilidad de tener una dinámica ordinaria de vida», explicó a EFE la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Las comunidades ya no solo obedecen por las amenazas, sino por verse sometidas al fuego cruzado entre ELN y Clan del Golfo o por el riesgo de pisar una mina antipersonal, que los grupos están sembrando cada vez más en esta selvática zona.
Un «acto retador»
Esta declaratoria, menos de una semana después de anunciar la prórroga del cese al fuego, es de «alta beligerancia» y un «acto retador», añadió.
«Estamos a favor del acuerdo de paz, es mejor tenerlo que no tenerlo (…) pero es el séptimo paro armado que declara la guerrilla y el cuarto en esta misma zona», recuerda la gobernadora, que asumió el cargo el pasado 1 de enero.
El ELN ha impuesto medidas similares en el Medio San Juan en cuatro ocasiones en los últimos 12 meses exponiendo a una situación continuada de violencia, miedo y amenazas a la población.
«Es tiempo de que digamos que por lo reiterado y lo grave, esta situación debe ser llevada a la mesa de negociación», pidió la gobernadora, que exhortó al Gobierno y a la guerrilla a que escuchen a las comunidades para que sus situaciones sean tenidas en cuenta.
Y además recordó: «el departamento Chocó es el que más ha votado a favor de la paz y la razón es porque vivimos tan cruelmente las consecuencias del conflicto que vivimos ansiosos de cualquier solución que nos permita salir de la violencia».
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