Diversos sectores nacionales y extranjeros expresaron este miércoles su rechazo a la decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de «denunciar» el tratado de extradición con Estados Unidos, pues ven la medida como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico.
«Sacaron las uñas. El gobierno de @XiomaraCastroZ ha decidido mandar al carajo la extradición que solo ha servido para que juzguen a los narcos que aquí gozan de impunidad. Con esta decisión están defendiendo a los narcos», señaló el diputado opositor Jorge Cálix en un mensaje en X.
Cálix, quien es diputado del opositor Partido Liberal, pidió al Gobierno que «no se excuse en la soberanía para proteger sus intereses» y que «si no quieren la extradición es porque ya tienen información que los próximos extraditados están en altos cargos de este gobierno».
Presidenta de Honduras ordenó denunciar el tratado de extradición
La presidenta Castro ordenó este miércoles a su canciller, Eduardo Enrique Reina, «denunciar» el tratado de extradición con Estados Unidos después de que la embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Dogu dijo este miércoles a periodistas que fue «sorprendente y un poco decepcionante ver oficiales del Gobierno (hondureño) con miembros de un cartel con base en Venezuela», cuando la presidenta Castro «está en una lucha constante contra los narcotraficantes».
El exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez, se preguntó «¿Cuál puede ser una razón objetiva para impedir la extradición de nacionales?».
«Estamos frente a personas que han cometido delitos y que requieren ser juzgadas por jurisdicciones de otros países por sus crímenes. Se alienta el crimen y la impunidad. Gran retroceso para Honduras», subrayó Jíménez en X.
Medida protegerá al narcotráfico
En iguales términos se pronunció el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, quien enfatizó que «nada tiene que ver el narcotráfico con la ideología» y lamentó que con la decisión de la presidenta Castro «debilitamos el aparato de justicia aún más».
Señala además que el Gobierno hondureño pudo declarar «non-grata» a la embajadora estadounidense y solicitar su salida del país, pero «más parece que lo que se buscaba era una excusa para proteger el narcotráfico».
La Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) indicó en un comunicado que «Honduras no puede permitir que el narcotráfico siga operando impunemente» y recordó que el tratado de extradición ha permitido «revelar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del país».
La ASJ, capítulo local de Transparencia Internacional (TI), exhortó a la presidenta Castro a «reflexionar y anteponer los intereses de la nación para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en el país».
El congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, por su parte, cuestionó la decisión de Castro y aseguró que la misma afectará al pueblo hondureño, su comercio y las relaciones con el mundo.
«Bajo el desastroso mandato de @XiomaraCastroZ, Honduras ha tomado el camino de alinearse con las narcodictaduras asesinas del mundo como Venezuela y Cuba. Esta política patética perjudica al pueblo hondureño, su comercio y las relaciones con el mundo libre», señaló Giménez en X.
Medio centenar de hondureños que solicitan en extradición, principalmente por Estados Unidos, en su mayoría por narcotráfico, los extraditó Honduras entre 2014 y 2024, según cifras oficiales.
