Al igual que en el resto del mundo, trabajadores carabobeños salieron a la calle a marchar este primero de mayo, para exigir reivindicaciones económicas, respeto a las convenciones colectivas y un salario de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, es decir que sea de acuerdo al valor de la cesta básica.
Los manifestantes hicieron votos por “Que este sea el último primero de mayo de hambre y miseria”.
Tal como se había acordado, los trabajadores se concentraron en la plaza Santa Rosa, de la parroquia homónima de Valencia. y de allí caminaron hasta el cruce de las avenidas Las Ferias y Lara.
Durante el trayecto corearon consignas alusivas a sus peticiones salariales, las cuales también iban reflejadas en las pancartas que llevaban.
La caminata iba liderada por varios dirigentes sindicales y gremiales, quienes portaban una gigantesca bandera de Venezuela y una gran pancarta donde recordaban que los derechos laborales son irrenunciables.
José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la UC, señaló que con esta jornada cívica, no solo se le pide al gobierno mejores salarios, sino también que haya democracia y libertad en Venezuela.
El Comité de Jubilados y Pensionados pidió con una pancarta pensiones de vida, de acuerdo a la Constitución.
Uno de los manifestantes cargaba una pancarta que decía “Si no me quieres como trabajador, no me busques como elector”.
Douglas Gómez, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, manifestó que en Venezuela se batalla por el rescate de los derechos sociales y políticos del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.
Entre ellos el derecho a salarios y pensiones iguales al valor de la canasta básica, el derecho a la negociación colectiva, conculcado por el gobierno con la aplicación del memorando 2792 y el instructivo ONAPRE.
Igualmente por el derecho a la libertad sindical, por la libertad de los trabajadores injustamente presos y contra la criminalización y judialización de la lucha laboral y social, y contra la precarización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, exigiendo la aplicación estricta de la LOPCYMAT.
Gómez expresó también su malestar porque, según dijo, representantes de algunos sectores se refirieron a cuestiones políticas en la marcha, cuando se había establecido que todo tenía que ser laboral. Por eso junto a sus acompañantes se retiró del sitio.
DECLARACIÓN UNITARIA
Al término de la marcha, fue leída la Declaración Unitaria de los Trabajadores, cuyo texto es el siguiente:
Este 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, rememoramos la gesta heroica de la clase obrera en Chicago, en 1886; contra la sobreexplotación y por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas.
En todos los países los trabajadores realizamos jornadas de calle para manifestar nuestras legítimas exigencias y reclamos. Nos hermanamos mundialmente en la lucha por una vida mejor, libre de toda forma de explotación e injusticia social.
En Venezuela, organizaciones sindicales y gremiales, frentes y movimientos laborales, trabajadores activos, jubilados y pensionados, de los sectores público y privado, enarbolando banderas por el respeto a nuestra dignidad, más allá de distingos ideológicos y políticos y de afiliaciones sindicales, de manera independiente y autónoma, hemos decidido manifestar nuestro rechazo a toda una política de Estado y de la patronal privada que empobrece y oprime cada día más a la clase trabajadora venezolana.
Denunciamos ante el país y el mundo el despojo de nuestros derechos laborales, económicos, sociales, civiles y políticos, en el contexto de una ofensiva de los patronos, valiéndose de una cúpula gubernamental corrompida y autoritaria, cuya verdadera preocupación es mantenerse en el poder a toda costa, mientras descarga todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo en general.
El gobierno de Nicolás Maduro, mediante un severo programa de ajuste neoliberal, sacrifica a la clase trabajadora para asegurar altas tasas de ganancias a los grandes empresarios privados y para reducir costos en la administración pública
Se ha destruido el valor de la fuerza de trabajo, acabando con salarios, pensiones, prestaciones sociales y contratos colectivos.
El Ejecutivo Nacional, en alianza con el empresariado, viola la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), manteniendo el salario mínimo congelado desde hace más de dos años e imponiendo la bonificación de las remuneraciones.
La desregulación y flexibilización laboral están al servicio de los empresarios, e incluso voceros de Fedecámaras exigen mandar de vacaciones a la ley del trabajo y derogar la vigencia de las prestaciones sociales, como vil chantaje contra los asalariados.
El pacto Gobierno-Fedecámaras empobrece y precariza la vida del pueblo trabajador, con la anuencia de seudosindicalista que son una vergüenza para la clase trabajadora porque han vendido las conquistas laborales por prebendas personales y partidistas. Han deshonrado la lucha histórica y reivindicativa de todos los trabajadores, pues la verdadera dirigencia gremial y sindical está y estará siempre aquí en la calle al lado de los trabajadores alzando su voz por sus justos reclamos.
