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En medio de una ola de detenciones que aún continúa, el gobierno de Nicolás Maduro ha admitido hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que salpicó a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Las denuncias sobre presuntos hechos ilícitos no son nuevas y han sido formuladas por los mismos representantes sindicales y trabajadores de dichas empresas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? De acuerdo con ONG defensoras de derechos humanos como Provea y voceros de la masa laboral, acusaciones de instigación al odio, terrorismo con encarcelamiento o liberaciones con medidas cautelares y hasta un caso de desaparición forzada por hechos vinculados a Pdvsa.

En este sentido, las ONG y la representación sindical reclaman que si de verdad se quiere hacer justicia con casos de corrupción, se debe incluir la liberación de los trabajadores que alertaron sobre las actividades ilícitas y el cese de la persecución judicial, como de hecho ya ocurrió con las excarcelaciones de los exgerentes de Pdvsa, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, el pasado 1 de abril.

El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, creado en 2021 maneja una lista de al menos 63 personas entre detenidos y con medidas cautelares como casa por cárcel, libertad condicional o régimen de presentación y unos pocos con libertad plena. A continuación un resumen de algunos casos, asociados a denuncias por corrupción en la industria petrolera.

Siguen tras las rejas

Johana González: Empleada de Pdvsa Etanol. Tiene boleta de excarcelación desde el 29 de abril de 2022 sin que a la fecha haya sido cumplida. Está recluida desde 2020 en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), Los Teques, estado Miranda. Fue señalada del desvío de una turbina.

Un artículo publicado en el portal Aporrea, señala que González fue «usada como chivo expiatorio para encubrir a mafias de la chatarra de Pdvsa».

Sus familiares han denunciado que padece de ostopenia (afección de los huesos) que se ha agravado durante el tiempo tras las rejas, puesto que no recibe alimentación adecuada para dicha condición ni tratamiento médico.

Guillermo Zárraga: Ingeniero de Pdvsa con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del estado Falcón . Fue detenido el 14 de noviembre de 2020 en su vivienda por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Se desempeñaba para entonces como técnico operario en la refinería Cardón en el Complejo Catalítico de Paraguaná, estado Falcón.

Zárraga atribuyó una explosión en la planta 4 de la refinería Amuay a fallas operacionales, lo que desmintió la versión sobre ataque terrorista con misil, posiblemente lanzado desde un avión no tripulado o una embarcación, ofrecida por el entonces ministro del Petrólero, Tareck El Aissami. Recientemente familiares denunciaron que su salud se agrava por una falla cardíaca que no ha recibido la debida atención médica.

Con medidas cautelares

Luis Cárdenas: Gerente de Auditoría Nacional de Negocios Internacionales de Pdvsa, con 15 años en la estatal. Fue apresado en 2019, acusado de instigación al odio, odio agravado y traición a la patria, posesión ilícita de armas de fuego, ocultamiento de municiones, contrabando simple y reventa de productos.

Según el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos investigaba irregularidades en el manejo financiero de Pdvsa América. Fue liberado en 2021 bajo régimen de presentación.

Eudis Girot: Director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). Apresado en 2020 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Fue detenido tras denunciar corrupción en Pdvsa y exigir mejoras laborales. Fue acusado de delitos asociados al terrorismo y porte ilícito de armas y recluido en la Dgcim y luego en la cárcel El Rodeo, estado Miranda. Posteriormente, fue liberado en abril de 2022 y está bajo régimen de presentación.

Eudis Girot está bajo régimen de presentación

¿Dónde está Alcedo Mora?

Las ONG Provea y el Observatorio de Derechos Humanos de Mérida, recuerdan cada año lo que califican como «desaparición forzada» en contra del empleado de la Gobernación de Mérida, Alcedo Mora Márquez, ocurrida hace ocho años, el 27 de febrero de 2015.

«El hijo mayor de Alcedo Mora ha declarado públicamente que la desaparición de su padre ocurrió luego de que este le entregara a Luis Martínez (entonces secretario de la Gobernación de Mérida) pruebas de contrabando de combustible por parte de funcionarios de Pdvsa en la planta de llenado de El Vigía, municipio Alberto Adriani de Mérida. Cuando Alcedo Mora Carrero increpó a Martínez por la desaparición de su padre, este le dijo: Eso le pasó a su papá por estar hablando tanta pistolada», publicó el Observatorio en nota de prensa.

Provea acompañó a hijos de Mora a presentar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una desaparición forzada al estar presuntamente implicados funcionarios del Sebin, por lo que el Ministerio Público reabrió el caso en 2017 sin que hasta ahora haya presentado resultados de su investigación.

También llevamos: Trabajadores de empresas básicas: Corrupción destapada en la CVG da razón a nuestros reclamos

También se denunció, desde los dos primeros días de marzo, la desaparición de los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, de nacionalidad colombiana y señalados como amigos de Mora.

«Recordamos a Alcedo Mora como un luchador por la contraloría social que tuvo valor de denunciar al jerarca de Pvsa en ese entonces, Rafael Ramírez, y los altos ejecutivos de Pdvsa División Occidente en 2014. Denunció a los altos mandos militares de los Andes en complicidad con paramilitares colombianos en el tráfico de gasolina, reseñados en los medios de comunicación de Mérida», destacó la familia en comunicado, al cumplirse ochos años de la desaparición.

Dos liberaciones recientes

Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, gerentes del área de Comercio y Suministro de Pdvsa, condenados en febrero de 2021, a cinco años de prisión domiciliara por supuestamente facilitar información confidencial de la estatal petrolera al gobierno de Estados Unidos.

Para el momento de la sentencia, ambos que además son pareja sentimental, llevaban un año en prisión en la Dgcim. La defensa y familiares siempre sostuvieron que se trató de una represalia por denunciar corrupción en el comercio de exportaciones de petróleo.

Libertad plena para exgerentes de Pdvsa Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos

El 30 de marzo de 2023, recibieron la libertad plena por parte del Tribunal 15 de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas.

La Gerencia de Comercio y Suministro de Pdvsa es justo donde se centran las denuncias de corrupción que comenzaron a develarse a partir del 17 de marzo con la detención funcionarios, entre ellos el coronel del Ejército, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa Antonio José Pérez Suárez, el diputado del chavismo, Hugbel Roa y el director de la Sunacrip, Joselit Ramírez, además de empresarios, que totalizan 42 detenidos según el fiscal Tarek William Saab.