El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, reconoció este martes que la violencia generada por las pandillas en El Salvador ha disminuido, pero señaló que lo ha hecho «a un costo humano muy alto».
Pappier, junto a la directora para América de la organización, Juanita Goebertus, presentó en San Salvador un informe sobre violaciones a los derechos humanos en niños y adolescentes en el contexto del régimen de excepción implementado por el Gobierno del presiente Nayib Bukele contra las pandillas.
El subdirector de HRW apuntó que, de acuerdo con los hallazgos de lo investigado por un grupo de expertos, «El Salvador tiene una deuda con los niños y adolescentes que no es una deuda de los últimos cuatro años, sino que es histórica».
La niñez salvadoreña, indicó, «ha sufrido la falta de acceso a la educación, han sido afectados por el abandono y por supuesto por la violencia de las maras que han cometido todo tipo de atrocidades en contra de los menores».
HRW señala que la violencia ha disminuido
Reconoció que «la violencia por parte de las pandillas ha disminuido, la tasa de homicidios ha bajado significativamente en el país y la de extorsiones, aunque lamentablemente no podemos saber con exactitud cuál ha sido la disminución debido a la falta de transparencia y debido a reportes de manipulación de cifras en la tasa de homicidios».
«Queda claro que la violencia de las pandillas se ha disminuido en el país. Lo que ocurre es que esa disminución de la violencia ha ocurrido a un costo humano muy alto y completamente injustificado, que afecta a estos niños y adolescentes inocentes que nada tenían que ver con las pandillas brutales que operan en El Salvador», enfatizó.
El informe presentado por HRW revela una cifra de más de 3.300 menores detenidos en el contexto del régimen de excepción y documenta al menos 66 casos de menores víctimas de violaciones a derechos humanos durante su detención.
Entrevista a 90 personas
Los investigadores de la organización trabajaron en septiembre y diciembre de 2023 y realizaron diversas comunidades en los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y Sonsonate, explicó a periodistas Pappier.
Detalló que se entrevistaron a más de 90 personas incluyendo personas detenidas y luego liberadas, abogados, maestros, agentes de la Policía, jueces del sistema de justicia penal juvenil, y se revisaron documentos judiciales, médicos y escolares.
Además, se enviaron siete solicitudes de información al Gobierno de las que «algunas no las respondieron, otras fueron respuestas parciales, y otras que no existía o en reserva la información», añadió.
Organizaciones humanitarias han recibido, en el contexto de la implementación de esta medida, más de 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
De acuerdo con el decreto aprobado, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81 mil detenciones bajo el régimen de excepción, por lo que la continuidad de la suspensión de los derechos constitucionales «siguen siendo las necesarias» para «continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales».
El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
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