El gobierno patrono otorga sumas millonarias a la burguesía parasitaria y reduce drásticamente los costos en la administración pública, en una desigual distribución de la riqueza que empobrece día a día a las clases trabajadoras, y que incluso afecta negativamente la capacidad de la producción nacional.
De allí que desconozca los contratos colectivos, mediante el memorando 2792 y el instructivo ONAPRE, e imponga miserables salarios. Con esa política se expulsa a cientos de miles de trabajadores, incrementando la masiva migración de venezolanos.
Para colmo, muchos de estos compatriotas en el exterior están en total indefensión. Nuestra solidaridad para con ellos, exigimos respeto a sus derechos humanos y laborales; y seguimos luchando por un cambio que nos permita vivir y trabajar con dignidad sin salir del país.
El gobierno Patrono dice no tener recursos para atender las exigencias salariales, honrar las convenciones colectivas, brindar servicios públicos eficientes y contar con buenos hospitales y escuelas, alegando los efectos de las sanciones económicas extranjeras. Sin embargo, una pandilla de altos jerarcas roba miles de millones de dólares en PDVSA y en la extracción minera, amparados en la opacidad y la falta de contraloría. Y para colmo, con brutales infamias y expedientes amañados, se castiga y encarcela a los trabajadores que denunciaron los manejos dolosos.
A la par de la aplicación de un antiobrero y antipopular paquete económico, el gobierno reprime y restringe las libertades democráticas. Persigue, encarcela y enjuicia a trabajadores, líderes sindicales y activistas sociales que luchan por derechos laborales, denuncian corrupción o se oponen al autoritarismo oficial.
El gobierno consolida un instrumental legislativo para criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta legítima, a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Con tales propósitos, aplica discrecionalmente la oprobiosa “ley contra el odio”, y ahora se dispone a aprobar la “ley contra el fascismo”, que significaría el fin del estado de derecho, para usar esas acusaciones contra quienes enfrentamos sus prácticas antidemocráticas.
EL RESUMEN
Esta insoportable situación puede resumirse así:
– Destrucción de los derechos laborales e imposición de condiciones de sobreexplotación laboral, especialmente contra la juventud trabajadora (jornadas sin límites).
– Empobrecimiento extremo de los jubilados y pensionados, que mueren sin seguridad social ni garantías de atención médica.
– Colapso de los servicios públicos, especialmente salud, educación, electricidad, agua, gas…
– Criminalización y judicialización de la protesta.
– Restricción y confiscación del derecho a la participación electoral del pueblo trabajador.
La profunda crisis económica, social, moral y política que padecemos solo puede ser enfrentada con la más amplia unidad del pueblo trabajador. Quienes suscribimos esta declaración hacemos un llamado a la clase trabajadora y sectores populares a movilizarnos en forma unitaria, masiva y combativa al igual que lo hemos hecho este 1° de Mayo, para reanimar las legítimas, necesarias y urgentes acciones de lucha laboral y popular por:
Salarios y pensiones ajustados a la canasta básica (artículo 91 de la Constitución).
Libertad plena para los trabajadores injustamente presos o bajo medidas cautelares.
Derogación del memorando-circular 2792 y el Instructivo de la ONAPRE.
Recuperación y respeto de las contrataciones colectivas.
Cese a los despidos directos e indirectos. Reenganches para todos los despedidos.
Cumplimiento de la LOPCYMAT, respeto a los delegados de prevención.
Pleno respeto a la libertad sindical y el derecho a huelga.
Plena independencia y autonomía del sindicalismo, ante el Estado, patronos y partidos.
Restablecimiento de las libertades democráticas, cese al autoritarismo, la represión y la criminalización de las luchas obreras y populares.
Por último, debemos señalar que estas exigencias han sido enarboladas por la clase trabajadora a lo largo de varios años ante un Gobierno-Patrono que desoye las legítimas exigencias del pueblo trabajador y persiste en su empeño de someternos a la más vil esclavitud laboral.
Ante esta realidad, hoy más que nunca se requiere la participación política de la clase trabajadora orientada a la consolidación de un cambio de este patrono que nos desconoce a un nuevo patrono que restituya todos los derechos laborales conquistados por los trabajadores.
Con la participación activa de la clase trabajadora bajo la consigna de Patrono que no cambia, patrono que cambiamos, podremos sellar este 1ero de mayo de 2024 como el último primero de mayo de hambre y miseria para los trabajadores.
Marchemos todos hacia el cambio político y la recuperación de la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo venezolano.
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