Los cálculos eran confusos para Esther García en marzo de 2022. Ella es pensionada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y en ese momento escuchó al presidente Nicolás Maduro anunciar un aumento salarial de más de 1700% y no pudo sentir otra cosa que alegría. Lo que no sabía ¿ era que se trataba de un monto que, dos años después, se mantendría estático y con una devaluación de 90%.
Fue la tarde del jueves 3 de marzo cuando el mandatario se dirigió al país desde el Poliedro de Caracas, durante el II Congreso de la Clase Obrera y sorprendió a todos. “Ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos y estoy de acuerdo, aprobado, y proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio petro, aprobado, estoy de acuerdo”.
En las imágenes transmitidas en televisión nacional se vio a la multitud celebrando. Lo mismo hizo Esther, sobre todo con el pasar de las horas y leer en redes sociales que el salario pasaría de los siete bolívares que cobraba desde el 7 de abril de 2021, cuando eran siete millones de bolívares antes de la tercera reconversión que eliminó seis ceros a la moneda, a alrededor de 126 bolívares al mes, dado que el petro en ese momento equivalía a 57,81 dólares.
Los números seguían rondando por la mente de Esther. Según sus cuentas, el sueldo sería de alrededor de 28 dólares teniendo como base que el dólar oficial ese día estaba en 4,37 bolívares.
Ese anuncio de Maduro no fue detallado. Nadie sabía cuándo entraría en vigencia y, días después, autoridades nacionales comenzaron a aclarar la situación que se confirmó en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.691 del 15 de marzo, en la que se publicó el Decreto Presidencial Nº 4.653 de la misma fecha, mediante el cual se aumentó el salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional, para los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, a partir de ese día, a 130 bolívares.
Condena a la pobreza
30 dólares. En eso se transformó el salario mínimo del país hace dos años. Con ese monto, Esther y el resto de los más de cinco millones de pensionados y jubilados del país solo podían comprar cinco kilos de carne.
Era un sueldo que representaba un dólar diario. “Eso nos colocaba en el umbral de la pobreza extrema, según los datos del Banco Mundial, por lo que Venezuela puede definirse como un país sin salario y sin moneda”, aseguró el economista y profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Carlos Ñáñez.
A dos años de ese ajuste, esos 130 bolívares representan 3,58 dólares que apenas cubren 0,67% de la canasta alimentaria normativa, que contempla productos de dos mil 200 calorías diarias, y que es calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) en 535 dólares.
“No hay que hacer ningún cálculo macroeconómico que defina la imposibilidad del salario para poder cubrir los requerimientos mínimos de la canasta básica normativa de alimentos”.
El economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Guerra, puntualizó que lo correcto es que haya una relación entre el salario mínimo y la canasta alimentaria. Pero, en Venezuela, “si consideramos los bonos que se otorgan, porque son discrecionales, se puede llegar a cubrir un 12% o 15% de la cesta básica”.
Respecto al caso de los más de cinco millones de pensionados que hay en el país, como Esther, Guerra aseveró que el gobierno los mantiene condenados al hambre. “Es la masa laboral más grande que hay en Venezuela a la que se suman los trabajadores de la administración pública, que son también los que ganan salario mínimo”.
El también economista, Alejandro Castro, resaltó que, salvo algún bono especial que reciban los pensionados, son el sector más vulnerable en Venezuela en términos de ingresos y, si no reciben ayuda de algún familiar que viva dentro o fuera de Venezuela, es muy precaria su situación.
Lo peor es que este panorama “pareciera que no va a cambiar en el tiempo porque, posiblemente, si bien ocurra algún aumento o ajuste de salario mínimo en los próximos meses, no será lo significativamente suficiente para que mejore de forma importante su calidad de vida”.
Crisis económica sostenida
Aunque el salario mínimo se mantiene estático desde hace dos años, el costo de la vida sí ha aumentado. Eso lo vive Esther cada vez que va al supermercado y a la farmacia. Ese incremento se ha dado no solo en bolívares sino en dólares en los últimos años.
“Eso responde a que Venezuela vivió por mucho tiempo por un control de precios y de cambio que hacía que el costo de vida fuera artificialmente bajo, por eso no era sostenible en el tiempo. Ya, en promedio, el costo de vida en Venezuela, o en una parte importante de las ciudades, es parecido o similar al costo de otros países de la región”, explicó Castro.
La diferencia es que, por el salario, la mayoría de los venezolanos no tiene cómo costear sus necesidades básicas, “por eso muchos comen dos veces al día o, inclusive, una vez al día o tienen acceso muy precario tanto a alimentos, servicios públicos, salud, entre otros aspectos, porque lamentablemente Venezuela se ha vuelto un país cada vez más pobre, con una actividad económica más reducida y, después de un desplome de tres cuartas partes de la actividad económica de 2014 a 2020, hay una leve recuperación casi insuficiente”.
