Así como el dolor de Rosa Orozco sigue intacto, se mantiene la impunidad en el caso de hija. Este 22 de febrero se cumplieron 10 años de la muerte de Geraldín Moreno, joven que protestaba en el portón de su residencia con un pito y una bandera cuando le dispararon balas de perdigones en el rostro, y su madre aún clama justicia.
Solo dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron procesados y sentenciados, de más de 20 que actuaron la noche del 19 de febrero de 2014, cuando la hirieron. En diciembre de 2015, Alvis Bonilla, fue condenado a 16 años y seis meses, y Francisco Caridad Barroso, a 30 años, penas que cumplen en la cárcel de Ramo Verde.
Pero hay otros 19 implicados, además de la cadena de mando, que están libres. Es por eso que, vestida de negro y con la tristeza que alberga al vivir la última década sin su única hija, Orozco fue a la sede del Ministerio Público en Carabobo para, una vez más, solicitar que se abra la investigación en contra de estos funcionarios.
Fue con oficio en mano, como la hace desde 2016, a denunciar y a exigir respuestas que nunca le han dado. “Lo último que me dijeron fue que el expediente se encontraba en Caracas y en Caracas, me dicen que el expediente se está aquí en Valencia”.
Ella está convencida que las autoridades simplemente juegan al cansancio. “Como todo lo de ellos… siguen tratándonos como personas que no tenemos dignidad. Pero yo vuelvo y se lo repito, se metieron con la muchacha menos indicada y con la mamá de la niña menos indicada”.
Con profunda decepción recordó que en Venezuela hay presos políticos “por levantar la voz o por pedir democracia para este país… Los sentencian sin que se siga un juicio”.
Como una ejecución extrajudicial calificó el hecho del que fue víctima su hija, pero por el que solo dos personas cumplen condena. “¿Dónde está la investigación de los otros guardias nacionales que vieron cuando le dispararon a Geraldín? ¿Y dónde está la línea de mando? Hubo una orden y aquí alguien ejecutó la orden. En este caso de la línea de mando seguimos con el 100% de impunidad”.
Impunidad en muertes de 2014
El caso de Geraldín Moreno no fue el único de 2014, pero sí uno de los tres de Carabobo en los que hubo juicio de los perpetradores de las muertes. Orozco recordó el del deportista Guillermo Sánchez, quien fue asesinado en La Isabelica el 12 de febrero, hecho por el que Jhon Anderson Torres Sinisterra, un civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de homicidio intencional e intimidación pública.
El mismo tiempo tras las rejas, pero tres de ellos en casa por cárcel, recibió el funcionario que arrolló a Mariana Ceballos, quien se encontraba el 14 de marzo de 2014 en la avenida Andrés Eloy Blanco en una asamblea de ciudadanos y recibió heridas graves que provocaron su muerte luego de 27 días en terapia intensiva.
Por eso es que para Orozco es una “justicia entre comillas” la que se ha logrado, solo con el caso de su hija y estos dos en Carabobo, y por los que sigue luchando. “2014 sigue siendo una tragedia para nosotros las víctimas, seguimos con la impunidad.
El dolor 10 años después
Geraldín Moreno tenía 23 años y estudiaba citotecnología cuando la asesinaron. Su madre no puede dejar de imaginarla. Sabe que sería una profesional y forjando el futuro del país.
“Pero no lo logró porque fue asesinada en la puerta de nuestra residencia mientras protestaba con un pito y una bandera y le dieron un tiro en la cara que le hizo perder el ojo derecho en su totalidad y la masa cerebral. El rostro y el cuerpo de mi hija era un colador, solo por levantarla voz para pedir libertad y democracia”.
Hoy, Rosa sigue con el dolor intacto, ese mismo que le da fuerzas para luchar por justicia por Geraldín y por todos los jóvenes asesinados en protestas en el país.
