Que Venezuela es un país de compañías en apuros -bien sea con la justicia o las finanzas- pero dueños boyantes, es una tradición que César Augusto Bolívar y su Seguros Universitas no intentan refutar. Mientras la aseguradora, de fulgurante crecimiento durante unos años, acumula una deuda con centros de salud que cada vez la aceptan menos, no solo su propietario aparece con una cuenta millonaria en el Credit Suisse, sino que otro tanto ocurre con sus socios y financistas en el emprendimiento, los hermanos Khalil, grandes contratistas del Estado.

El alicate global que se aplica a Rusia para presionar el fin de la invasión a Ucrania pasa por el congelamiento de los activos de los “oligarcas” rusos que apoyan al régimen de Vladimir Putin en varios frentes, desde el económico hasta el comunicacional. Una alianza de 25 medios ha elaborado una base de datos que ha detectado y rastreado los activos de este poderoso grupo, considerado la piedra angular del poder político del Kremlin

La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar. 

Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los nazis durante la ocupación de los Países Bajos, la patria de su familia, lo que le condenó al ostracismo y la expiación en la posguerra. Pero de manera secreta ayudaba a la resistencia, algo que solo se divulgó tras su muerte en la capital venezolana. Cuando su suplicio íntimo, difícil de explicar o siquiera narrar, estaba a punto de sumir su nombre en el olvido, una polémica investigación internacional la señala ahora como la persona que pudo informar al padre de la autora del diario más leído del mundo sobre quién los traicionó.

Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse.

Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- de una docena de países, además de sus familiares, que debieron llamar la atención de los ejecutivos de cumplimiento, tuvieron cuentas en el segundo mayor banco suizo, según lo que aparece en la filtración de los ‘Suisse Secrets’. Entre los titulares se encontraban jefes de espionaje de Jordania, Yemen, Irak, Egipto y Pakistán y un ex jefe de inteligencia venezolano que, tras contratar con el Estado chavista, se convirtió en un millonario hombre de negocios.

Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con la Fiscalía durante el juicio en Florida por el caso de la valija con 800.000 dólares en efectivo llevada a Argentina a bordo de un avión de Pdvsa en 2007, el empresario venezolano también debió arrepentirse por sus correrías cuando estas motivaron el cierre de sus cuentas en bancos internacionales, incluyendo una en el Credit Suisse con casi seis millones de dólares.

En 2008, vísperas de la reestatización por parte de Hugo Chávez de la siderúrgica guayanesa, la cuenta en el Credit Suisse de Máximo Vedoya, nombrado Director Comercial de Sidor por el consorcio privado que entonces era su dueño, alcanzó su monto máximo. Eran días en los que la empresa Ternium sobornaba a funcionarios del gobierno kirchnerista para que intercedieran ante Caracas y consiguieran que sus ejecutivos pudieran salir a salvo de Venezuela. Años después, Vedoya sería premiado con la presidencia de la compañía. 

Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch en el organigrama de Palmat, empresa que cobró comisiones colosales por contratos con las empresas básicas de Guayana y de venta de maquinaria agrícola en el marco de la alianza entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires. Sin embargo, una revisión de sus cuentas en Credit Suisse y de sus inversiones inmobiliarias en Miami corregirán tal percepción.

Casi dos de cada diez cuentas en la filtración de 18.000 registros del segundo banco más importante de Suiza corresponden a ciudadanos de Venezuela o clientes que reportaron vivir en el país, lo que hace de la venezolana la campeona entre 120 nacionalidades incluidas en la data de los Suisse Secrets. En la lista criolla despuntan decenas de nombres relacionados con esquemas de corrupción.

Una cuenta en el Credit Suisse tuvo entre 2007 y 2017 como signatarios a Luis Alfonso de Borbón -bisnieto de Francisco Franco, pretendiente a la corona francesa, y señuelo viviente para clientes adinerados del Grupo BOD-, y su esposa, Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas, ‘el banquero de Chávez’. Su saldo se vinculaba a una empresa constituida en Panamá, que compartía con otra compañía de la misma pareja, pero en España, el origen de los fondos: las mesadas millonarias que el magnate venezolano destinaba a su yerno e hija.

Los datos obtenidos en la filtración de los 'Suisse Secrets' revelan que más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a cuatro tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos.

