diaspora
Foto: Luis Morillo

Un Instituto Venezolano de la Diáspora daría garantías de derechos a los migrantes en su viaje y al llegar a su destino. Este es uno de los objetivos que justifican la creación del ente.

Sería un organismo privado, encabezado por la sociedad civil, que se encargue de defender los derechos de la población migrante de Venezuela.

La propuesta surgió en un foro virtual sobre migración, organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL).

Esteban Ibarra, secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, y Tomás Páez, coordinador del Proyecto Global de la Diáspora Venezolana, fueron los ponentes del foro “La migración, causas y consecuencias”.

El encuentro fue transmitido a través de la plataforma Zoom y organizado por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España y coordinador de OGAL, quien fungió como moderador.

Un respaldo a los migrantes venezolanos

Páez estima que 8,8 millones de venezolanos han salido del país (30 % de la población), desde 2014 cuando comenzó el declive económico en Venezuela. La mayoría está en Suramérica

Indicó que por la selva del Darién, peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, han pasado, rumbo a Estados Unidos, más de 70 mil personas, de las cuales el 70 % son venezolanos.

Las cifras coinciden con las suministradas por las autoridades panameñas. Además, en lo que va de 2024, cerca de 22.673 migrantes han atravesado el tapón del Darién. 

Páez sostuvo que más de cuatro mil millones de dólares recibe Venezuela por parte de la población migrante. “Más del 30 % de la población recibe remesa y el 50 % de los habitantes venezolanos tiene un familiar fuera del país”, dijo el conferencista.

“La diáspora beneficia tanto al país de origen como a la nación receptora porque es un capital humano que mueve hacia arriba el Producto Interno Bruto al país de acogida”, dijo Páez.

La razón del ser del Instituto Venezolano de la Diáspora

Esteban Ibarra comentó que cuando un emigrante llega a otro país, se encuentra con la dificultad de integrarse a esa nación. Se enfrenta a situaciones de odio, discriminación, racismo y violencia, entre otros obstáculos.

“El peor enemigo de la migración está en su propia casa”, dijo Ibarra. Criticó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó de “bio-terrorista” a sus compatriotas que en 2020 regresaban al país enfermos de COVID-19. “Ese es un nuevo caso de xenofobia”, deplora el especialista.

Recordó que 193 países han firmado el pacto mundial de migración, que establece el respeto a los derechos humanos, condena el racismo, garantiza los derechos políticos, identidad, sufragio entre otros. “Pero no se cumple y en Europa hay un desastre en política migratoria. Sin embargo, hay esperanza para lograr un ordenamiento jurídico plurinacional, tema que ha llegado a las puertas del parlamento europeo”, dijo.

Recomendó que el Instituto Venezolano de la Diáspora sea un organismo privado, de la sociedad civil, que se encargue de defender los derechos de la población migrante de Venezuela.

Ibarra observó que entre esos puntos figura el derecho al sufragio, que es violado por el Gobierno con respecto a los venezolanos en el exterior. La ley electoral venezolana exige la residencia en la nación receptora, lo que excluye a 7,8 millones de venezolanos del padrón electoral.

Nota de prensa

 

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.