“En cada pupitre faltará un muchacho, este nuevo año escolar”. La docente jubilada y fundadora del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (Mesr), Raquel Figueroa, denunció este jueves, 10 de octubre, la ausencia total de atención educativa en el sistema carcelario venezolano, sobre todo en atención a los más de 150 adolescentes convertidos en presos políticos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de los cuales se mantienen 70 tras las rejas según la cuenta de la ONG Foro Penal.
Figueroa detalla que a todas las violaciones a derechos en el caso de los jóvenes y, particularmente en el caso de los adolescentes, se le suma la suspensión de facto del derecho a la educación, contemplada en la Lopnna, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución, incluso en los casos de jóvenes y NNA que viven un proceso penal.
“El ministro de Educación, en lugar de pedirle a los jubilados que atiendan la grave crisis de docentes que ellos crearon, al destruir la carrera docente, debería presentar un plan para atender educacionalmente no solo a los chamos presos políticos a quienes les están violando sus derechos, sino a toda la población joven que está encarcelada en Venezuela”, sentenció.
Leyes que no se cumplen
“Esos niños y niñas han sido sometidos a vejámenes como los descritos por Cecodap: negación de defensa, precalificación de delitos, estigmatización, tratos inhumanos y crueles, violación al debido proceso, un juicio preferencial establecido por jueces de infancia que la propia ley establece. Es muy larga la lista de violaciones. Pero a esto se le suma uno de los tres pilares del Sistema de Protección venezolano: el derecho a la Educación”, detalló la dirigente magisterial.
El artículo 103 de la Constitución nacional establece por ley la garantía de “igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.
Pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 53 de la Lopnna, que es la ley que corresponde aplicar en casos como los señalados por el Gobierno, se establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”.
Para la dirigente magisterial, “esto determina la plena responsabilidad del Estado en materia de garantía del derecho a la educación en el caso de los adolescentes presos políticos”.
Campaña por adolescentes presos políticos
El MESR propone que familiares, ONG de DDHH, abogados y la sociedad venezolana, acompañen la lucha por la libertad de NNA y jóvenes en general, con la exigencia del derecho a la educación. “Incluso, estamos evaluando la posibilidad de organizar a un grupo de maestros en los estados donde encarcelaron estos chamos, para ir a atender de alguna forma su proceso educativo, evaluar su situación y sistematizar alguna medida junto a las familias, para que los adolescentes que padecen esta situación puedan tener, en alguna medida, atención en materia educativa”.
A propósito de esta iniciativa, Pedro García, presidente de la asociación de docentes jubilados de Caracas, denuncia que la solicitud que les ha hecho el nuevo Ministro de Educación a los jubilados es un “falso acto de solidaridad. Es preferible dirigir nuestra solidaridad a atender a estos NNA presos, que están siendo víctimas de varias violaciones de derechos y están en una situación crítica, sumamente vulnerable”.
“Nos pagan una miseria, nos robaron nuestra jubilación y nuestros ahorros, nos piden ahora que volvamos a trabajar con la miseria que pagan y luego de haber cumplido plenamente nuestra vida laboral y merecer hoy un descanso que, con la asignación que nos dan, no podemos tener. Y quieren ahora pedirnos un sacrificio. Eso es cínico”, denunció García, dirigente y cofundador del Mers. “Un acto de solidaridad haría yo por esos niños, que son la población más vulnerable en este momento en el país”, dijo.
Proceso penal de adolescentes es distinto
García detalló que de acuerdo a la ley venezolana, un adolescente a partir de los 14 años es responsable por los actos que cometa. Pero el proceso penal es, por ley, distinto al de los adultos. “La ley indica que la pena debe conducir a la reparación del daño causado y a la educación del adolescente sobre las consecuencias de sus actos”, precisa el maestro.
“Lo que se debe garantizar, suponiendo que fuesen culpables en el peor supuesto negado, es un proceso educativo que brinde desarrollo, conciencia y capacidad social de reparar el daño que supuestamente causaron a la sociedad. Pero en este caso, yo siento más bien que ellos estaban defendiendo el derecho de todos los que votamos el 28 de julio. Más bien esos chamos son unos héroes y así debemos considerarlos”, finalizó.