Como hongos brotan edificios de gran altura y arquitectura de avanzada en Las Mercedes, ‘zona rosa’ de Caracas que se convirtió en gueto del lujo. Si la tendencia contrasta con la prédica socialista oficial y con las crisis tanto del sector construcción como de la economía, eso no parece disuadir ni a la empresa Constructora HP, con participación en la mayoría de esas obras -en combinación con otros inversionistas de diferentes orígenes y experiencias-, ni a la alcaldía local, nominalmente opositora y exageradamente solícita con las demandas de la compañía.

Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de $10 mil millones. El capítulo panameño del Lava Jato duró más de una década, incluyó sobornos millonarios, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de $2 mil millones, sin ninguna consecuencia hasta ahora. Un viaje al centro de la corrupción nacional de Panamá

Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.

Esquivando las sanciones occidentales contra el régimen de Nicolás Maduro, el contratista predilecto de este fue a dar con sus intereses a Moscú. Allí instaló una oficina céntrica y cercana al despacho de Putin, que ha seguido funcionando aún después del arresto del mercader en Cabo Verde. En la capital rusa no solo obtuvo refugio -al menos, temporal- para sus transacciones encubiertas y para su esposa, sino además una socia o delegada, también colombiana, a quien confió el negocio y la familia. 

Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron al traste con este proveedor panameño, sino que ofrecieron una radiografía inédita del mundo offshore. Pero permanece anónimo, condición que no cree que abandone hasta su muerte. Ahora vuelve a buscar a los dos reporteros que recibieron la filtración para hacer una advertencia: el planeta atraviesa una situación de grave inestabilidad.

La operación Lava Jato puso en la cárcel a los dueños del PIB brasileño. En retaliación, la clase política destruyó al sistema anticorrupción que lo hizo posible. Ahora parece como si nunca existió.

Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más conspicuo y habitual de la jerarquía chavista, el exministro El Troudi, obtuvo el visto bueno de un tribunal local. Pero que la justicia oficial vea a otro lado no quiere decir que las revelaciones se detengan: ahora se conoce que en Suiza los fiscales detectaron transferencias millonarias de la constructora brasileña para el entorno del general Gustavo González López.

Periodistas de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas examinan lo sucedido en los últimos años con el caso más emblemático de corrupción que sacudió a América Latina

La promesa de dinero fácil y rápido ofrecida por la empresa financiera Saint Michael Investment hizo implosión en marzo de este año. Aunque la operación estaba en Miami, la zona cero de su colapso financiero-jurídico es el estado Monagas, con cerca de 600 personas defraudadas a fondos perdidos. También afectó a figuras de la farándula. A todas ellas debe Elías Eduardo Navarro Cesín, yerno del diputado opositor Luis Martínez, tanto explicaciones como cerca de seis millones de dólares, según algunos estimados. 

Los austríacos de Doppelmayr lo construyeron para Pérez Jiménez a mediados del s. XX y lo pusieron al día para operar con Chávez a inicios del XXI. Pero no les quedó más remedio que dejar de mantenerlo cuando el régimen de Caracas acumuló con ellos una deuda de más de 100 millones de euros. Entonces la contraparte venezolana se inventó sus propios proveedores: uno de ellos, una empresa desconocida de Panamá, constituida hace tres años por inversionistas del estado Lara y sin historia, para las reparaciones mayores de uno de los principales reclamos turísticos que quedan en la capital, ahora cerrado.

Ese es el nombre del grupo que mantiene las más grandes instalaciones en América Latina para la minería de criptomonedas, según su publicidad. Es parte de un auge del negocio en Venezuela, en el que algunos, no obstante, son más iguales que otros. Es el caso de esta granja, que tras una fachada de innovación y emprendimiento esconde fuertes lazos con el gobierno regional del estado Aragua.

Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.

