gobierno de Daniel Ortega
Rolando Álvarez es uno de los 18 desterrados Credit: Foto: Sistema Penitenciario Nacional

Nuevamente el gobierno de Daniel Ortega toma la decisión de desterrar a presos políticos de Nicaragua. En esta ocasión se trata de una serie de religiosos, entre ellos el monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa que fue condenado a 26 años de cárcel. Junto a Álvarez también fueron desterrados otro 17 religiosos presos políticos con destino a El Vaticano. 

Este nuevo destierro sigue el patrón del gobierno de Nicaragua. El 10 de febrero de 2023 envió a 222 presos políticos a Estados Unidos. En esa ocasión, monseñor Rolando Álvarez se negó a aceptar el destierro y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Modelo, también conocida como “El infiernillo”. 

El destierro ocurrido este domingo 14 de enero es el tercero que hace el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, todavía hay más de cien presos políticos en las celdas de Nicaragua. 

Nuevos presos políticos desterrados por Daniel Ortega

La lista de 18 presos políticos desterrados por el gobierno de Daniel Ortega la encabeza, justamente, el monseñor Rolando Álvarez. Ha sido reconocido como una de las voces religiosas que mas ha resonado dentro y fuera del país en los últimos años. Su detención ocurrió el 4 de agosto de 2022 en el Palacio Episcopal de Matagalpa. Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en febrero de 2023 tras negarse a aceptar el destierro en esa ocasión. 

Entre los desterrados hay 13 sacerdotes y tres seminaristas. Los primeros pertenecen a la Arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo. Todos ellos fueron enviados a tierras europeas. 

El medio Confidencial de Nicaragua explicó que el papa Francisco ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la crisis sociopolítica de Nicaragua, así como las consecuencias que ha dejado a la sociedad y, particularmente, a la iglesia católica. 

Otra de las menciones realizadas por le medio centroamericano se refiere a las agresiones contra religiosos en Nicaragua y afirma que más de 200 personas han sufrido expulsión o negativa de entrada al país. 

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