La Santa Sede
Mario Iceta, entre las dos hermanas clarisas . Foto: Cortesía R. Ordóñez

La Santa Sede, con el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, ha tomado el control de la comunidad de clarisas de Belorado.

De esta forma, la primera decisión ha sido la destitución de la actual abadesa, sor Isabel de la Trinidad, a la que este martes a última hora, a través de un burofax, se le comunicó «la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos», según ha explicado en una rueda de prensa el arzobispo de Burgos.

Además, Mario Iceta ha señalado que «se prohibirá expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los señores Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol».

El arzobispo de Burgos ha señalado que como comisario pontificio ejerce una labor colegiada con un equipo de trabajo que ha presentado en su comparecencia ante la prensa y que, entre sus primeras medidas, además de velar por que las religiosas «encuentren el camino de retorno a casa», está la de pedir «la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes» y que también se encargará de realizar «una auditoría y un inventario».

 

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Iceta ha explicado que estuvo en Roma a principios de semana, donde puso al corriente de la situación tanto al Dicasterio para la Vida Consagrada como al de Doctrina de la Fe.

La Santa Sede

Ahora, el nombramiento como comisario pontificio ‘ad nutum Sanctae Sedis’ le otorga «todos los derechos y deberes que el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio del Instituto atribuyen al superior mayor y a su consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil».

En este caso, al ser una institución ‘sui iuris’ la responsabilidad de superior mayor recaía en la propia abadesa, por lo que Iceta asume toda la responsabilidad tanto en el gobierno y el cuidado pastoral de la comunidad, como en la administración de sus bienes y patrimonio.

Preguntado sobre la posibilidad de que las religiosas hubieran aprovechado este tiempo para vender o alquilar algunos bienes de los tres monasterios que gestionan, Iceta ha confirmado que no tiene constancia «de ningún movimiento en este sentido, ni sospecha ni indicio de que quieran vender bienes o alquilar su patrimonio». «Al contrario, me consta que las hermanas cuidaron siempre muy bien su patrimonio y han sido muy responsables», ha añadido.

Como ya explicó ABC el domingo, Iceta ha señalado que los «monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas».

También ha recordado que si se llegara a decretar la disolución de la comunidad y la supresión de los monasterios «todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos» y que en ningún caso pasaría a la archidiócesis de Burgos.

Obispo excomulgado

En todo caso, también ha querido insistir que, más allá del conflicto patrimonial, «la cuestión de las monjas es la que más me ocupa y me preocupa».

En ese sentido, ha destacado que «las hermanas merecen el máximo respeto y consideración». Así, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica», ha explicado sobre los siguientes pasos.

Si finalmente decidieran perseverar en su actitud cismática, «la renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial». La consecuencia prevista por el derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, «concluiría con la declaración de excomunión ‘latae sententiae’, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada», ha explicado, aunque ha concluido que confía «vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo».

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