Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Esta no es una historia de piratas, pero bien podría serlo. Buques cargados con millones de barriles de petróleo venezolano salen de los muelles de las refinerías venezolanas pero, como si en el trayecto la carga se evaporara en vez de venderse, el dinero de esas colocaciones, con más frecuencia de lo deseable, no termina de llegar a las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Ese relato no está en un libro de aventuras, sino que se desprende de decenas de documentos filtrados desde Pdvsa y a los que Armando.Info ha tenido acceso para este reportaje. Los papeles desnudan el resultado de ceder la comercialización de petróleo venezolano a traders o intermediarios de toda clase como respuesta a las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en 2019 contra la petrolera estatal.
El desbalance de la estrategia seguida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el mayor del Ejército Antonio Pérez Suárez, queda al descubierto con una cifra: 8.406 millones de dólares están aún en el apartado de “cuentas por cobrar” de Pdvsa por el crudo comercializado desde 2019 hasta el 17 de agosto de este año.
La magnitud de esas “cuentas por cobrar” es tal que supone poco más del 80% de los 10.135 millones de dólares que Pdvsa debió recibir en ese período por el despacho de al menos 201 millones de barriles “bajo mecanismo de cobranza anticipada o de contado”.
El déficit podría ser aún mayor si se suman las facturas pendientes por concepto de “compensación”, esquema ideado para que los intermediarios paguen el valor del petróleo con mercancías como alimentos o cubriendo deudas de la propia Pdvsa con terceros. Esa fue, por ejemplo, la modalidad por la que optaron en 2019 los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas tras la fachada de compañías mexicanas manejadas por Joaquín Leal Martínez, joven empresario de ese país a la postre sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Los esquemas de cobranzas se modificaron según instrucciones recibidas por las máximas autoridades de Pdvsa y del Estado venezolano”, se lee en uno de los documentos, a propósito de cargamentos que debieron pagarse de contado, pero que en el camino fueron modificados.
Algunos de esos intermediarios que transportaron millones de barriles de petróleo o fuel oil venezolano desde las refinerías de Amuay, El Palito o Puerto La Cruz, y que están en mora con Pdvsa, no tenían experiencia en el negocio energético y fueron registrados apresuradamente en jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, poco antes de empezar a transportar el crudo a puertos de Singapur, China o Emiratos Árabes, entre otros destinos.
Ese es el caso, a manera de ejemplo, de M and Y Trading, una sociedad inscrita en Hong Kong el 2 de noviembre de 2020, que adeuda a Pdvsa 1.208 millones de dólares por petróleo transportado en 2021 y lo que va de año; o de United Petróleo Corp, creada en Panamá apenas en febrero de 2021, y mencionada esta semana por la agencia Associated Press, con una deuda de más de 400 millones de dólares.
Apenas son dos muestras de las casi un centenar de compañías fantasmales encargadas de hacer la labor de comercialización y distribución del petróleo venezolano en lugar de Pdvsa, inhabilitada en la práctica por las sanciones. Aunque en los casos de ese par de empresas no se pudo establecer con precisión quiénes son sus operadores y dueños últimos, Armando.Info comprobó la relación de otras sociedades con nombres favorecidos con anterioridad por el chavismo, como los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, o los hermanos Majed y Khaled Khalil. Pero también aparecen nuevos actores que orbitan alrededor del poder político, cuya figuración revela la influencia que van ganando.
Una casa modesta en una calle de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International Dw-Llc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, que ha comercializado crudo venezolano por unos 76 millones de dólares entre 2021 y este año, de acuerdo a los papeles de Pdvsa.
A las afueras de la casa de un solo nivel nada hace suponer que allí podría alojarse una multinacional del petróleo o una millonaria contratista que todavía adeuda 34 millones de dólares a Pdvsa. Una gran mancha de pintura casi tapa el tradicional “no pare” en la persiana metálica o santamaría de color negro que hace las veces de puerta del garaje. “Allí viven puros inquilinos, no debe haber nadie”, explicaron los vecinos al equipo de Armando.Info que se acercó esta semana al lugar. “Mayra no está, salió a trabajar”, respondió otra joven vecina al preguntársele por Mayra Alejandra Gaviria Gutiérrez, la venezolana que en los papeles del registro mercantil de Dubai -uno de los Emiratos- aparece como directiva de Walker International.
Tanto Mayra Gaviria Gutiérrez como Walker International fueron mencionadas recientemente en una columna de la revista Semana de Bogotá, donde se les relaciona, tanto a la mujer como a la empresa, con los hermanos venezolanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica, dueños de ATB Constructores y otras constructoras responsables de obras en Los Roques, en San Isidro de Galipán -en la ladera norte del cerro Ávila-, o de proyectos residenciales y hoteleros en zonas del este de Caracas como La Castellana y Campo Alegre.
En efecto, hay varios indicios que apuntan a la relación de los Arosio Hobaica con Walker International. En principio, en el registro mercantil el objeto social de la empresa es, precisamente, el comercio de materiales de construcción y el número celular de contacto conduce a Bernardo Arosio. Así mismo, Mayra Gaviria Gutiérrez fue empleada de ATB Constructores, la principal firma del grupo de los Arosio Hobaica. Por si fuera poco, Gaviria también representó legalmente a Desarrollos Turísticos Sula Sula, compañía propietaria de un lote de terreno de casi 2.500 metros cuadrados en Los Roques que colinda, precisamente, con la posada Chelonia, de los Arosio Hobaica.
Fuentes que han participado del negocio petrolero y prefieren conservar el anonimato, también confirmaron la relación de los Arosio Hobaica con las actividades de Walker International. Ni Mayra Gaviria Gutiérrez, ni los Arosio Hobaica, contestaron la petición de entrevista formulada por escrito para este reportaje. Solo la gerente de recursos humanos de ATB Constructores, Nora Dalis, accedió a confirmar que Mayra Gaviria “dejó de tener relación laboral con la empresa en 2018”.
Otra dupla de hermanos es la que yace detrás de una de las comercializadoras del petróleo venezolano que más le adeuda a Pdvsa. Se trata de Majed y Khaled Khalil Majzoub, contratistas desde los inicios del chavismo y beneficiarios de negocios de distinta índole, como el de contratos en el sector eléctrico hace una década, contratos con Corpovex para suministro de útiles escolares o el más reciente control de Lácteos Los Andes, expropiada en su momento por Hugo Chávez, pero entregada a los Khalil bajo la figura de “alianza estratégica” por Nicolás Maduro.
En este negocio petrolero son los Khalil quienes aparecen tras Montmagastre Ventures Ltd, registrada inicialmente en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, y con una subsidiaria en Serbia. De acuerdo a los documentos de Pdvsa, Montmagastre Ventures Ltd adeuda a la estatal poco más de 310 millones de dólares por crudo transportado en el año 2021. El vínculo entre Montmagastre Ventures Ltd y los Khalil se puede establecer gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a cargo de Maikel Moreno, magistrado y expresidente del máximo tribunal del país.
Ese documento detalla que Montmagastre Ventures Ltd suscribió un contrato con Indigo Energy International, compañía dedicada al “diseño y desarrollo de grandes obras que involucran procesos de ingeniería, procura y construcción” en los sectores de “energía, petróleo, gas, renovables y construcción civil”. El acuerdo consistía en que Montmagastre Ventures Ltd cobraría con petróleo y otros productos una deuda que Pdvsa mantenía con Indigo Energy International, una compañía con figura jurídica en Venezuela y Panamá y con la que los hermanos Khalil guardan relación desde su creación.
Formalmente, ni Majed ni Khaled Khalil destacan en los registros de Indigo Energy International, pero las oficinas de la compañía en Caracas son las mismas del Consorcio Pacific Rim Energy, con la que los Khalil obtuvieron contratos estatales en la crisis eléctrica de hace más de una década. Y fue desde esa oficina en el Centro Galipán en Caracas que respondieron que los hermanos Khalil no darían “ningún tipo de declaración” al ser consultados por la conexión con Montmagastre Ventures Ltd.
El caso llegó a los tribunales porque otras compañías terminaron arrebatando la carga de petróleo con la que Montmagastre Ventures Ltd cobraría las acreencias de Indigo Energy International con Pdvsa.
Al estilo de los piratas del siglo XVII, esa práctica del robo de carga se ha hecho frecuente con los nuevos métodos de comercialización impuestos por la petrolera estatal: “(...) Con la cual ofrecen los servicios de inspección de buques, cuyo fin único es la obtención de los datos de precisos de la carga para posteriormente generar informes de calidad del producto, a favor del victimario y así poder facilitar su comercialización en aguas internacionales, sin autorización y con el desconocimiento del propietario original, el cual en este caso es la empresa Montmagastre Ventures Ltd”, se lee en el escrito judicial, que apunta contra Five Ocean Trading y Marine General Survey, así como a sus propietarios, como responsables del robo de cargamentos de “mezcla bituminosa de calidad”.
El de Montmagastre Ventures Ltd no es el único episodio de los fantasmales intermediarios de Pdvsa que ha llegado a lo más alto de los despachos de la justicia chavista. En el TSJ han quedado dibujadas las irregularidades de al menos otros dos traders que también adeudan millones de dólares a Pdvsa.
Uno de esos casos es el de la compañía Supraquimic Limited, registrada en Irlanda, homónima de Supraquimic C.A en Caracas, y que en diciembre de 2020 selló un contrato con Pdvsa para el intercambio de alimentos por crudo por 260 millones de dólares. En su momento, la agencia Reuters reveló el fracaso del acuerdo y hasta la detención de los empresarios involucrados, pero otro escrito del magistrado y expresidente del TSJ, Maikel Moreno, detalla que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 Supraquimic se llevó de muelles venezolanos nueve embarques valorados en poco más de 226 millones de dólares “que dejó de percibir la estatal petrolera”.
Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje fijan la deuda de Supraquimic, relacionada en el mercado venezolano con la fabricación de los productos de limpieza marca Clic, en poco más de 221 millones, siendo uno de los intermediarios con más deuda. Detrás de Supraquimic estaba el empresario José Alfredo Llamozas González quien, tras varios años de ejecutivo de la cartera agrícola de Banesco, despuntaba en los últimos años como empresario en el sector de los alimentos y contaba con Arroz Santa Lucía y Agroinsumos El Granero, las empresas que supuestamente entregarían los alimentos a cambio del petróleo.
A los despachos del TSJ también llegó el caso de Grupo Iveex Insaat, registrada en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, del empresario venezolano Miguel Josué Silva Pérez. Allí se detalla que la representación legal de Pdvsa interpuso en julio de 2019 una demanda para “intimar el pago de facturas como consecuencia de la venta de hidrocarburos y derivados” por un monto de poco más de 120 millones de euros.
En los documentos de Pdvsa en posesión de Armando.Info se registra que, hasta agosto pasado, Grupo Iveex Insaat mantenía una deuda que se remonta a 2019 por sólo 12.9 millones de dólares, pero no se pudo establecer si la diferencia con la deuda relatada en el escrito del TSJ fue cancelada.
De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Miguel Silva constituyó en 2016 las Industrias Nacionales de Emprendimiento Iveex, cuyo objetivo principal es el “apoyo y organización articulada y estructural, económica y social de las actividades de industrias venezolanas emprendedoras y consolidadas”. Pero antes de su rol empresarial, el responsable de Grupo Iveex Insaat pasó por cargos públicos en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, y hasta la Presidencia de la República, según su perfil de Linkedin.
En sus redes sociales presume de su carácter “revolucionario” y exhibe fotografías con autoridades del chavismo. Allí también dejó constancia de su candidatura por el “sector empresarial” a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente con la que el régimen de Nicolás Maduro suplantó a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, así como una conferencia que dictó en la propia sede de Pdvsa sobre “sanciones económicas, sus consecuencias y medidas económicas tomadas desde el jefe de Estado”.
La lista de intermediarios de Pdvsa muestra también a la hasta hace poco desconocida empresa Treseus Internacional, del empresario español Juan Fernando Serrano Ponce, recientemente acusado en los Estados Unidos junto a cuatro ciudadanos rusos por delitos de “conspiración” contra el sistema financiero de ese país. En ese escrito se detallan las maniobras financieras para comercializar el crudo venezolano entre mayo y junio de 2021.
Según la documentación de Pdvsa obtenida para este reportaje, Treseus Internacional, en principio dedicada a la comercialización de alimentos y animales vivos a países como Irán, comercializó productos de Pdvsa por poco más de 16,2 millones de dólares.
Fuentes conocedoras de las operaciones de Pdvsa coinciden en que otros grupos empresariales, como el de los panameños Carretero Napolitano, favorecidos por Nicolás Maduro con la construcción de obras como el estadio de béisbol “Hugo Chávez” en La Rinconada y suministros para el llamado Carnet de la Patria, también han participado en la comercialización de petróleo venezolano con sociedades chinas, así como grupos empresariales emergentes como el del joven empresario colombiano de origen libanés, Walid El Hage Hage.
Walid El Hage es propietario en Venezuela de Tropical Import, con sede en el estado Falcón, y también está relacionado a compañías empaquetadoras de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En conjunto, compañías operadas por Walid El Hage como Baidoa Trading, Mahindra Company o SG Tech Logistic Company adeudan a Pdvsa alrededor de 120 millones de dólares, tal y como muestran los papeles. El Hage tampoco contestó la petición de entrevista vía Whatsapp.
Ese esquema es el mismo que inició el régimen de Nicolás Maduro con los también colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, en el que inicialmente el petróleo se intercambiaría por camiones cisternas y por alimentos mientras compañías de fachada mexicanas y luego rusas se llevaban el petróleo. Pese a los fallidos resultados de estos trueques y hasta a la detención del propio Saab en junio de 2020 en Cabo Verde este sistema continuó funcionando con nuevas compañías que serán reveladas en una próxima publicación.
La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica. Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.
La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.
Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”
Empresario colombiano, dueño de Tropical Import, en el estado Falcón. Está relacionado a varias de las sociedades intermediarias que le adeudan a Pdvsa por el crudo comercializado a cambio de alimentos.
Abogado, con recorrido en varios cargos ministeriales y excandidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Dueño de Grupo Iveex Insaat, otro de los traders usados por Pdvsa para colocar su petróleo en mercados internacionales.
Empresarios beneficiados por el chavismo de vieja data. Ahora están ligados a Montmagastre Ventures Ltd, una empresa registrada en Belice con subsidiaria en Serbia que también comercializa petróleo venezolano.
Se desempeñan en el área de la construcción con ATB Constructores y ahora conectan con Walker International Dw-Llc, sociedad registrada en Dubai que comercializa crudo venezolano.
mayor del Ejército y Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa.
Ministro de Petróleo y responsable de la estrategia de comercialización de petróleo por parte de Pdvsa.