El rebusque como solución
El déficit salarial ha provocado que muchos en el país busquen alternativas a sus sueldos. Esther vende ropa desde su casa con una pequeña inversión que hizo su hija y con eso completa para su tratamiento de diabetes e hipertensión.
Pero no solo los jubilados se dedican al llamado rebusque. También lo hacen quienes están activos en empleos formales. “Casi todo el país anda en eso porque, cuando pasa tanto tiempo sin aumentar el salario, todo el mundo está buscando una forma de sobrevivir adicional a su trabajo y a su salario y hay como una especie de convergencia en términos de que toda la sociedad está, básicamente, haciendo lo mismo para sobrevivir”, indicó el economista y profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Domingo Sifontes.
Incluso, hay casos en los que se obtienen más ingresos por la vía de la informalidad, lo cual es negativo para la economía del país. “Aunque les va muy bien haciendo cualquier cosa, es gente que está muy especializada y que termina haciendo actividades para las cuales no se prepararon o que están siempre por debajo de su potencial profesional, entonces eso, para una economía, es devastador porque no todo el mundo está ejerciendo su profesión y no todo el mundo está trabajando en lo que quisiera trabajar”.
El problema de las bonificaciones
“Salarizar los bonos”, ese fue uno de los anuncios del presidente Maduro en marzo de 2022, pero es un termino imposible de definir y que no existe dentro de los sistemas económicos. Pero en Venezuela son la compensación al deprimido sueldo mínimo, tanto en el sector público como en el privado.
Depende de la capacidad que tenga cada empresa para optimizar su producción, sus servicios, o sus procesos al interno, y qué sector opere, para tomar esas decisiones de las bonificaciones.
“Al final depende mucho de la situación de la empresa y la situación del sector. Lo que han tratado de hacer muchas empresas es generar bonos de productividad, por un lado, mejorar procesos a lo interno que optimicen sus costos, que hagan costos más bajos, que generen más ingresos y, por ende, mejores salarios a los trabajadores”, detalló Castro.
Actualmente, todas las empresas pagan más del salario mínimo, dan una porción en dólares y una parte del sueldo en bolívares y otra vía bonos, pero que no tienen incidencia sobre las prestaciones.
“Hay que decir que, si bien es cierto el gobierno ha bonificado el salario, las empresas privadas también lo hacen, pero cuando un trabajador se va sus pasivos laborales son pagados al salario oficial, entonces, eso desde ese punto de vista es un buen negocio para los empresarios porque les permite no derogar recursos en la medida que tengan que liquidar cada vez a un trabajador”, resaltó Sifontes.
El problema de las bonificaciones tiene varias aristas. Las empresas privadas las aplican para aumentar las remuneraciones en general de su personal, muy por encima de lo que paga el sector público. En este sentido, Guerra aseguró que ni siquiera de esa manera Venezuela sale del último lugar de América Latina en material salarial.
A esto se suma que, en el sector público, lo máximo que se puede pagar de sueldo actualmente son 100 dólares al mes, según Guerra, mientras que el privado, los cálculos de Ñáñez indican que también tienen un límite en términos de la capacidad de pago a entre 200 y 350 dólares para un profesional, y de entre 400 y 500 dólares para un gerente, “y es absolutamente insuficiente para resolver la situación del día a día”.
El más reciente anuncio salarial del Ejecutivo fue el 15 de enero de 2024, cuando Maduro aumentó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se elevó de 70 a 100 dólares el denominado ingreso mínimo integral indexado (IMII), que incluye otro bono, de 40 dólares, de los que ninguno genera pasivos laborales.
No aumentar el salario ¿un costo político?
A dos años sin aumento salarial, el economista y profesor universitario José Guerra aseguró que el costo político de esta medida ya se está viviendo. “Existe un rechazo inmenso que tiene Nicolás Maduro en general, y en particularmente en el sector laboral”.
Para Castro, no aumentar el salario desmejora a la población y genera descontento hacia el partido gobernante. “Pero entendamos también que Venezuela es un país donde, en la práctica, es bastante limitada la posibilidad que se tiene de elegir al gobernante de turno y, cuando eso ocurre, que es lamentablemente el proceso que vive Venezuela, para el gobernante de turno es indistinto si aumentas o no aumentas el salario porque no tiene riesgo de que sea removido o que su mandato culmine en el poder y, por ende, tiene cierto margen para no tener que aumentar salario”.
El profesor Sifontes coincide. “El gobierno se siente relativamente cómodo aplicando estos ajustes restrictivos de eliminación del crédito, de bajo salarios y que, básicamente no le no le generan incidencia, debería ser un costo político, sin ninguna duda, pero no lo es y debería serlo en un país donde se celebrarán elecciones abiertas, libres y competitivas, ahí seguramente no ganarían las elecciones, pero como estamos en Venezuela en una dinámica política tan particular, yo no creo que el gobierno vea como un costo político el tema de los salarios”.
