La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió la “inmediata liberación” de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el organismo emitió su preocupación por la detención de San Miguel y calificó que estaba en desaparición forzada, después de que la detuvieron el pasado 9 de febrero cuando intentaba salir del país y desde entonces ni sus familiares ni abogados han tenido acceso a ella.
“Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, postearon en la cuenta oficial de la Oficina en la red X.
La noche de este lunes 12 de febrero, el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que San Miguel y cinco miembros de su núcleo familiar serían presentados en un tribunal de Caracas con competencia en terrorismo.
A la defensora de derechos humanos y experta en temas militares y de seguridad nacional le imputarían los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación“.
El gobierno implica a San Miguel en un supuesto plan que denominan “Brazalete blanco”, que buscaba, siempre según la versión del Ministerio Público y Miraflores, atentar contra la vida del mandatario Nicolás Maduro.
Imputación familiar
Además, el funcionario informó que Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, también iba a ser imputado y privado de libertad. Esto por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
Sin dar sus nombres, en su cuenta de X, Saab agregó que a la hija y dos hermanos de San Miguel les iban a presentar cargos, pero con medidas cautelares; es decir, con presentación periódica en tribunales.
Se trata de Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Víctor Díaz Paruta (militar retirado y padre de Miranda).
Te contamos: Misión de la ONU: Se ha intensificado el ataque al espacio cívico en Venezuela
Qué pasa con los DDHH en Venezuela
Diversas ONG nacionales e internacionales condenaron de forma enérgica la aprehensión de la defensora de derechos humanos, quien iba a salir del país el 9 de febrero, pero la detuvieron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado Vargas.
Desde que se alertó sobre su desaparición, el domingo 11 de febrero, sus abogados no han podido determinar el lugar de reclusión ni tampoco tenían conocimiento de que contra ella existiera una orden de detención.
Uno de sus defensores introdujo un habeas corpus en tribunales este lunes 12 de febrero, para que la justicia respondiera sobre el paradero de San Miguel.
En septiembre de 2023, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que sigue un mandato del Consejo de DDHH de la ONU para investigar las violaciones de garantías fundamentales en el país, alertó sobre los ataques gubernamentales contra el espacio cívico en el país.
“Continúan cometiéndose en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la Misión, al presentar su último informe.