En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una carrera y fama de agente con poderes casi mágicos para identificar y ayudar a entregar a informantes, corruptos del chavismo y narcotraficantes ante la justicia estadounidense. Sus logros podrían convertirlo en un héroe de la democracia, si acaso no fuera suficiente su éxito como consultor privado. Pero ahora en España se inicia un proceso judicial en el que se le investiga bajo sospecha de que extorsiona a los mismos fugitivos a los que debe entregar.

De un cuerpo especializado para afrontar a potenciales enemigos externos a una banda que secuestra y martiriza a opositores políticos: la conversión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ha coincidido con la gestión de Alexander Granko Arteaga en un cargo clave. Su responsabilidad en el régimen de torturas no es solo intelectual; numerosos testimonios le muestran ordenando en persona, e incluso infligiendo, castigos físicos. Eso sí, la fama que tiene no la ganó de modo espontáneo: sigue órdenes del general Hernández Dala, director de la Dgcim, de quien ha pasado a ser su ‘mano negra’.

No es gratuito que los tormentos a los que la contrainteligencia militar y otros cuerpos de seguridad someten a sus detenidos suelen ocurrir en sitios informales y en medio del trasiego de rehenes entre esos sitios: se trata de una dimensión invisible donde no hay institucionalidad y nadie rinde cuentas ante la ley. Las desapariciones transitorias, a veces de horas y otras de semanas, mortifican a los familiares de los detenidos y se han vuelto un preámbulo casi obligatorio para las causas de índole política en la justicia chavista.

Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.

Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.

La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.

Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.

Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.

La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.

El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano” 

Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.

Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.

Primero estuvo en 26 millones de dólares, y ahora tiene un precio de promoción de 20 millones, pagaderos en criptomonedas. Entre corredores de Florida y, luego, en las redes sociales, la puesta a la venta de una quinta espectacular en la capital venezolana causó conmoción. ¿Tanto así se arregló el país?, provocaba preguntar, y en medio del delirio de cifras, más parecidas a los ‘asking prices’ de mercados calientes del ladrillo como Miami o las Baleares, quedó claro que la debacle chavista ha dejado intactos algunos rincones de opulencia.

Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en un circuito radiofónico le hizo mella, terminó hace poco, cuando apostó a una candidata perdedora en unas elecciones municipales de Miami-Dade. Tanto por su resultado como por su propósito desconocido, todavía son pocos los que le encuentran sentido a esa inusual contribución.

Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio Caldera García, sabe hacerse su espacio. Tal fue su transición en 2014, luego de haber figurado por años en el estado mayor de la alimentación desde empresas como Corporación CASA, Abastos Bicentenario y Pdval. Junto a su esposa pasó a ser un flamante empresario de Florida, con valiosas propiedades inmobiliarias y una red de sociedades -algunas offshore- a su servicio.

Muchos se dedicaron durante décadas a levantar en las planicies del sur del estado Monagas el mayor bosque conífero creado por el hombre para que Alex Saab, con su socio y allegados, le sacara provecho en un santiamén. Lo que nominalmente pasa por una empresa mixta binacional entre Turquía y Venezuela es en realidad el parabán para conceder al empresario colombiano otra materia prima estratégica del Estado, en este caso, la madera de Uverito. Para comercializarla se inventaron otro burladero en los Emiratos.

De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.

Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y de allí salió a costearse la vida de un ‘jetsetter’, con base en Londres. Eso no le evitó un problema común entre venezolanos expatriados: se le venció el pasaporte. Así que optó por comprarse uno ‘dorado’ en Chipre, contando con más de dos millones de euros como inversión y la vista gorda de las autoridades de esa isla del Mediterráneo, paraíso fiscal y guarida de oligarcas rusos.

