La jueza de apelaciones Kahterine Harrington ratificó la condena contra la presa política Emirlendris Benítez, a quien sentenciaron a 30 años de prisión por su presunta participación en el caso dron.
“La juez de apelación Katherine Harrington ratificó la injusta condena de mi hermana Emirlendris Benítez saliendo que ella es inocente pido libertad para mi hermana”, escribió este miércoles 3 de abril, Melania Leal, hermana de la presa política.
Benítez se encuentra privada de libertad desde el 5 agosto de 2018. Actualmente está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda.
A Benítez, una comerciante, la apresaron por su presunta responsabilidad en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro del 4 de agosto de 2018, cuando el mandatario participaba en los actos del 81 aniversario de la Guardia Nacional que se realizaban en la avenida Bolívar de Caracas.
Benítez ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tuvo un aborto, según denuncian sus familiares. Emirlendris tenía cuatro meses de embarazo cuando la detuvieron.
Familia defiende inocencia de Benítez
La comerciante y sus familiares mantienen que ella no está relacionada con ese fallido magnicidio y que es inocente de lo que se le acusa. Sostienen que tampoco hay pruebas para demostrarlo.
Es madre de dos hijos: uno de nueve años de edad y otra de 23 años. Desde su aprehensión, estuvo durante un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, área metropolitana de Caracas, hasta que la trasladaron a la cárcel de mujeres en la capital mirandina.
Salud complicada de la presa política
El estado de salud de Benítez sigue delicado. Tras casi seis años de prisión, las complicaciones médicas de la mujer de 42 años de edad son motivo de profunda preocupación de sus familiares.
Fuentes cercanas a Benítez informaron el mes pasado que la presa política sigue con dolores en la columna y, aunque le medicaron tratamientos, los fármacos no surten efecto. Emirlendris se encuentra en silla de ruedas debido a las graves torturas y una infiltración de biopolímeros en sus glúteos.
“Ella sigue igual, con el mismo dolor y le mandaron un tratamiento, pero no le ha hecho efecto. Le mandaron a hacer una resonancia y rayos X y en lo que tenga los resultados tiene otra consulta médica”, informó una fuente familiar a Efecto Cocuyo.
ONU dice que es una detención arbitraria
En febrero de 2023, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que la detención de Benítez fue arbitraria.
Este panel de expertos pidó al gobierno venezolano ponerla “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de acuerdo con el derecho internacional”, según difundieron en ese momento.
A Benítez la apresaron sin orden de arresto. El grupo de Naciones Unidas señaló que a la mujer no le hicieron conocer los motivos de su detención y la mantuvieron incomunicada.
En abril del año pasado, y de nuevo en febrero de este 2024, la ONG Amnistía Internacional exigió atención médica urgente para ella en un llamado público.
Quién ratificó la condena
El 22 de marzo del año pasado a Khanterine Harrington la juramentaron como nueva presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas tras la destitución de Cristóbal Cornielles, involucrado en los hechos de corrupción.
A Harringhton se le recuerda gracias al incidente que protagonizó en 2017, cuando ingresó metida en el maletero de un carro a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta de Caracas, con la finalidad de tomar por asalto el despacho que en ese entonces ocupaba la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Ese año, la designaron vicefiscal por el Tribunal Supremo de Justicia, algo que rechazó Ortega Díaz para luego nombrar en el cargo a Rafael González. En ese entonces hubo varios incidentes en el Ministerio Público motivado a que la entonces fiscal general se negaba a reconocer que la Asamblea Nacional elegida en 2015 estaba en desacato, tal como sentenció la Sala Constitucional del TSJ.
La presidenta del Circuito Judicial de Caracas siempre ha estado inmersa en polémicas, pues en sus funciones como fiscal y juez se prestó a la persecución de varios dirigentes opositores, algunos convertidos en presos políticos.
Fue fiscal 20 nacional del Ministerio Público e intervino en las causas contra la dirigente María Corina Machado, el exalcalde Antonio Ledezma, y el exgobernador de Carabobo Henrique Salas Romer.
En marzo de 2015 la incluyeron en la lista de funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa y congeló bienes en el exterior. Apenas un mes después de las sanciones, Maduro la nombró viceministra del Sistema de Investigación Penal.
El 30 de marzo de 2018, recibió una sanción del gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tres meses después, el 25 de junio, la Unión Europea también emitió una demanda de este tipo y se le prohibió viajar a este territorio comunitario. También se activó la congelación de los bienes que puedan tener en la organización, indica su perfil en el portal Poderopedia.