Han pasado dos meses desde que Rocío San Miguel, abogada y activista fue detenida por funcionarios de seguridad del Estado e involucrada en el caso denominado por la Fiscalía como “Brazalete Blanco”.
A la activista de derechos humanos la arrestaron el pasado 9 de febrero en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, cuando se disponía a realizar un viaje al exterior junto a su hija.
Desde el primer momento de su detención San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, no ha tenido derecho a la defensa privada como lo establece la Constitución de Venezuela, pese a que su equipo de abogados ha hecho malabares para poder representarla.
Defensa privada desconoce cargos
A pesar de que el pasado 1 de abril, el Ministerio Público (MP) presentó la acusación contra San Miguel y contra su expareja Alejandro González, los abogados privados de la defensora de derechos humanos desconocen los cargos que se le imputan a poco tiempo de realizarse la audiencia preliminar.
El abogado Joel García, quien junto a otro equipo de destacados juristas espera que se le juramente para iniciar el proceso de defensa de San Miguel, informó en una entrevista con Efecto Cocuyo que la activista sigue en estado de indefensión.
“A pesar de tener dos meses en prisión Rocío San Miguel no ha tenido acceso a su defensa de confianza, no se ha podido ejercer en nombre de ella los actos de defensa que ameritaba para desvirtuar las imputaciones del Ministerio Público”, dijo el jurista en un contacto telefónico.
Desde su detención el Juzgado 2 de Control con competencia en Terrorismo en múltiples ocasiones no ha ordenado el traslado para designar el equipo de defensa de confianza de San Miguel y a los defensores no se les comunica la razón.
San Miguel cuenta con defensa pública que, según declaraciones de García, ni siquiera ha ido a conversar con la activista en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, donde está arrestada desde el 9 de febrero.
Sin acceso al expediente
García detalló que hasta este miércoles 10 de abril, la defensa continúa sin acceso al expediente del caso y reiteró que tampoco conocen los cargos por la que la acusan, ya que el juez de la causa, Carlos Nieto, les impide el derecho a la defensa de la activista.
“No es mucho lo que podemos decir en cuanto a la causa. Rocío San Miguel va a una audiencia preliminar en estado de indefensión”, aseguró.
El abogado recalcó que además de no visitarla, la defensora pública que tiene San Miguel, no ha realizado acto alguno a favor de la directora de Control Ciudadano.
Recibe visita
Desde el día que se produjo la detención de la defensora de derechos humanos hasta su presentación en tribunales, el 12 de febrero, se mantuvo en desaparición forzada, como denunciaron sus representantes legales, ONG nacionales e internacionales y hasta la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. Esto último hizo que el gobierno de Nicolás Maduro lo calificara como una injerencia en asuntos internos y por tanto ordenó su expulsión del país.
Durante los primeros días de detención de San Miguel su familia no pudo verla con regularidad. La primera visita que recibió fue el 18 de febrero, gracias a la mediación del gobierno español.
Tras este primer encuentro, la defensa de San Miguel informó que la activista estuvo más de 20 días sin comunicación con sus familiares directos y tampoco pudo hablar con familiares.
Sin embargo. el abogado García indicó este miércoles, que Miranda Díaz San Miguel, ahora sí ha podido ver a su madre todas las semanas sin ningún tipo de problemas.
Las condiciones de reclusión
García indicó que las condiciones de reclusión de San Miguel son las mismas que han descrito las y los privados de libertad que se encuentran arrestados en esa cárcel de la policía política venezolana.
En informes de organizaciones defensoras de derechos de los privados de libertad como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han descrito que en El Helicoide hay hacinamiento e insalubridad, ya que ese recinto carcelario no está apto para ser una prisión.
Estas organizaciones también han informado que con respecto a las condiciones de género, en El Helicoide, no tiene capacidad para la atención diferenciada de las mujeres privadas de libertad.
“Las condiciones de reclusión de San Miguel es igual a la de los demás reclusos que están en El Helicoide”, reiteró.
San Miguel sigue firme
A pesar de la situación que atraviesa la defensora de derechos humanos, su defensa aseveró que San Miguel se mantiene firme en lo que respecta a sus convicciones de inocencia.
Agregó que el equipo defensor ha ejercido acciones de amparo tras la violación del derecho a la defensa que ha sufrido San Miguel durante su estancia en prisión, pero que este recurso ha sido declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones.
“De entrada lo declaran inadmisible y por ello, ella sigue en estado de indefensión. Van transcurriendo los días para que realice la audiencia preliminar y no cuenta con defensa privada. A las personas en Venezuela se les persigue por sus ideales, por su disidencia política y no porque haya cometido un hecho o una conducta delictual”, explicó el abogado.