La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel y pidió al gobierno de Nicolás Maduro poner fin a la represión contra opositores.
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a salir de viaje con su hija. Este 12 de febrero, el fiscal Tarek William Saab informó que la abogada y cinco familiares, tuvieron una audiencia en el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo, en la que el Ministerio Público solicitó que siga privada de libertad.
Fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, denominada “brazalete blanco”.
“El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal”, advirtió Valiñas.
“El Estado viola derechos humanos”
La defensa de San Miguel reiteró este 13 de febrero que sigue en situación de desaparición forzada porque Saab no informó dónde la tienen ni en qué condiciones, al igual que los familiares. Sus abogados no han tenido acceso a la activista de DD. HH. desde su detención.
“El Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos. Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”, observó otro miembro de la Misión, Francisco Cox en nota de prensa.
EL fiscal informó que también fue solicitada privativa de libertad contra Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
Para Miranda Díaz San Miguel (hija de Rocío San Miguel), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda), también detenidos, el Ministerio Público pidió medidas cautelares, consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal.
Se busca reducir espacio cívico
“De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”, apuntó igualmente Patricia Tappatá, integrante de la Misión.
Subrayó que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y familiares cumple con el objetivo de “infundir temor” entre quienes expresan críticas al Gobierno, “haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.
Valiñas advirtió además que la ley que busca regular y controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que prepara la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo más la detención de activistas de DD. HH. como San Miguel, tienen el objetivo de reducir el espacio cívico en Venezuela.
“Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos”, rechazó.