Golpeado con un bate, sometido a descargas eléctricas y amenazas con un fusil. Estas son algunas de las torturas que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cometieron contra el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.
La ONG Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) detalla los vejámenes que cometieron contra el universitario desde su detención y desaparición forzada a finales de agosto hasta que el lunes 4 de septiembre lo presentaron en tribunales de Caracas, donde él contó ante el juzgado lo que vivió desde el 30 de agosto y los días posteriores a que se conoció que había sido arrestado.
“Álvarez relató que agentes del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con otro oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración, para incriminar a Carlos Salazar, sindicalista de la Coalición Nacional Sindical, y Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal”, explicó Provea este viernes 8 de septiembre.
Qué torturas le infligieron a John Álvarez
Al joven lo amenazaron que de no grabar el video le iban a disparar con un fusil.
Lo golpearon con un bate pero antes lo envolvieron “con un jergón de cama cubierto con fundas para que no dejara evidencias”, explicó la organización no gubernamental.
Además le aplicaron “descargas eléctricas en rodillas, costillas, testículos”, como parte de las torturas contra Álvarez.
Sus abogados defensores lo denunciaron desde que al estudiante de Antropología de la UCV lo llevaron al Palacio de Justicia de Caracas el lunes 4 de septiembre, donde él mismo ofreció su testimonio.
Ante esto, los familiares y juristas que lo representan acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la capital del país, para exigir al titular de este despacho, Alfredo Ruiz, activar la Comisión Nacional contra la Tortura, a fin de investigar estos hechos que señaló Álvarez.
“La torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela”, recordó Provea sobre este tipo de delitos que cometen funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ya en el año 2020 en su primer reporte sobre el caso venezolano, la Misión de Determinación de Hechos que investiga crímenes en el país, alertó sobre este tipo de prácticas.
En ese informe emitido en 2020, mencionaron que centros clandestinos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos.