La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que por tercera vez suspendieron el traslado a tribunales de la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.
Esto impide a la presidenta de la ONG Control Ciudadano poder tener una defensa privada, una irregularidad que denuncia su equipo de abogados pocos días después de su detención por parte de las autoridades, de la que se cumplirá un mes este 9 de marzo.
«Este martes 5 de marzo de 2024 fue suspendido por tercera vez el traslado de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel al tribunal Segundo de Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo», se quejó la organización no gubernamental que defiende a presos políticos, en su cuenta de la red social X.
Desde la aprehensión a San Miguel, el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, la activista solo ha contado con un defensor público que la representó cuando la presentaron en tribunales el día 12 de febrero.
Junto con ella privaron de libertad a su expareja Alejandro González Canales, mientras que a cuatro miembros de la familia de San Miguel (una hija, dos hermanos y una expareja) los detuvieron y después liberaron bajo presentación en tribunales y prohibición de salida del país.
Sin derecho a defensa privada
En reiteradas ocasiones a sus abogados le han impedido asumir su defensa, lo que limita que pueda contar con representantes legales de su confianza, como lo establece la Constitución venezolana de 1999.
Justicia, Encuentro y Perdón recordó que «Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 y víctima de desaparición forzada durante las siguientes 100 horas. Transcurrido casi un mes, ella no ha podido ver ni hablar con abogados de su confianza. Permanece presa en la sede del Sebin de El Helicoide».
Además, tampoco ha tenido contacto con su familia desde el pasado 18 de febrero, cuando su hija Miranda Díaz San Miguel pudo visitarla en el Sebin gracias a la mediación del gobierno español.
De qué acusa el gobierno a San Miguel
El gobierno y el Ministerio Público acusan a San Miguel y González Canales de ser parte de un supuesto plan para atentar contra el gobernante Nicolás Maduro, que denominaron «brazalete blanco».
Por este mismo proceso han sido detenidos varios militares y hay órdenes de aprehensión contra la defensora de DDHH, Tamara Suju; la periodista Sebastiana Barráez y otros influencers que generan contenido en sus canales o redes sociales.
Para el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, no hubo desaparición forzada de San Miguel, y en una rueda de prensa para presentar pruebas en su contra mostró una serie de mapas cartográficos, teléfonos celulares y computadoras portátiles, que contenían información sobre el trabajo de la abogada y activista como presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Esta organización no gubernamental se dedica a temas de seguridad y defensa nacional, con énfasis en la Fuerza Armada Nacional.