Al Estado no le fue bien
Las recomendaciones serán presentadas este viernes 3 de noviembre

Desde el 9 de octubre y hasta este 3 de noviembre se llevó a cabo el V Examen de Derechos Humanos que realiza el comité de las Naciones Unidas, con el que se evalúa si Venezuela cumple o no con las reglas establecidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Esta evaluación no se realizaba desde julio de 2015, cuando el Comité de expertos dio recomendaciones al Estado y estas no fueron cumplidas.

En este V Examen en la delegación de representantes del Estado estuvieron: Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente; Henry Tamaure, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Yván Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores; Edgar Toro representante de la Defensoría; y Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica.

Durante dos audiencias, que fueron públicas y transmitidas en vivo a través de la página web del organismo internacional, las respuestas y actitudes de los representantes del Estado venezolano ante los 18 miembros que conforman el Comité de expertos no fueron las más acertadas, a tal punto que algunos miembros pidieron respeto.

En las comparecencias, los miembros expertos del Comité cuestionaron la independencia de los poderes públicos venezolanos y debatieron sobre la violencia basada en género, la inscripción en el registro electoral, la violación de los derechos indígenas, las condiciones de reclusión de los presos en el país y la libertad de expresión.

📌¿Cómo llegó Venezuela al V Examen sobre derechos humanos del Comité de la ONU?

Para conocer sobre los detalles y los antecedentes de este Examen, Efecto Cocuyo entrevistó a Mario D’Andrea, codirector de la organización no gubernamental Civilis Derechos Humanos, quien estuvo durante la presentación del examen en Ginebra, Suiza.

El abogado y defensor de derechos humanos recordó que durante el año 2015, año en el que Venezuela presentó su cuarto examen, el Comité dio unas serie de recomendaciones y el Estado venezolano tenía un año para mostrar los resultados.

D’Andrea explica que el Comité escoge tres o cuatro recomendaciones especiales o estructurales a todas las recomendaciones, y se las hace saber a la delegación representante del Estado evaluado para que presente un estatus o informe de su implementación.

El defensor de derechos humanos informó que durante el año 2016 Venezuela no envió esa información. En 2017, el relator del comité encargado de hacerle seguimiento a la implementación de recomendaciones —mediante una carta pública y una cita de una reunión privada con el representante permanente de Venezuela en ONU— reiteró la necesidad de que se enviara la información actualizada sobre las recomendaciones del año 2015.

“Se les hizo saber que ya estaban en mora sobre el V período o quinto examen, esos son los antecedentes. No obstante, a pesar de esta reunión, el V Examen se dio lugar en 2023, porque fue en 2021 cuando el Estado formalmente envió su quinto informe y le dio inicio al V Examen del pacto frente al Comité”.

📌¿Por qué si el examen tiene que realizarse cada cuatro años, Venezuela pasó al menos ocho años para presentarlo?

El abogado señala que el tiempo entre un examen y otro es un tema de estructura del Comité y del contexto de Venezuela.

“El artículo 40 del Pacto, que es la norma que establece los ciclos del informe son cada cuatro años, fue modificado en los años 2009 y 2018 por algo que se llama procedimiento simplificado. En ese cambio, entre esos años, se establece que 2018 era la mitad de la evaluación de Venezuela con respecto al V Examen y el Comité decide simplificar el sistema de evaluación y lo pasa de 4 años a 8 años”, explica el jurista.

D’Andrea asegura que esto tiene unos aspectos prácticos y se hizo el cambio porque, el Comité notó que los Estados (no solo Venezuela) no cumplían con la periodicidad de sus exámenes y que solían tardar más de cuatro años.

A su juicio, el aspecto negativo de esto es que evaluar a un Estado por ocho años hace que el período de análisis sea muy largo y durante ese tiempo pasan muchas cosas en un país.  

“En ocho años en un país pasan demasiadas cosas, y más como en Venezuela, que está en una emergencia humanitaria compleja y en una crisis política importante. Hay mucho que reportar y mucho que el Estado deba comprometerse”, dice.

📌¿Cuáles serán los resultados de ese examen?

El codirector de Civilis aseveró que, este viernes 3 de noviembre, en Ginebra se dará una rueda de prensa no pública, en la que el Comité dará sus recomendaciones al Estado.

Las ONG, dijo, harán una campaña de difusión para ayudar a visualizar las recomendaciones.

“Para nosotros, desde la perspectiva de la sociedad civil, la implementación de las recomendaciones no solo tiene un valor histórico de cómo está la situación de Venezuela en el pasado, cómo ha sido nuestro récord en DDHH, sino que son un elemento objetivo sobre qué tanto ha mejorado o desmejorado la situación en Venezuela”, añade.

D’Andrea agrega que son elementos objetivos sobre qué tanto Venezuela coopera o dice que coopera con la ONU, especialmente sobre cuánto compromiso hay en mejorar la situación de DD. HH.

“Las recomendaciones son ese elemento objetivo, no politizado, que permite hacerle seguimiento a la actuación del Estado y su compromiso frente a la implementación de mejoras reales y estructurales a la situación de DDHH”, reiteró.

📌¿Qué viene después de las recomendaciones del Comité?

Tras la publicación de las recomendaciones termina una fase del examen, pero comienza otra, que es la de seguimiento del Estado, para saber si se implementan o no estas recomendaciones.

El Comité hará seguimiento por los próximos dos o tres años, en ese lapso le requerirá al Estado —igual que lo hizo en 2015, 2016 y 2017— los informes que evidencien el estatus de las recomendaciones dada por el organismo de ONU.

“Allí la sociedad tiene un rol de evidenciar si se están cumpliendo o no las recomendaciones estructurales y luego vuelve a darse el ciclo de evaluación”, dijo D’Andrea.

De acuerdo con los cálculos que tienen en Civilis, el nuevo ciclo de evaluación a Venezuela puede ser entre 2026 y 2029.

“La evaluación de seguimiento que hará el Comité y que hará la sociedad civil es importante para poder hacer presión, que se implementen estas recomendaciones y que el Estado objetivamente coopere con el sistema y respete los DDHH”, advirtió.

📌¿Cómo le fue al Estado durante la presentación del V examen?

Para este V Examen el Estado reportó en su informe los lapsos comprendidos entre los años 2015 y 2020. Este lapso, dijo el jurista, excluyó mucha información y por eso cuando la sociedad civil participó en la lista de cuestiones, que es la primera fase que se activa después de que el Estado presente el informe, se establecen preguntas y respuestas entre el Comité, el Estado y la sociedad civil.

“La sociedad civil tuvo que mandar información hasta 2023, igual luego de que el Estado responda a esta lista de cuestiones, la sociedad civil tuvo que presentar informe sombra, que se entregó este año a inicios de 2023 y se contraargumenta con la información enviada por el Estado”, expresó.

Al Estado venezolano, detalló, no le fue bien durante la evaluación porque fue agresivo e irrespetuoso con los miembros del Comité, ya que el espacio era técnico y la narrativa política no eran de interés del grupo de expertos. A juicio del abogado, el Estado no pudo demostrar la implementación de recomendaciones de 2015.

“Entre el 2015 y el presente año han ocurrido muchísimas cosas, protestas, criminalización, arrestos arbitrarios, torturas, desaparición forzada, emergencia humanitaria compleja, medidas coercitivas unilaterales, crímenes de lesa humanidad, migración de 7 millones de personas, entonces hubo que reportar todo eso y naturalmente el Estado no tiene la capacidad de responder a todo eso porque es el causante de todos esos problemas”, aseguró.

Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías