Caracas. La aprobación “exprés” por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, y su posterior publicación con premura en Gaceta Oficial, muestra parte del trasfondo político por obtener recursos para aumentar las pensiones, aunque deja en “3 y 2” a empresas que siguen sin despegar, principalmente pequeñas y medianas.
El texto aprobado por el Parlamento -de mayoría oficialista- obliga a las empresas privadas a aportar una contribución especial de hasta 15 % de los pagos realizados a los trabajadores por salarios y bonificaciones no salariales, tomando como base el “ingreso mínimo integral definido” por el Gobierno, es decir, los 130 dólares aún no oficializados, pero anunciados por Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo.
Desde el sector privado, la Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) advierte -entre líneas en un comunicado- que un porcentaje de alícuota superior a 6 % “no sería sostenible para ninguna empresa privada” y que la contribución fijada “pudiera generar inconvenientes” en cuanto a generación de empleos.
En cambio, la patronal propone que la base del cálculo de la contribución sea el salario “normal” correspondiente al mes anterior y que se fije un tope máximo equivalente a tres veces el “ingreso mínimo integral”, que sería equivalente a 390 dólares.
De acuerdo con cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio del sector comercio y servicios en el Área Metropolitana de Caracas se ubicó en 225 dólares en el primer trimestre de este año. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), por su parte, revela que en 2023 solo 22,6 % del total de ocupados en el país se encontraban en el sector privado, frente a 48,3 % que trabajaba por cuenta propia.
El impacto desmedido de los tributos
A pesar de la aparente “apertura” del Gobierno hacia el sector privado desde 2018 -desregulando la economía y permitiendo la libre circulación de divisas-, la falta de ingresos petroleros ha traído consigo lo que empresarios y expertos denominan como “voracidad fiscal”, con tasas y alícuotas que impactan negativamente en las ventas y en el sostenimiento de las empresas en el país.
En un artículo publicado en el portal Prodavinci, los economistas de la firma privada Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios, revelan que solo por la vía de impuestos nacionales (IVA, IGTF e ISLR) el impacto sobre los ingresos netos de las empresas es de cerca de 40 % y puede alcanzar a más de 60 % si se suman otras contribuciones parafiscales como aseo urbano o impuesto a la actividad económica.
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