Condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales con cargos de terroritas fue considerado este viernes 11 de agosto por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “abuso crónico” de las leyes antiterroristas utilizadas en Venezuela.
“Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela”, señalaron en comunicado publicado en el portal oficial del organismo internacional.
Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, expresaron su profunda preocupación por la sentencia del pasado 1 de agosto de 2023 que condenó a seis sindicalistas y dirigentes sindicales venezolanos en virtud de las medidas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo.
“En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional“, afirmaron.
Ya los expertos habían señalalo con antelación la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
“Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada”, expusieron, tras denunciar “el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación”.
Sobre el uso de medidas antiterroristas resaltaron que “debe ser necesario, proporcional y no discriminatorio”. De esta forma, los expertos recordaron que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.
Penas muy largas
El martes 1° de agosto la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, sentenció a 16 años de prisión a los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez.
Para los expertos de la ONU todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas, lo que les causa profunda preocupación.
“Consideramos que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela“, señalaron.
Son del criterio, que “la dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno”.
Tendencia creciente
Según los expertos, las condenas representan una tendencia creciente y preocupante en Venezuela de perseguir y acosar a quienes expresan opiniones discrepantes con el Gobierno o defienden derechos humanos.
“Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos”, resaltaron.
Por otra parte, también consideraron las condenas como “un ataque a la libertad de asociación, dirigido contra organizaciones cuya razón de ser es atraer a los individuos a la acción colectiva para mejorar sus vidas y las de sus comunidades”.
Deben revisar condenas
Los expertos también instaron a los tribunales venezolanos aplicar estádares internacionales en derechos humanos y revisar “urgentemente” las condenas.
De esta forma, pidieron el cese inmediato en el uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos, asimismo solicitaron a otros países exigir al Gobierno de Venezuela que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, los expertos alientan a las autoridades venezolanas a implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo.