El silencio retumba en la radio. Una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), confirmada por organizaciones de la sociedad civil, ha hecho que los programas informativos y de opinión tomen “un receso” obligado desde el lunes 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) confirmaron órdenes de Conatel en varias regiones del país que advierten a emisoras de radio que pueden perder la concesión si hablan de las protestas.
El mensaje, en el que varía solo el nombre del encargado de Conatel en las regiones, es este:
“Siguiendo instrucciones de nuestro Director General G/D Jorge Eliéser Márquez Monsalve. Se les informa lo siguiente: Prohibición de transmisión de noticias que infrinjan elementos clasificados de violencia so, pena de multa o retiro de concesión”.
Ipys Venezuela constató su veracidad en Bolívar, Carabobo, Falcón, Monagas y desde este 1 de agosto se sumó Amazonas. Mientras, que el Sntp agrega a esas regiones a Zulia, Aragua, Nueva Esparta y Barinas, lo que sumaría nueve estados donde Conatel advirtió a las emisoras que pueden ser cerradas si transmiten información sobre protestas.
En Caracas, desde el 30 de julio no se transmite el programa de Román Lozinski en Circuitos Éxitos. Ese día entrevistó al politólogo John Magdaleno sobre el proceso electoral presidencial. En sus redes sociales, en X por ejemplo, el último post del periodista fue a las 10:33 a.m. sobre la conversación con el experto venezolano.
En la emisora hermana, Onda, Shirley Varnagy no ha estado al aire esta semana. En sus redes sociales invitó a sumarse a su canal de Telegram, donde hace un resumen noticioso de las noticias diarias más importantes. El más reciente es de este 1 de agosto, que incluye la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas y la toma de Brasil de las instalaciones.
Una pausa obligada en estaciones de radio
Al interior del país se repite la misma escena. Una persona en el estado Monagas, que pidió no revelar su identidad, dijo a Efecto Cocuyo que por esta semana “mucha gente decidió no trabajar”. También confirmó que recibieron el mensaje de Conatel.
El secretario general del Sntp, Marco Ruiz, declaró a este medio que recopilaron información en las regiones, donde los directivos de las emisoras de radio le piden a sus trabajadores cesar los programas de opinión e información.
“Hay audios donde la gerencia se dirige a los trabajadores de las estaciones de radio con la decisión de no volver con la programación habitual, no incorporar espacios informativos y de opinión, solo espacios musicales hasta nuevo aviso”, contó este 31 de julio.
La orden se extiende a que no se informe sobre el desconocimiento del proceso electoral del 28 de julio que hizo la Plataforma Unitaria Democrática, su candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.
Sin programas de información ni opinión
Tampoco se permite informar sobre las protestas que comenzaron el lunes 29 de julio y que, hasta la fecha, según datos de la Fiscalía, ha dejado más de 1.000 detenciones.
Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal también reportan al menos 11 fallecidos en el contexto de las protestas, de las que no habla hasta el momento el Ministerio Público.
“No hay al aire programas de información ni opinión donde se comparta información sobre lo que fue el proceso electoral, el desconocimiento nacional e internacional a los resultados o sobre las decisiones de la dirigencia opositora agrupada en la Plataforma Unitaria”, explicó Ruiz.
Una de las pocas emisoras que transmite programas de información en Caracas es Radio Rumbos 670 AM, donde se mantiene en la parrilla Elsa Siciliano de 8:00 a 9:00 a.m. y Mario Villegas, de 2:00 a 3:00 p.m. A este último lo amenazaron en redes sociales este 1 de agosto.
Se violan derechos a la libertad de expresión e información
La coordinadora de libertades informativas de Ipys-Venezuela, Daniela Alvarado, detalló que este tipo de decisiones vulnera los derechos de acceso a la información, el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en general.
“Estás restringiendo la cobertura sobre temas de interés público, la mención de estos temas y expresarse sobre ellos y que puedan llegar a las personas que necesitan conocerlos porque son informaciones relevantes para su vida y su cotidianidad”, mencionó.
Alvarado dijo que se trata de derechos constitucionales y que están contemplados en convenios internacionales a los que Venezuela está suscrita, en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
Recordó que es el mismo patrón que se vio en 2023 con la elección primaria de la oposición venezolana, cuando de “manera informal” se difundió en Whatsapp la misma instrucción de impedir informar sobre estos comicios internos.
“Hemos visto como esto ha llevado a la suspensión de programas (de radio) y de contenidos noticiosos, de información e interés público que son de las pocas ventanas informativas que quedaban en los espacios radiales que constituyen una medida de censura previa”.
Criminalización a periodistas
Alvarado alerta que otro patrón que se evidencia en los últimos días es la criminalización a periodistas que hacen cobertura de las protestas y manifestaciones.
El Sntp presentó un informe en el que detalla que entre el 28 y el 30 de julio tienen registro de “39 incidentes relacionados con ataques a periodistas y reporteros gráficos, principalmente agresiones físicas y verbales durante coberturas e intimidación por parte de cuerpos policiales y grupos armados paraestatales, conocidos como colectivos, afectos al oficialismo”, describe un documento que presentaron hace un día.
Los casos más graves fueron las seis detenciones contra trabajadores de la prensa, dos de los cuales aún están privados de libertad. Se trata de Paúl León, camarógrafo de VPItv en Trujillo; y Yousner Leomar Alvarado Medina, camarógrafo de Noticia Digital, en Barinas.
Además, al periodista Jesús Romero en Aragua le dispararon en el abdomen y una pierna cuando hacía cobertura de una protesta en el sector San Jacinto de Maracay, el lunes 29 de julio. Después de una intervención quirúrgica se recupera de las heridas de bala.
Hay campañas intimidatorias contra un grupo de periodistas en Carabobo, a quienes en redes sociales los identifican con sus fotografías y los llaman “mercenarios”. Lo mismo ocurre contra tres mujeres periodistas que tienen un perfil público de informar sobre lo que ocurre en Aragua.
“Estamos viendo patrones que se han recrudecido y empeorado, que han elevado los riesgos para los periodistas y medios de comunicación en cuanto a la cobertura de temas de interés público”.
Aquí, en este enlace, puede leer el informe del Sntp