Aunque Credit Suisse, segundo mayor banco de la federación helvética, lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, la filtración de los Suisse Secrets revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años. Credit Suisse pudo haberse dado cuenta de los problemáticos antecedentes de estos individuos, en ocasiones, con una sencilla búsqueda en Google. Pero no tuvo problemas para abrirles cuentas y mantenerlas por años.

Las leyes de Caracas y el patrimonio ancestral aborigen prohíben desde hace décadas la explotación abierta de minerales en las selvas del estado Amazonas, hasta el punto de convertirla casi en tabú. Pero las actividades furtivas de los ‘garimpeiros’ en las mismísimas nacientes del Orinoco, la miseria reinante y el reciente discurso oficial van creando una atmósfera cada vez más proclive a la aceptación de la industria extractiva a cualquier escala y en manos del Estado o de privados. 

Aunque solo cuenten con la razón y el arsenal arcaico de lanzas, arcos y flechas, decenas de comunidades pemón, piaroa, ye´kwana y sanemá en los estados Amazonas y Bolívar han optado por la autodefensa ante el avance en sus territorios de invasores vinculados a la subversión y el crimen organizado. Si esa informalización de la seguridad pública conlleva riesgos, les ofrece una oportunidad mejor que la resignación y la retirada a las que de otra manera las condenaría la ausencia del Estado.

Se cumple un año del ataque de militares venezolanos contra un campamento de las disidencias de las FARC en territorio del estado Amazonas. La aparición de una mujer ‘jiwi’ entre los caídos reveló al público algo que todavía era un secreto a voces: los irregulares colombianos reclutan a indígenas venezolanos. Un recorrido por distintas comunidades aborígenes permite comprobar los anzuelos, con frecuencia pueriles, que los guerrilleros usan para seducir a los jóvenes y atraerlos a sus filas. 

A veces solo como testigos, pero casi siempre como víctimas o contrincantes, diversas etnias indígenas han presenciado en sus territorios el avance sostenido de grupos armados como el ELN y las facciones de las FARC. Sus denuncias tempranas, que debieron servir como advertencias, consiguieron de forma esporádica la atención nacional. Apenas ahora, cuando esas fuerzas irregulares controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del estado, se hace evidente que los guerrilleros se proponían completar una verdadera ocupación.

Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio en la Guayana venezolana sirven a las actividades ilícitas de bandas delictivas que, extranjeras o nativas, a veces de manera confederada y otras en conflicto entre sí, imponen su ley, casi sin oposición del Estado. No todas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Aquí se describen.

A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en esta primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.

Fiel a su naturaleza y por cálculos políticos, el régimen de Nicolás Maduro busca en los cuarteles la solución a un grave problema de salud pública, que ha costado 66 vidas en casi cinco años y que hasta ahora se achacaba al ‘bloqueo’. En una especie de guerra relámpago, un puñado de oficiales de la Fundación Pueblo Soberano toman desde octubre decisiones de, literalmente, vida o muerte para decenas de pacientes pediátricos que esperan por un riñón. Pero a estas alturas ya constatan que las complejidades del asunto pueden ser más fuertes que el rigor marcial, la buena voluntad y hasta la chequera con que solían contar.

Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.

De nuevo los hermanos Khaled y Majed Khalil aparecen en una maniobra para controlar una agroindustria, con el auspicio del gobierno del que son contratistas, pero esta vez no como beneficiarios de una reprivatización. Ahora, por una artimaña jurídica, buscan tomar posesión por tan solo diez millones de dólares de una de las principales productoras de grasas comestibles del país, cuyos activos fueron tasados en más de 200 millones de dólares. Si la ganga se completa, convertiría a Coposa en un suplidor cautivo de las cajas CLAP.   

El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, preserva la propiedad de una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros.

En llamativo contraste con la ola reprivatizadora que su tío, el excomandante y ministro Wilmar Castro, lleva adelante en la agroindustria, el sobrino, Luis Soteldo, se convirtió en el verdugo de la propiedad privada en el campo venezolano durante su gestión al frente del Instituto de Tierras hasta 2020, despojando predios en contra de decisiones judiciales e informes hechos por su misma entidad. Su sucesor, Luis Mendoza, hizo otro tanto, a nombre de una proclamada “soberanía alimentaria” que no produce casi nada.

Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.

Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia. 

A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.

Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.

El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.