Como es habitual desde hace más de 30 años, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó su informe anual sobre la vida en Venezuela en materia humanitaria y de libertades sociales.
La organización dio a conocer un balance de los 10 años de Nicolás Maduro en el poder y la conclusión no fue positiva. “Ha sido una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, resume la ONG en el ápice dedicado a evaluar al actual gobernante venezolano.
El panel para la presentación del informe estuvo compuesto por Lissette González, coordinadora del programa de monitoreo y difusión, así como por Óscar Murillo, coordinador general de Provea.
Precisamente, Murillo aseguró que una de las conclusiones de balance es que “no cesó la persecución contra aquellos que piensan diferente”, aunque alabó a las personas que se mantienen en el activismo por los derechos humanos a pesar del auge de la represión por parte del gobierno de Maduro.
Mientras tanto, González explicó que el Estado venezolano ha empleado la mayor parte de sus recursos con el fin de reprimir. “No solo al liderazgo político, sino a esos miembros más vulnerables y más excluidos que están padeciendo las consecuencias de esta crisis”.
Principales hallazgos del informe Provea 2023
Uno de las principales revelaciones que deja este informe en el ámbito económico es la medición de la pobreza en Venezuela.
Contrario a la versión impulsada desde el gobierno venezolano, Provea asegura que la depresión económica en los sectores más vulnerables del país ocurre desde antes de la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos.
En lo que corresponde especificamente a 2023, Provea indica que “Venezuela continúa en Emergencia Humanitaria Compleja” y que no se cumplió el pronóstico hecho por las autoridades criollas al vender la premisa de “Venezuela se arregló”.
En el balance también se menciona la caída abrupta del salario mínimo en Venezuela, el cual no ha presentado aumentos desde hace dos años.
Provea confirma lo que alertaba hace años cuando empezó a ver patrones que mostraban que el gobierno de Nicolás Maduro es de carácter antiobrero, contrario a lo que esbozan los dirigentes del chavismo.
“Más de 120 sindicalistas han sido detenidos y 3479 trabajadores amenazados. Incluso los hostigan si publican algún estado en redes sociales”, explicó Óscar Murillo en la presentación del balance.
La salud sigue siendo uno de los puntos más críticos en Venezuela. Solo en 2023 se registraron 103.000 denuncias sobre vulneraciones al derecho de la salud en Venezuela.
“Los servicios de los hospitales tuvieron una caída mayor al 70%, los ambulatorios 80% y los centros de atención primaria del país 90%”, indica el documento.
Criminalización de la protesta y persecución a quienes piensan diferente
Provea dedicó buena parte de la presentación del informe 2023 a hablar sobre la persecución que viven constantemente líderes políticos, pero también dirigentes locales, sindicalistas y activistas que exigen reivindicaciones en temas básicos como salario, salud y servicios básicos.
En el documento se puede ver que hubo 4.100 protestas durante 2023, siendo la mayoría convocadas por los trabajadores venezolanos. Especialmente exigiendo salarios dignos y respeto a las convenciones colectivas.
“Frente a este panorama, la política de represión se ha mantenido dirigida hacia los líderes laborales y sociales que pueden movilizar el descontento”, reza parte del informe.
Una de estas personas asediadas por las autoridades venezolanas acudió al evento de este martes y contó lo que vivió. Se trata de Alcides Bracho, quien fue detenido luego de exigir reivindicaciones laborales en el estado Bolívar. Bracho fue sentenciado a 16 años de prisión, pero luego fue excarcelado el pasado 20 de diciembre.
“Nos pueden llevar detenidos por cualquier cosa. Por lo que quieran. Por eso necesitamos máxima solidaridad”, dijo Bracho a los presentes en el foro.
Espacio cívico cercado y con amenazas
El contexto del informe también indica que durante 2023 se vivió un mayor cierre del espacio cívico en Venezuela. Esto, particularmente motivo por el proyecto de Ley de Fiscalización de las ONG aprobado en primera discusión en enero de este año.
En el documento también se resalta la articulación ciudadana para lograr con éxito la elección primaria de octubre de 2023 “pese a las dificultades logísticas y la ausencia de información fuera del espacio digital”.
Sin embargo, durante 2024 se ha visto un incremento en detenciones de dirigentes locales, así como de activistas en pro de los derechos humanos.
Balance de 10 años con Nicolás Maduro en el poder
El informe aparte que se dedica nada más a analizar la gestión de Nicolás Maduro en el poder arroja datos reveladores, pero nada positivos. Para empezar, el propio Nicolás Maduro rompió con su primera premisa: ser un presidente obrero. Los hallazgos de Provea refieren que el gobernante ha sido uno de los principales anti obreristas del chavismo en los últimos años.
También se avanzó en el abuso de poder y en la criminalización de la protesta. No obstante, el gobierno de Maduro no ha logrado reducir por completo las actividades de calle convocadas por la ciudadania venezolana.
Uno de los puntos más importantes de este apartado es la cantidad de muertes a manos de funcionarios de seguridad. Según Provea, entre 2013 y 2023 ocurrieron más de 10.000 asesinatos por funcionarios de los diferentes cuerpos de ley en el país. “La mayoría son personas jóvenes de los sectores populares”, explicó Lissette González.
También se dio a conocer que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sería presuntamente responsable del 30% de estas víctimas. Además se dio a conocer que Venezuela suma 1652 víctimas de tortura en los 10 años de gobierno de Maduro y que en 2023 la mayoría fueron mujeres.
Panorama para 2024
El pronóstico de 2024 para Provea no es nada alentador. Aunque hacen la salvedad de que podría haber un crecimiento económico (esto antes de que Estados Unidos anunciara el restablecimiento de algunas sanciones), el informe estima que este repunte no será percibido de forma automática por la población venezolana.
Provea también ve con preocupación el aumento de las detenciones y desapariciones de líderes locales, así como el aumento de la represión. Sin embargo, aclara que la presencia de observación internacional podría “hacer contención a estos patrones de persecución y criminalización de la disidencia”.