Justo en 1999, año de la inauguración de la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela alcanzó su récord histórico de producción cafetalera: 95.000 toneladas. Algo más de una década después, el rubro había desaparecido de los mercados y marcas tradicionales dejaron de existir, por quiebra o por estatización, que vino a ser lo mismo. Ahora una cierta reactivación del sector genera exportaciones que, antes que las de petróleo, sortean las sanciones de Estados Unidos, pero solo beneficia a emprendimientos como Grupo Botalón, una iniciativa privada con aroma a negocio favorecido.

Si la llegada de Turkish Airlines a Venezuela, en 2016, fue parte del acercamiento de los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Erdogan, en realidad se concretó gracias a la sociedad de un intermediario turco, Saffet Calarkan, con dos leales contratistas del chavismo, los hermanos Khalil. Desde entonces la ruta Caracas-Estambul no solo se desarrolló como un virtual puente aéreo por el que discurren misterios diversos, sino como punta de lanza de nuevos negocios entre los mismos socios.  

Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.

El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.

El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.

Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.

Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos. 

Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.

A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma de Crimea en 2014, los banqueros más ricos e importantes de Rusia tomaron medidas para salvaguardar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales detrás de complejas tramas que se revelan en una nueva entrega de los Papeles de Pandora​. La previsión se mostró utilísima con las nuevas sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania.

Sin querer, queriendo, se dio a conocer recientemente desde la cumbre del tepuy Kusari, en el parque nacional Canaima. Era la fecha de su cumpleaños y la inusual locación del festejo hizo las delicias del ‘jet set’ bolivariano tanto como alimentó la indignación y el resentimiento en las redes. Solo entonces se supo que el operador turístico modélico de la Revolución llevaba años escalando posiciones, desde su natal isla de Margarita, en una parábola expansiva de carisma e influencia donde los límites entre lo público y lo privado a menudo se esfuman.

En julio de 2016, los trabajadores de la planta de Kimberly Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un soviet. La transnacional acababa de abandonar el país entre gallos y medianoche y el gobierno de Nicolás Maduro tomó las instalaciones para gestionarlas con un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera. Hoy, a seis años de distancia, todavía les cuesta recapitular cómo terminaron siendo mano de obra barata en una maquila que produce a media máquina solo para proveer a un inversionista desconocido.

Se aproxima la renovación del máximo tribunal de la República, un trámite destinado a designar desde la Asamblea Nacional oficialista a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.

Que Venezuela es un país de compañías en apuros -bien sea con la justicia o las finanzas- pero dueños boyantes, es una tradición que César Augusto Bolívar y su Seguros Universitas no intentan refutar. Mientras la aseguradora, de fulgurante crecimiento durante unos años, acumula una deuda con centros de salud que cada vez la aceptan menos, no solo su propietario aparece con una cuenta millonaria en el Credit Suisse, sino que otro tanto ocurre con sus socios y financistas en el emprendimiento, los hermanos Khalil, grandes contratistas del Estado.

El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin

La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar. 

Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los nazis durante la ocupación de los Países Bajos, la patria de su familia, lo que le condenó al ostracismo y la expiación en la posguerra. Pero de manera secreta ayudaba a la resistencia, algo que solo se divulgó tras su muerte en la capital venezolana. Cuando su suplicio íntimo, difícil de explicar o siquiera narrar, estaba a punto de sumir su nombre en el olvido, una polémica investigación internacional la señala ahora como la persona que pudo informar al padre de la autora del diario más leído del mundo sobre quién los traicionó.

Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse.

Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- de una docena de países, además de sus familiares, que debieron llamar la atención de los ejecutivos de cumplimiento, tuvieron cuentas en el segundo mayor banco suizo, según lo que aparece en la filtración de los ‘Suisse Secrets’. Entre los titulares se encontraban jefes de espionaje de Jordania, Yemen, Irak, Egipto y Pakistán y un ex jefe de inteligencia venezolano que, tras contratar con el Estado chavista, se convirtió en un millonario hombre de negocios.