La investigación preliminar que ha abierto la Fiscalía de Perú contra el periodista Gustavo Gorriti, junto con dos fiscales anticorrupción, es «una grave arremetida contra el periodismo» en el país andino, afirmó el Instituto de Defensa Legal (IDL), una asociación civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
«La criminalización contra el periodista Gustavo Gorriti es una grave arremetida en contra del periodismo de investigación y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados», enfatizó en un comunicado el organismo, al que pertenece el medio de investigación en línea IDL Reporteros, que dirige el periodista.
Aseguró que esta investigación «le hace el juego a la corrupción, cuyo objetivo es conseguir la impunidad y anular los casos más importantes de criminalidad organizada, entre ellos, el caso ‘Lava Jato’ y el de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto'».
El organismo calificó de «injustificada» la investigación fiscal y aseguró que «se realiza al mismo tiempo que una sistemática campaña de difamación y descrédito emprendido por sectores involucrados o cómplices de los operadores de esta mafias disfrazadas de empresarios, políticos, periodistas y autoridades».
Organismo de DD.HH. denuncia
El Ministerio Público confirmó este viernes que se ha abierto una investigación preliminar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, los principales integrantes del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, así como contra Gorriti.
La decisión fue tomada por el fiscal supremo Alcides Chinchay tras una declaración que dio Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal general peruana Patricia Benavides, quien sostuvo que los fiscales entregaron a Gorriti información confidencial sobre los casos en investigación a cambio de apoyo mediático.
Al respecto, el Ministerio Público enfatizó en un comunicado que «los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia», aunque remarcó que «nadie tiene derecho a no ser investigado».
IDL recordó, al respecto, que Gorriti «cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el acoso, hostigamiento, estigmatización y peligros a su integridad por el hecho de ejercer el periodismo de investigación».
Fuerza Popular denunció
El pasado 27 de febrero, el partido fujimorista Fuerza Popular denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a Vela, Pérez y al fiscal supremo Pablo Sánchez, y solicitó la «suspensión preventiva» de los dos primeros y su «apartamiento inmediato» del proceso que se sigue contra su líder, Keiko Fujimori, para quien los fiscales han pedido 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos.
Tras conocerse la decisión de abrir la investigación preliminar, el fiscal Pérez declaró al diario El Comercio que en Perú avanzan «las acciones destinadas a criminalizar» a los operadores de justicia y a los periodistas de investigación.
«No se ha tomado en cuenta el daño que se le están ocasionando a los juzgamientos, porque los acusados, en especial Fuerza Popular y Keiko Fujimori, utilizarán la investigación del fiscal supremo Chinchay para solicitar mi exclusión o cese ante el Fiscal de la Nación», alertó.
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