El 9 de febrero de este año, la policía política venezolana detuvo, sin razones aparentes, a la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel. Durante estos 5 meses de cautiverio, todavía sus abogados desconocen el expediente que se le sigue y siguen calificando la detención como un acto a todas luces violatorios del debido proceso.
A San Miguel la arrestan funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando se disponía a viajar desde Caracas hacia Miami con su hija. La abogada, activista y experta en seguridad fue implicada en una supuesta conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. El arresto reavivó el fantasma de persecución política en Venezuela hacia organizaciones defensoras de los DD. HH.
San Miguel permanece detenida en El Helicoide, la cárcel del servicio de inteligencia. Al no poder contactar con los abogados que la representan, no ha tenido oportunidad de preparar su defensa ni conocer exactamente cuáles son las pruebas en su contra.
«La realidad es que la situación sigue prácticamente igual desde el primer día: no ha podido designar abogado de su confianza y se maneja todo en el más absoluto oscurantismo. La única ventaja que ha tenido ella es la posibilidad de recibir visita de su hija, que es la única persona a la que se le permite visitarla; ninguno de los abogados que hemos estado a cargo de su defensa ha podido ser designado formalmente ni ha podido constituirse la defensa técnica; por consiguiente ella sigue supuestamente defendida por un defensor público que se llama Yonimar Flores, la Defensora Público 49 de Caracas», explicó uno de sus abogados, Juan González, en conversación este martes 9 de julio con Efecto Cocuyo.
Cómo avanza el caso de San Miguel
González señaló que, aunque ya se ha debido realizar la audiencia preliminar en franca oposición de la doctora San Miguel, sin la presencia de los defensores privados, hasta el día de hoy eso no se ha verificado.
«Entonces seguimos en la misma situación: no tenemos acceso al expediente ni a la doctora San Miguel; ella sigue detenida sin tener comunicación, salvo con su hija Miranda Díaz San Miguel, que es nuestro canal importante de comunicación entre ellos y nosotros. Todas las acciones que hemos ejercido a los fines de tratar de constituir la defensa técnica son infructuosas, el amparo lo declararon inadmisible, apelamos de esa decisión dictada por la Corte de Apelaciones y aún esperamos respuesta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia», agregó el jurista.
Desde el día del arresto irregular, el caso desencadenó condenas, dentro y fuera del país, de organismos defensores de los derechos humanos, así como también de la representación diplomática de España; esto debido a que San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española.
«De hecho, el cónsul general de España en Venezuela, conforme a la legislación vigente, nos designó como sus abogados. Él hizo una designación, él se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores y se dirigió al propio tribunal directamente, dando cuenta que esta legación diplomática, por órgano de su cónsul general, designaba a los abogados de la doctora San Miguel, como lo hizo igualmente con el señor Alejandro González, excónyuge de la detenida», añadió.
Tribunal no ofrece respuestas a abogados
Enfatizó que hasta la presente fecha los defensores de San Miguel siguen sin respuesta por el tribunal, respecto de la constitución de la defensa técnica y «por eso tuvimos que meter el amparo que bajo unos argumentos bastante absurdos declararon inadmisible. Y bueno, esperamos ahora decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia».
La Fiscalía no ha proporcionado evidencia que avalen las acusaciones de traición a la patria, conspiración y terrorismo, entre otros delitos, que le imputan a la activista, según su equipo defensor.
Más de 200 organizaciones no gubernamentales exigieron su liberación inmediata y pidieron a la comunidad internacional condenar las acciones contra San Miguel y su familia. El Gobierno de Estados Unidos también expresó preocupación y el pronunciamiento provocó la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuyo personal tuvo que abandonar el país en 72 horas.