En apenas medio año, el abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pasó de ser un jubilado anónimo que disfrutaba de su familia y la lectura, a un reconocido político. El se enfrentó a Nicolás Maduro en unas controvertidas presidenciales, que desataron una crisis que llevó al opositor a solicitar asilo político en España, al temer por su integridad en el país caribeño.
La vida se aceleró inesperadamente para el exembajador el pasado marzo, cuando la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lo propuso como candidato a unas elecciones que ya se intuían complejas. La polarización política volvió a hacerse evidente, tras varios años de relativa calma.
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La propuesta de ser inicialmente candidato provisional hasta que los partidos que forman la coalición eligieran al definitivo, fue solo el principio. Lo siguió un vaivén de acontecimientos que removieron los cimientos de su vida más allá de lo previsible.
De la tranquilidad del anonimato a un asilo político urgente
El funcionario público retirado, de 75 años, afirmó en reiteradas ocasiones que no esperaba ser el candidato, propuesto de manera definitiva e inscrito a mediados de abril. Nunca había competido por un cargo de elección popular, ni siquiera como estudiante en la universidad, donde se licenció en Estudios Internacionales en 1970.
Popularidad sobrevenida
Durante la campaña, González Urrutia se mostró como un político inusual para las costumbres en Venezuela. De verbo tranquilo, con un discurso breve, pero contundente y directo, sin rodeos ni florituras.
Sus formas, muy alejadas a las de la política en el país caribeño, conquistaron a un público tan numeroso como diverso, que siguió sus pasos de manera firme.
El plena campaña, su popularidad alcanzó cotas que sorprendieron a propios y extraños, pero, sobre todo, al candidato. El reconoció que se sintió abrumado en varias ocasiones ante el entusiasmo de sus seguidores, que lo llevaron en volandas hasta el día de las elecciones, el 28 de julio.
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Aquella fecha marcó un antes y un después en el país, cuando, por la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció el triunfo oficial de Nicolás Maduro, rechazado por la coalición opositora y los simpatizantes antichavistas, que mantuvieron el respaldo a su abanderado.
Un resultado desestimado
El resultado también fue desestimado por González Urrutia, así como por gobiernos de cerca de una treintena de países, y organizaciones nacionales e internacionales, que defendieron la victoria del opositor.
El reclamo se afianzó en los días siguientes, cuando María Corina Machado y la PUD anunciaron que había subido a una página web el 83 % de las actas electorales -recabadas, según explicó, por testigos y miembros de mesa en las votaciones- que daban la victoria al opositor, que se define ideológicamente como un hombre de centro.
Él también defendió su triunfo y tachó de "fraude" el resultado que el CNE había anunciado, lo que desembocó en protestas que se saldaron con mas de 2.500 detenidos, según el Gobierno, y 25 muertos, de los que las autoridades responsabilizan a la oposición, mientras que el antichavismo señaló a los cuerpos de seguridad del Estado, que -subrayó- actuaron con órdenes superiores.
El poder Judicial a escena
Ante la insistencia del opositor y sus seguidores, la Fiscalía lo citó en tres ocasiones para declarar como parte de una investigación en su contra. Estaba relacionada con la denuncia de fraude electoral y la publicación de las actas, que la institución consideró "usurpación de funciones" al CNE.
A este delito la fiscalía, que advirtió que de no presentarse a las citaciones solicitaría orden de detención, sumó los supuestos delitos de forjamiento de documento público -al asegurar que las actas son falsas. Incluyó instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.
La orden de aprehensión de Saab
La presión, que ya se dejaba sentir en González Urrutia, lo llevó a mantenerse bajo resguardo, al considerar que su vida y su integridad corrían peligro.
Pero todo empeoró cuando el fiscal general, Tarek William Saab, solicitó a un juzgado que emitiera una orden de aprehensión, una petición que se hizo realidad en apenas minutos.
El cerco se estrechaba sobre el antichavista, hospedado inicialmente en la Embajada de Países Bajo y en la de España sus últimos días en Venezuela. El optó por solicitar asilo político al Gobierno español, que lo concedió de inmediato.
La salida del país del opositor se materializó este sábado, cuando un avión dispuesto por el Gobierno de España lo trasladó de Caracas a Madrid. En esta ciudad se encuentra en compañía de su esposa, Mercedes González.
