La ONG Espacio Público documentó 10 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en el mes de julio, dijeron en un informe este sábado 5 de agosto.
Entre las personas o instituciones afectadas contabilizaron “tres medios de comunicación, dos periodistas/reporteros y un particular. Las violaciones fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios”.
Citaron el caso de la dirigente indígena Nancy Herrera, a quien un militar intimidó y luego la obligó a pedirle disculpas como parte de los operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) contra la minería ilegal en Amazonas.
Además, el 11 de julio al periodista Jesús Vásquez lo amenazaron con detenerlo por publicar información en el medio Noticostas Venezuela. La amenaza provino de funcionarios de Protección Civil en el municipio Píritu.
“Vázquez también recibió amenazas y vivió actos de intimidación por parte del alcalde de Píritu, Jesús Méndez (del partido Fuerza Vecinal), por las publicaciones, donde explica que la Alcaldía no ha planificado la limpieza y remoción de los escombros y de la basura que bordea las viviendas por el alza del nivel de la quebrada”, detalló la ONG venezolana.
Mientras que en Caracas ocurrieron actos de intimidación contra activistas de los derechos humanos que protestaron frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, contra la detención de 33 hombres gays, que se registró en la ciudad de Valencia el 23 de julio.
“Aisak Ovalles, activista de la ONG País Plural, denunció que efectivos de Policaracas empezaron a grabar y tomar fotos conforme pasaba el tiempo de la protesta”, explicaron sobre este caso.
Gorrín, buscado por EEUU, ataca a medios
Espacio Público hizo mencionó a las ofensas en su cuenta de la red social X, antes Twitter, del dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín, contra el medio digital El Pitazo y el periodista Roberto Deniz.
“El ataque surgió en respuesta a una nota que reseñaba las críticas que hicieron usuarios de redes sociales a Raúl Gorrín por una publicación en Twitter del 12 de julio, en la que atacó a los candidatos de la elección primaria de la oposición”, resumió la organización gubernamental.
Gorrín, a quien Estados Unidos tiene en su lista de los fugitivos más buscados por los supuestos delitos de lavado de dinero y violación de la Ley de prácticas corruptas de esa nación, también arremetió contra el periodista del medio de investigación Armando.Info.
El pasado mes de abril, la administración estadounidense recordó que se mantiene en esa lista.
“El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano”, dice la acusación contra el dueño del canal de noticias.
También lo señalan “de realizar transferencias de dinero para, y de, los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les compró y les pagó los gastos a dichos funcionarios relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda”.
Cierre de una emisora
Espacio Público detalló el cierre de la emisora tachirense Éxtasis 97.7 FM, tras la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en San Cristóbal.
En esta región andina se produjo otro de los casos. La Alcaldía del municipio Jáuregui “atacó y hostigó al medio digital La Grita 7 Diario, a través de su cuenta institucional en Instagram, por una nota que publicó sobre la presunta paralización de una unidad de hemodiálisis en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Grita”.