La activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, cumple dos semanas detenida este viernes 23 de febrero.
Desde que la apresaron el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, no tiene acceso a una defensa privada como lo garantiza la Constitución venezolana de 1999.
Pasaron más de 100 horas para que se conociera su paradero y los motivos de su arresto. El 12 de febrero el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, dijo que la presentaron en el tribunal segundo contra el terrorismo del área metropolitana de Caracas.
No fue sino hasta el miércoles 14 de febrero cuando ofreció declaraciones públicas en las que señaló a San Miguel y su expareja Alejandro González Canales de formar parte de un supuesto plan conspirativo que el Ministerio Público denomina “brazalete blanco”, en el que además implicó a militares (varios de ellos ya en prisión), periodistas venezolanos en el exterior y la defensora de derechos humanos Tamara Sujú. Contra ellos hay órdenes de arresto.
La desaparición forzada de San Miguel
Saab advirtió en ese momento que hablar de desaparición forzada, como lo denunciaron ONG nacionales e internacionales, e incluso la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH podría constituir un delito, al negar que el gobierno cometiera esta práctica, tipificada como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
“Desde tempranas horas de hoy (jueves 22.02.2024), el equipo de defensa estuvo en el tribunal a la espera del traslado de Rocío San Miguel y Alejandro González de Canales para ser designados como defensa técnica. El traslado no se realizó y por ende continúa el estado de indefensión”, denunció Joel García en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
En esta misma plataforma, la ONG Programa Venezolana Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que ya cumplió 14 días en prisión. El tribunal ordenó su reclusión en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), una institución que tiene denuncias en organismos internacionales por violaciones de DDHH, entre las que están la tortura, tratos crueles y degradantes.
Pruebas: mapas, teléfonos y laptops
La Fiscalía presentó este 19 de febrero supuestas pruebas de la implicación de San Miguel en la trama de conspiración. Entre ellas que estaba como contacto telefónico de uno de los militares detenidos, el tener 18 mapas cartográficos de Venezuela con zonas de seguridad, así como varios computadoras y teléfonos personales.
Ante la declaración de desaparición forzada que denunció la Oficina de la ONU para DDHH en Venezuela, el gobierno ordenó su expulsión del país el 15 de febrero y anunció una evaluación del memorando de entendimiento que firmó con la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet en septiembre de 2019, lo que permitió la entrada al país de los funcionarios del organismo.
San Miguel es una experta en seguridad y defensa de la Nación. Dictó clases en universidades militares sobre el tema y en el año 2013 fundó Control Ciudadano, una ONG que se dedica a estos temas.
Precisamente por ello, Saab cuestionó cómo dentro de sus computadoras había perfiles de los miembros del alto mando militar, resúmenes que son de dominio público en el sitio web de la organización no gubernamental que dirige la activista.
El artículo 49 de la Constitución venezolana garantiza que “toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”.
Además de la defensora y González Canales, el Ministerio Público apresó y mantuvo en desaparición forzada a la hija de San Miguel, Miranda Díaz; al padre de la joven, Víctor Díaz y dos hermanos de la abogada: Miguel y Alberto San Miguel. A todos ellos los excarcelaron con medidas de presentación cada 8 días en tribunales, prohibición de salida del país y de declarar a los medios.
Constitución garantiza comunicación a detenidos
La Carta Magna venezolana también dice en su artículo 44, numeral 2, que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas”.
San Miguel solo pudo recibir la visita de su hija Miranda el domingo 18 de febrero, después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se comunicó con su par venezolano Yván Gil para hablar de su arresto. Tanto la activista como su hija y otros familiares tienen la nacionalidad española.
ONG defensoras de derechos humanos acudieron este martes 20 de febrero a la embajada de España en Caracas para entregar un documento a los diplomáticos del país europeo, donde exigen que continúen las labores consulares a favor de la activista y se garantice su integridad física.
A la abogada solo le permitieron tener una defensa pública, que según el fiscal Saab la solicitó ella misma, lo que desmiente su representación legal privada.