Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.
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La transacción, tal como quedó descrita en los documentos, se puede sintetizar así: una empresa panameña le debía a Pdvsa cerca de 200.000 dólares, pero no contaba con los fondos suficientes para saldar su deuda con la petrolera estatal venezolana; entonces surgió una solución sencilla para dejar satisfechas a todas las partes: un tercero salió al rescate para pagar la deuda de la empresa panameña en aprietos y, a cambio, recibió un buque de la deudora, el único activo que esta última tenía para retribuir el rescate.
Hasta aquí todo luce como un trámite que solucionó un entuerto menor, otra compra rutinaria de deuda en los mercados, que involucraba una cantidad nimia para las magnitudes de la industria petrolera.
Solo que el rescatista no era cualquiera. Se trataba de Roberto Leyba, un abogado y acaudalado empresario, pareja sentimental por un tiempo de la segunda hija de Hugo Chávez, María Gabriela, y, en especial, consultor jurídico de la propia Pdvsa.
Los documentos a los que, para esta historia, tuvo acceso Armando.info dejan ver los contornos de una operación a la que aderezaron los conflictos de interés y el probable uso de influencias e información privilegiada.
Todo comenzó el 27 de octubre de 2021, cuando la empresa panameña Movimiento Marítimo, S.A., reconoció en un comunicado que mantenía una deuda por 178.420 dólares con PDV Marina. Esa deuda la había contraído por el uso de muelles de la empresa venezolana, filial de Pdvsa para la distribución y el transporte náutico de hidrocarburos.
Con la deuda reconocida y con PDV Marina tocándole a la puerta, a Movimiento Marítimo, S.A. no le quedó más alternativa que aceptar su insolvencia. Pero antes que declarar el impago, consiguió la opción de Roberto Leyba: mediante la figura de una subrogación, la firma Venatt International Advisors ofrecía desde Estados Unidos cancelar la totalidad de la deuda. Como prenda, Movimiento Marítimo, S.A., la deudora original, entregaría a Venatt un buque, convenientemente ya amarrado en uno de los muelles pertenecientes a Pdvsa en el Terminal Cardón, en Punto Fijo, estado Falcón.
El nombre de Venatt resulta de la contracción de Venezuelan Attorneys o “abogados venezolanos” en inglés, y denomina un bufete con sede en Delaware, Venatt International Advisors KFT, del que Roberto Tadeo Leyba Morales es socio. Leyba también es dueño, a través de la firma Leyba & Mavares, de Naviera Paraguaná, una empresa que ofrece servicio de ferry entre la turística isla de Margarita (estado Nueva Esparta) y los puertos de tierra firme en Guanta (estado Anzoátegui) y La Guaira (estado La Guaira o, hasta hace poco, estado Vargas).
La víspera del año viejo de 2021, el acuerdo lo suscribieron un teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Manuel Salvador Parra Ramírez, en su rol de presidente de PDV Marina, y el mismo Leyba, como representante de Venatt International Advisors KFT.
El documento correspondiente describe la embarcación que se cede a manera de pago como un buque “de carga general, de bandera panameña y registrado bajo el número OMI [es decir, de la Organización Marítima Internacional] 7416961, que posee las siguientes características: eslora, 81,05 metros; manga, 15,55 metros; puntal, 4,87 metros”. Su nombre para ese momento (había tenido otros antes): Oceanic I, construido en 1975.
El precio acordado del buque, que se tasó según la evaluación de José Alexis Ávila López y Henry Alexander Bulle Tarazona, ambos tenidos por “expertos” en el mismo documento, coincidió con el monto total de la deuda contraída por la panameña Movimiento Marítimo. S.A. con Pdvsa: 178.420 dólares.
A partir de entonces, Venatt quedaba comprometida a retirar el buque del terminal “para hacer cesar el riesgo de futuras contingencias ambientales y logísticas por hundimiento o cualquier otro tipo de eventualidades”.
El navío, rebautizado como Caquetío I, en referencia a la tribu que en tiempos de la Conquista poblaba amplias zonas del actual estado Falcón, cubre ahora una ruta diaria de cabotaje entre los puertos de Guanta y El Guamache. Sus servicios de traslado de pasajeros, vehículos y carga, los ofrece Naviera Paraguaná, ubicada desde 2014 en la península homónima de Falcón, donde suelen alojarse las otras empresas del conglomerado de Leyba.
En el contrato se precisaba un dato no menor: Venatt se comprometió a pagar la deuda a PDV Marina entregando los 178.420 dólares en efectivo. Pero el contrato no especificó el uso que en adelante tendría el buque ni por qué la embarcación, hasta ese momento perteneciente a Movimiento Marítimo, S.A., ya atracaba en Falcón. Tampoco anticipaba algún traspaso futuro de la nave de Venatt a un tercero, en este caso, Naviera Paraguaná. Un abogado oriundo de esa región, quien pide la reserva de su identidad, explica que los muelles de Punta Cardón son “de uso exclusivo de Pdvsa o de empresas que presten servicios de Pdvsa (...) buques cargueros para productos derivados del petróleo”.
Sin embargo, de las partes del contrato sí se puede tirar del hilo que conduce a los antecedentes de quienes lo firmaron en sus nombres.
Manuel Parra Ramírez, el signatario por parte de PDV Marina, es un personaje de cuidado. Para calificarlo así no basta el hecho de que fuera compañero de cohorte de Alexander Granko Arteaga, el temido torturador jefe de la Contrainteligencia Militar, en la II Promoción Batalla de Mata de la Miel de la entonces, en 2003, Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac). Pero arrastra consigo las sospechas de haber ordenado un crimen por sicariato.
El 9 de mayo de 2018, Karla Romero, estudiante de Derecho de 29 años, fue asesinada en San Cristóbal, estado Táchira, en Los Andes venezolanos. Tras ser detenidos, los autores materiales del crimen, Jaiver Enrique Velasco Colmenares y Enderson Daniel Hernández Vargas, identificaron a Parra Ramírez como la persona que les había contratado el asesinato cuando la víctima puso fin a una relación amorosa con el militar.
El Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Táchira llevó el caso y dictó contra Parra Ramírez una medida privativa de libertad. Pero esta no se cumplió: el 27 de junio de 2019, mediante una decisión firmada por Maikel Moreno, presidente entonces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se sustrajo del juzgado regional la causa seguida contra Parra Ramírez para engavetarla en Caracas. Desde entonces, en ese tiempo agregado de libertad que no concluye, el teniente coronel continuó ocupando cargos públicos, incluyendo los de miembro del anillo presidencial de Nicolás Maduro y de presidente de PDV Marina. Hasta septiembre de 2023 ocupó el cargo de comandante del Destacamento de Comandos Rurales 43-1 de la GNB en el estado Miranda, centro-norte de Venezuela.
Por su parte, Movimiento Marítimo, S.A., la empresa deudora registrada en Panamá, cuenta con un accionista con pasado controvertido.
Uno de sus accionistas, Félix Valencia Maldonado, un prestanombres panameño, aparece en una de las 318 empresas que registró, como socio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal de México durante el sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón, presidente por el derechista Partido Acción Nacional (PAN).
García Luna, hoy preso, fue declarado en 2023 por un tribunal de Nueva York como culpable de “seis violaciones relacionadas con las drogas, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas”, según reza un boletín del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A la vez, Valencia Maldonado está relacionado con la rama del caso Lava Jato en Colombia a través de la empresa Lurion Trading Inc, en la que figuraba como vicepresidente y tesorero. Según investigaciones periodísticas, “fue utilizada para triangular 6,5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol”, proyectada para conectar el altiplano central colombiano con la costa caribeña.
Cuando se trataba de jugar con y para Pdvsa, Roberto Leyba lo hacía con ventaja. Como se ha dicho, en el mismo momento en el que rescató a Movimiento Marítimo, S.A., pagó a Pdvsa y se quedó con el buque de bandera panameña, Leyba era, además de abogado de la estatal petrolera, uno de sus contratistas.
Lo era, de hecho, desde hacía varios años: al menos desde 2017, según las transcripciones de las audiencias del caso Pdvsa-Cripto a las que Armando.info tuvo acceso. Leyba, interrogado por el caso en calidad de contratista de la petrolera, admitió que muchas de esas contrataciones que le otorgaron las firmó el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa controlaba las contrataciones de la petrolera, lo que dio lugar a un esquema de consignación de cargamentos de crudo y derivados, urdido por el exvicepresidente Tareck El Aissami, que favorecía a traders fantasmales y causó pérdidas por miles de millones de dólares a la petrolera estatal. A la postre Pérez Suárez quedó detenido por ese caso.
Leyba ha combinado, con fluidez y sin resquemores, el derecho y los negocios. Parte de estos últimos se han inclinado a la prestación de servicios al Estado venezolano. Pero, sin dudas, ha sido Venatt, fundada en 2015 como Venezuelan Attorneys Asociación Civil, la que le ha dejado más réditos a partir de sus contratos con el gobierno.
Las pruebas están asentadas en otros documentos que Armando.info revisó y que resumen dos características: que al menos durante seis años, Pdvsa ha renovado los contratos por servicios jurídicos al bufete de Leyba, y que para ello se ha amoldado a sus exigencias en cuanto a los montos.
Estos documentos son contratos, con sus respectivas addenda, desde el año 2019. Desde entonces, siempre se rubrican por el mismo Leyba y por Anabella del Valle Rivas de Trejo, abogada y consultora jurídica de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP). Desde el 29 de abril de 2020 Rivas se desempeña como consultora jurídica de Pdvsa.
