Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.
Entre 2011 y 2016, Nayshar Flores conquistó Brickell, el distrito financiero de Miami. Entonces llevó adelante una intensa campaña de compra de inmuebles en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, financiada por su buena estrella como contratista de los militares venezolanos. Aunque su apellido podía tener resonancias políticas en el régimen de Caracas y venía de ser socio del yerno de Diosdado Cabello, nada de eso impidió que cayera en una mala racha judicial en Estados Unidos.
Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían canalizado a través de Trenaco, registrada en Ginebra y receptora en 2016 de un multimillonario contrato de Pdvsa, al final frustrado. Pero surgen nuevas evidencias sobre otra firma hasta ahora desconocida, Polmont Oil, incorporada en Panamá para esos mismos fines y por las gestiones de un banquero suizo, Jorge Würms, que desde diversos flancos se revela como el arquitecto financiero de Saab.
El reguetón boricua y hasta la guaracha cubana han marcado el paso de sus negocios, que lo llevaron desde la provinciana Maracay a codearse con luminarias del espectáculo y el deporte mundiales. Incluso se aventuró a ser representante de El Duke, un artista urbano, hijo del Contralor General del chavismo. Pero a la hora de abrir empresas offshore, Moisés Capriles Monque suele abandonar las islas del Caribe por preferir jurisdicciones más exóticas como Hong Kong.
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.
La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.
El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, se apresuró a mudarse a Dubai desde Madrid apenas se enteró de la disposición del también exmilitar a someterse a las autoridades de Estados Unidos. Para esa peregrinación, Mirabal debió soltar lastre, así que hizo cambiar de manos un superyate que en 2016 se había comprado a través de una offshore, y pasó su residencia en el suntuoso barrio de La Moraleja al crack del Real Madrid.
Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños de otra gran fortuna en Venezuela– decidieron hacer una inversión excéntrica en Italia comprando un pueblo medieval con castillo incluido. Algunos de ellos, sin embargo, fueron más allá y explotaron minas de oro en ese país europeo dejando más penas que glorias con esos emprendimientos, que quedaron entre el olvido y un gran daño ambiental.
A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene por la mujer más poderosa de El Salvador. Recia y ambiciosa, se especializó en hacerse fuerte detrás del trono, al amparo de líderes como Henrique Salas Feo o Leopoldo López. Ahora le habla al oído a la familia que impone el caudillismo 2.0 en el país centroamericano, mientras lidera una especie de gabinete ministerial oficioso de asesores venezolanos.
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que calificaba como ‘no transparentes’ y atribuía al mercado negro de divisas, y que se cruzaban en una pequeña entidad de Barbados, Continental Bank. Esta era propiedad de venezolanos que en su país manejan el Banco Caroní, y las transferencias más jugosas las había enviado una casa de valores panameña en la que los hermanos De Grazia figuraban como accionistas principales.
Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.
Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
