La esperanza se siente. A pesar de la incertidumbre que rodea este complejo y frágil proceso de transición que vive Venezuela, una mayoría de venezolanos sigue proyectando el retorno de una democracia justa, donde se respete la voluntad popular. Una democracia auténtica, incluso en un contexto internacional en el que las decisiones estratégicas parecen venir condicionadas desde fuera.
El tema de las elecciones libres y transparentes —con un Consejo Nacional Electoral renovado, profesional e imparcial— debe materializarse cuanto antes. Solo así la ciudadanía podrá comenzar a recuperar, de manera gradual, la confianza perdida y aceptar que quien resulte electo sea, efectivamente, quien gobierne el país. Sin reglas claras y árbitros confiables, no hay política democrática posible.
Existe también una expectativa clara sobre la reconfiguración del modelo económico. Muchos venezolanos ven con pragmatismo la necesidad de reintegrar a Venezuela a los mercados energéticos occidentales, priorizando relaciones transparentes y productivas, en lugar de sostener alianzas opacas que han dejado un saldo devastador. La entrega de recursos estratégicos a actores como Irán —y otras potencias que operaron sin controles ni estándares ambientales— produjo daños graves, especialmente en regiones como el Arco Minero del Orinoco. La esperanza está puesta en que los ingresos provenientes de los hidrocarburos sirvan para rescatar PDVSA, revitalizar las industrias básicas e inyectar recursos al campo venezolano, recuperar la producción, abastecer el mercado interno y volver a competir en los mercados internacionales. No es nostalgia: es la convicción de que nuestra industria petrolera puede volver a estar entre las mejores del mundo.
La esperanza también se expresa en el rescate de las instituciones. Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Fiscalía, sistema electoral y Fuerza Armada requieren una renovación profunda. No se trata solo de cambiar nombres, sino de restituir la legalidad, la autonomía y la responsabilidad pública. Los abusos cometidos deben ser investigados y juzgados conforme al Estado de derecho. Sin justicia no hay democracia posible; sin memoria no hay reconciliación duradera.
Soñamos igualmente con una democracia que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información. Una Venezuela con una oferta mediática amplia, plural y sin censura. En ese horizonte, el regreso de medios cerrados por razones políticas —como Radio Caracas Televisión— no es un acto de revancha, sino de reparación institucional. Que vuelvan los noticieros, los programas de opinión y los espacios culturales significaría que ningún medio, ni ningún periodista, volverá a ser silenciado por informar o disentir. La libertad de prensa no es un accesorio democrático: es una de sus condiciones de posibilidad.
Venezuela fue cuna de libertad en América. Nuestra democracia, con todas sus imperfecciones, garantizó durante décadas educación pública, servicios de salud funcionales y una calidad de vida digna. Todo eso fue destruido. Pero la esperanza persiste: en que millones de venezolanos recuperen su vida, en que el país vuelva a ser un referente regional, y en que la democracia no sea solo un recuerdo, sino una tarea colectiva. Por la memoria de los caídos y por la responsabilidad con los que vendrán.
