El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó la noche de este 12 de febrero, que solicitará ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, medida privativa de libertad contra la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.
A través de su cuenta en la red social X, Saab especificó que los delitos imputados a la presidenta de la ONG Control Ciudadano son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, denominada “brazalete blanco”. No especificó sitio de reclusión ni condiciones de salud de la abogada y experta en temas militares.
De acuerdo con Saab, también solicitará la misma medida contra Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
Informó que estaba en desarrollo audiencia de presentación, en un tribunal no especificado, de San Miguel y de sus cinco familiares.
Medidas cautelares para cuatro familiares
En cuanto al resto de los familiares de San Miguel, sin nombrarlos, Saab indicó que pedirá medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa. Tampoco informó sobre la ubicación ni condiciones de dichas personas identificadas por los abogados defensores como Miranda Díaz San Miguel (hija de Rocío San Miguel), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Víctor Díaz Paruta (militar retirado y padre de Miranda).
Rocío San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en momentos en que se disponía a viajar con su hija. Abogados defensores y ONG denuncian desaparición forzada porque las autoridades no han informado desde entonces qué cuerpo policial la detuvo ni dónde está recluida.
En la misma situación se encuentran sus familiares, a quienes se les perdió la pista hace más de 48 horas, luego de que también fueran apresados según versiones de testigos.
Saab aseguró que fueron giradas las respectivas órdenes de aprehensión contra los señalados dentro de los lapsos legales correspondientes y “en apego estricto” a los derechos humanos y garantías constitucionales, algo que la defensa de San Miguel desmiente porque no han tenido acceso a ella desde su detención.
El abogado de San Miguel, Juan González, introdujo este lunes una medida de amparo constitucional para que un tribunal informe sobre la ubicación de San Miguel y los cargos imputados en su contra, a fin de armar la defensa legal de la abogada.