No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
Aunque el destino final sea Estados Unidos, la de México es la etapa más desafiante del itinerario para los migrantes. Allí, tras sobrevivir al tránsito por caminos peligrosos de otros cinco países, se enfrentan al fraude, la extorsión, la violencia sexual, las coimas, la burocracia y, como se vio hace una semana en Ciudad Juárez, a la muerte. Y eso es para los afortunados. Porque los más desgraciados no pasan de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala. En 2022, México triplicó el número de deportaciones de venezolanos, a los que no ahorra maltratos. Esta es la historia de algunos de esos que fueron devueltos en un mismo lote.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
Un tal ‘Jorge’, que fue clave para la polémica actuación de la empresa Cambridge Analytica en las campañas de Donald Trump y el Brexit, permanecía anónimo desde hacía mucho. Su nombre de guerra se volvió leyenda en un sector de negocios global donde confluyen la comunicación política, la manipulación cibernética y la contrainteligencia. Hasta que, ahora, esta segunda entrega del proyecto ‘Story Killers’ consigue develar que se trata del israelí Tal Hanan, viejo socio del venezolano Martín Rodil, junto a otros exagentes de seguridad capaces de hackear a presidentes o parlamentarios, destruir reputaciones y de manejar a su antojo la opinión pública.
Los periodistas que investigan la desinformación son amenazados, encarcelados y, en casos extremos, como el de la periodista india Gauri Lankesh, asesinados. ‘Forbidden Stories’ reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación, entre ellos Armando.info, para exponer el funcionamiento interno del mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
En 2017, la periodista Gauri Lankesh fue asesinada en India, días antes de que pudiera publicar un artículo previsto sobre desinformación. Más de cinco años después, ‘Forbidden Stories’ y un consorcio de periodistas retoman esa cobertura interrumpida. Este reportaje es la primera parte del proyecto ‘Story Killers’, una investigación global en la que participa Armando.info, sobre mercenarios de la desinformación y cómo la manipulación de la verdad, las ideas y las percepciones es, más que un negocio o una táctica, un nuevo campo de batalla.
El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia.
Esta recaudación debía desembocar en una plataforma de apoyo a los cómicos venezolanos, pero terminó por ser, según se vea, ganancia o tribulación para uno solo: Roberto Cardoso -el nombre civil del antiguo standupero- quien, con dos socios, inició en noviembre de 2021 la colecta para “el primer y único club de comedia” del país, que establecía como membresía la compra de un activo digital coleccionable con ilustraciones de “monstruos”. Si ya la oferta sonaba como un chiste, ahora el epílogo es de terror: el equivalente a millones de dólares con destino dudoso y un retorno que pocos ven.
Como no deja de ser habitual, el último grito del estilo de vida en la burbuja caraqueña llega entre controversias. El nuevo restaurante aéreo en Altamira, así como su gemelo contiguo, ‘Buono’, se alzan sobre dos valiosas parcelas cuyo inquilino -el dueño de ambos comedores- se convirtió en propietario mediante una maniobra en tribunales.Sus anteriores caseros siguen reclamando infructuosamente los inmuebles, un litigio que se suma a los comentarios de inconformidad provenientes de la cadena internacional que ve calcado su concepto original.
Con la compra de un apartamento aterrizaron los Ayoub Ayoub en Dubai, emirato al que, en vez de Oz, los condujo el éxito en negocios de importación y distribución de especias. Pero la familia de origen árabe y base en Lara vio cambiar su suerte cuando fue señalada por el mismísimo vicepresidente de la República de conformar una trama para sobrefacturar importaciones y tener acceso irregular a divisas preferenciales, acusaciones de las que la justicia los absolvió. Esta es una entrega de la serie ‘Dubai Uncovered’ sobre venezolanos con inmuebles en el lujoso emirato.
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
Una tercera metamorfosis en apenas diez años es lo que experimenta lo que alguna vez fue la red de supermercados del Grupo Casino. Nacionalizada para dar lugar a los Abastos Bicentenario y vuelta a privatizar de manera disimulada por el gobierno de Nicolás Maduro, ahora se asigna a un nuevo grupo económico en alza. El arribo de los que han quedado a cargo certifica la retirada de Saab, preso en Miami, y de su marca, la de las llamadas Tiendas CLAP.
En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una carrera y fama de agente con poderes casi mágicos para identificar y ayudar a entregar a informantes, corruptos del chavismo y narcotraficantes ante la justicia estadounidense. Sus logros podrían convertirlo en un héroe de la democracia, si acaso no fuera suficiente su éxito como consultor privado. Pero ahora en España se inicia un proceso judicial en el que se le investiga bajo sospecha de que extorsiona a los mismos fugitivos a los que debe entregar.
De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.
No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.
La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