Un cardiólogo de Ciudad Bolívar cultivaba una aparente vida doble que nunca se habría evidenciado de no ser porque el FBI lo puso entre sus buscados hace unos meses. Según la acusación en Estados Unidos, mientras por un lado, visible, era profesor universitario, cirujano abnegado y casi un asceta, por el otro, furtivo, programaba software malicioso que vendía para su uso por parte de agentes iraníes y extorsionadores. ¿Quién es Moisés Luis Zagala González? Armando.info fue a la antigua Angostura para averiguarlo. 

Armando.info logra conversar con líderes de los mineros informales brasileños tras el asesinato de cuatro de ellos y un venezolano en el sur del estado Amazonas, justo en el nacimiento del principal río del país. Los relatos de la zona permiten corroborar lo que voceros indígenas y organizaciones ambientales vienen denunciando: los garimpeiros están de vuelta en Venezuela y esta nueva oleada entra y sale a su antojo. La soberanía se ha vuelto una quimera en la frontera más septentrional.  

La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.

Otrora una casa en ruinas ubicada en un islote, la Posada Isla Piscina cumple con todas las características del turismo VIP que desde hace unos años promueve el régimen venezolano: está ubicada en un ecosistema delicado, no queda claro si obtuvo los permisos correspondientes o cómo lo hizo, y su dueña es una empresa fantasmal. El proyecto, que se prepara para una segunda fase que incluye siete palafitos adicionales, endulza su difuso origen ayudando a erradicar el coral ‘Unomia’.

Un grupo de jóvenes, amigos de Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de la Primera Dama o ‘Combatiente’, son quienes están detrás de la nueva marca que desde hace poco promueve los deportes extremos y el turismo de aventura. El lanzamiento de Furia Energy, su propia bebida energética traída desde Turquía, ha sido el gancho para conquistar un campo virgen donde incluso alimentan aspiraciones ciertas de influir en la conformación de federaciones deportivas.

Como hongos brotan edificios de gran altura y arquitectura de avanzada en Las Mercedes, ‘zona rosa’ de Caracas que se convirtió en gueto del lujo. Si la tendencia contrasta con la prédica socialista oficial y con las crisis tanto del sector construcción como de la economía, eso no parece disuadir ni a la empresa Constructora HP, con participación en la mayoría de esas obras -en combinación con otros inversionistas de diferentes orígenes y experiencias-, ni a la alcaldía local, nominalmente opositora y exageradamente solícita con las demandas de la compañía.

Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de $10 mil millones. El capítulo panameño del Lava Jato duró más de una década, incluyó sobornos millonarios, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de $2 mil millones, sin ninguna consecuencia hasta ahora. Un viaje al centro de la corrupción nacional de Panamá

Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.

Esquivando las sanciones occidentales contra el régimen de Nicolás Maduro, el contratista predilecto de este fue a dar con sus intereses a Moscú. Allí instaló una oficina céntrica y cercana al despacho de Putin, que ha seguido funcionando aún después del arresto del mercader en Cabo Verde. En la capital rusa no solo obtuvo refugio -al menos, temporal- para sus transacciones encubiertas y para su esposa, sino además una socia o delegada, también colombiana, a quien confió el negocio y la familia. 

Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron al traste con este proveedor panameño, sino que ofrecieron una radiografía inédita del mundo offshore. Pero permanece anónimo, condición que no cree que abandone hasta su muerte. Ahora vuelve a buscar a los dos reporteros que recibieron la filtración para hacer una advertencia: el planeta atraviesa una situación de grave inestabilidad.

La operación Lava Jato puso en la cárcel a los dueños del PIB brasileño. En retaliación, la clase política destruyó al sistema anticorrupción que lo hizo posible. Ahora parece como si nunca existió.

Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más conspicuo y habitual de la jerarquía chavista, el exministro El Troudi, obtuvo el visto bueno de un tribunal local. Pero que la justicia oficial vea a otro lado no quiere decir que las revelaciones se detengan: ahora se conoce que en Suiza los fiscales detectaron transferencias millonarias de la constructora brasileña para el entorno del general Gustavo González López.