En marzo de 2021, aún en plena pandemia de la Covid 19, Rivas fue acusada de revocar las adjudicaciones de apartamentos de Ciudad Tiuna, en el suroeste de Caracas, a trabajadores de la petrolera, pese a que una sentencia de finales de 2020 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo prohibía. Esta denuncia fue publicitada por el diputado Carlos Mogollón, representante en la Asamblea Nacional del partido de gobierno.
Mientras ejecutaba embargos, Rivas extendía los contratos de Pdvsa con el bufete de Leyba y aprobaba los aumentos, al tiempo que Pérez Suárez era vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa. Estas contrataciones se emitían bajo el concepto de “servicios profesionales de asesoría y representación jurídica internacional en materia de reclamos, arbitrajes, juicios y demás ramas del derecho para la defensa de activos e intereses de Petróleos de Venezuela”.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2021, se firmó una renovación de contratos al bufete por 3,4 millones de euros. Luego, en diciembre de 2022, se renovó el contrato por el mismo monto para gastos reembolsables y se añadió una partida de 2,67 millones de euros para honorarios profesionales. En marzo de 2023, la renovación fue por 5,34 millones de euros. Y mientras el lapso de esos contratos transcurría, Leyba también se hizo con el buque.
Armando.info envió una solicitud de entrevista a los correos electrónicos de las empresas de Roberto Leyba. Hasta el cierre de la edición de este reportaje no hubo respuestas. También intentó comunicarse por llamada telefónica con los accionistas de Movimiento Marítimo, S.A. a través de su representante legal en Panamá. Nadie atendió el teléfono de la oficina.
El 28 de abril de 2023, citado a declarar por su vinculación con Pdvsa y, más en concreto, con Pérez Suárez, Leyba dijo, según consta en el expediente del caso, que su tarea principal como abogado de la petrolera estatal era "la recuperación de buques tanqueros arrestados sobre los que recae una medida de embargamiento por parte de acreedores de Pdvsa”.
De acuerdo con lo que se puede leer en los documentos de transacción del buque, en efecto, eso era lo que hacía. Aunque, en algunos casos como ese, lo hiciera en beneficio propio.
El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.
Haciendo gala de una habilidad para combinar las facetas de empresario, abogado y cabildero, este socio principal del bufete Venezuelan Attorneys sortea señalamientos públicos y controversias judiciales mientras amplía una robusta red de negocios y relaciones con el poder. Parte de esas destrezas quedan demostradas en el expediente del caso Pdvsa-Cripto y en documentos a los que tuvo acceso Armando.info.
Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.
Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.
Un documento judicial dado a conocer hace poco relata la serie de desmanes que dos venezolanos habrían cometido en la administración de ese banco en Puerto Rico, que al colapsar dejó deudas todavía sin pagar a 3.500 ahorristas. Las irregularidades incluyeron desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta la solicitud, una vez intervenida la entidad, de una comisión para recobrar los fondos perdidos. Aún en medio de la debacle, sus dueños se las arreglaron para participar en la construcción de al menos una lujosa torre de oficinas en Las Mercedes, Caracas.
Empresa panameña de transporte fluvial fundada en 2007. Fue deudora de Pdvsa, a través de PDV Marina, en 2021.
Empresa estatal, dependiente de Petróleos de Venezuela, S.A., dedicada al transporte de crudo y de sus derivados.
Militar de carrera, egresado en 2003 de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha ocupado distintos cargos públicos en la administración de Nicolás Maduro, incluidos puestos de confianza en el anillo presidencial y PDV Marina.
Empresa de transporte marítimo de pasajeros, fundada en 2014, de la que Roberto Leyba es accionista. Otro de los socios, Nelson Colmenarez, denunció a Leyba por haberlo desplazado del porcentaje accionario valiéndose de sus influencias.
Con el ministro de Petróleo Tarek El Aissami involucrado, fue un caso de corrupción que se hizo público en marzo de 2023. Su ejecución supuso la pérdida de entre 16.000 y 21.000 millones de dólares para Pdvsa.
Bufete de abogados venezolanos, cuyos socios principales son Roberto Leyba, Lewis Mavares y Raúl Rodríguez, todos accionistas de otras empresas dentro de Venezuela.
Abogado y empresario venezolano. presidente y socio del bufete venezolano Venezuelan Attorneys (Venatt). Accionista de Naviera Paraguaná, Agropecuaria La Habana y otras empresas. Fue uno de los declarantes en los interrogatorios del caso Pdvsa-Cripto.
Petróleos de Venezuela, SA, es la empresa petrolera del Estado venezolano, creada en enero de 1976. Nadie sabe con exactitud cuánto dinero ha sido saqueado de Pdvsa, devenida en foco de investigaciones internacionales sobre lavado de dinero y corrupción. Las estimaciones oscilan entre 11.000 y 300.000 millones de dólares solo entre 2002 y 2014, tras la llegada de Hugo Chávez al poder y en medio de la bonanza de los precios del petróleo.
