Al menos 121 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en las cárceles del país centroamericano, denunció este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De las 121 personas reconocidas como presas políticas a la fecha, 19 son mujeres y 102 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 1 y 31 de enero 2024 (período que abarca el informe) se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos que conformaban la lista de prisioneros políticos -entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien había sido condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria-, indicó.
Asimismo, aumentó a 22 la cifra de personas adultas mayores que se encuentran privadas de libertad y en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos humanos, advirtió el Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, y abogados defensores.
Por otro lado, ese organismo denunció que el gobierno continúa aplicando medidas represivas en contra de familiares de personas presas políticas y de excarcelados políticos.
«Entre estas medidas se encuentra la negación de ingreso al país y confiscación de bienes y propiedades», puntualizó.
Patrones represivos
En tanto, la Unidad de Defensa Jurídica, integrada por abogados que defienden o asesoran a los presos políticos identificó una serie de patrones represivos contra los encarcelados, entre los que mencionó «la realización de juicios a través de videollamadas, la actuación coordinada entre el Sistema Penitenciario y policías en los interrogatorios, hasta las críticas condiciones carcelarias que incluyen plagas de jelepates (chinches)”.
Además, toda información es negada a los familiares de los detenidos políticos y a sus abogados defensores, incluyendo la constatación de su paradero.
Esta práctica implica la imposición como política de Estado la “desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, señaló esa Unidad en una declaración.
La lista de «presos políticos» incluye al periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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