Las audiencias de presentación ante jueces de Control de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales realizadas este 28 de julio se están realizando a distancia, vía telemática.
Tres abogados y defensores de derechos humanos, consultados por separado, explicaron que los jueces con competencia en materia de terrorismo se concentran en un mismo lugar del Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales de Caracas, para llevar a cabo esta inusual forma de cumplir con la exigencia de convalidar o no las detenciones ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
“Los tribunales de terrorismo sólo están en Caracas. Entonces las audiencias se están haciendo de forma telemática, no solo para la capital, sino para el resto del país. Pareciera que la orden es dejarlos detenidos por 45 días que dura la fase de investigación”, comentó a Efecto Cocuyo una fuente relacionada con el activismo de derechos humanos.
Lo normal es que las personas detenidas sean trasladadas a la sede de un tribunal de Control y dispongan de todas las garantías del debido proceso, entre ellas un efectivo ejercicio del derecho a la defensa.
“Anoche hubo un traslado de 75 personas hasta Yare 3, la lista la entregaron esta mañana. Lamentablemente ninguno de los abogados aquí hemos podido ver a nuestros defendidos. Entonces no podemos constatar su estado físico. Están procesándolos adentro del centro de reclusión y constituyendo los tribunales de forma telemática”, dijo a Efecto Cocuyo un abogado presente en la Zona 7 de Boleíta, centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde estuvo detenida la mayoría de los detenidos en el Área Metropolitana de Caracas.
El traslado de detenidos a Yare y a otros centros penitenciarios sin pasar por las sedes de los tribunales confirma el inusual procedimiento aplicado en esta oportunidad y, en definitiva, que se dictaron órdenes de detención judicial preventiva a distancia.
Los abogados presentes en la Zona 7 de la PNB aseguran que no han podido representar jurídicamente a los detenidos, lo cual viola el derecho a la debida asistencia legal. “Hay una decisión política de que todas las personas arrestadas en el marco de las protestas no tienen acceso a defensa privada. Es un elemento clave y afecta a todas las personas”, dijo uno de los profesionales del Derecho consultado por Efecto Cocuyo en los alrededores del centro de reclusión.
El ordenamiento jurídico que regula el proceso penal venezolano consagra el principio de inmediación, lo cual significa que el juez de la causa debe entrar en contacto directo con las personas procesadas para, por ejemplo, escucharlo, hacerle preguntas y repreguntas si lo considera necesario y, también, para constatar su estado de salud física y mental. Todo ello se dificulta en una audiencia a distancia; es decir, si el juez está en un lugar y la persona procesada en otro.
Además, en cada una de las causas correspondientes a las detenciones realizadas en el contexto de manifestaciones contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales hay varios, hasta decenas de procesados. Por ello, disminuye aún más la posibilidad de que el juez que intenta comunicarse por videoconferencia pueda obtener suficientes elementos para decretar su detención judicial preventiva si fuera el caso.
Sin defensa privada y con audiencias a distancia, la mayoría de los detenidos vienen de sectores populares
Mientras esto ocurre, los familiares de las personas detenidas siguen sin poder ver a las personas. No saben si están bien de salud, tampoco saben si la comida que le están haciendo llegar se les entrega. La incertidumbre es un elemento común en los alrededores de la Zona 7 de Boleíta, al este de Caracas.
“Están deteniendo a la gente de forma masiva y nos ponen a correr de un lado a otro. Esto no es justo, no tiene sentido”, dijo a Efecto Cocuyo uno de los familiares de los detenidos en los días recientes.
El lunes 29 y el martes 30 de julio hubo protestas en toda Venezuela en contra de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el lunes en la madrugada, así como en contra de la posterior proclamación de Nicolás Maduro como presidente.
Las protestas ocurrieron, principalmente, en sectores populares. En Caracas se escuchaba el clamor desde José Félix Ribas, pasando por Petare y cruzando toda la ciudad hasta llegar a Catia. Los que fueron bastiones del chavismo ahora exigían que se publicaran los resultados completos de las elecciones presidenciales y afirmaban sentirse burlados por el gobierno venezolano. “Maduro dijo que durmió como un bebé y nosotros preocupados toda la noche contando votos y sin saber qué pasaba”, dijo a Efecto Cocuyo una manifestante de Petare el lunes 29 de julio.
La respuesta de las autoridades venezolanas fue aumentar la represión. El propio Nicolás Maduro dijo el miércoles 31 de julio que la cifra de detenidos superaba las 1.200 personas. Maduro los define como criminales que fueron “entrenados con tiempo” en varios países.
Efecto Cocuyo estuvo en los alrededores de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para conocer las historias de cientos de familiares que aguardan bajo el sol y la lluvia en este lugar para conocer información sobre sus familiares. En diversas entrevistas se pudo constatar que la mayoría de los detenidos provienen de sectores populares como Coche, El Valle y Petare.
Los familiares exigen respuestas y conocer el estado de salud de los detenidos
En los alrededores de la Zona 7 de la PNB en Boleíta hace mucho calor de día. El jueves 1 de agosto, la temperatura rondaba los 30 grados centígrados entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Los cientos de familiares presentes en el lugar buscaban una sombra para quitarse del sol y otros estaban preparados con sombrillas. La espera parecía eterna.
Poco después de las 10:00 de la mañana un oficial de la PNB repartió una lista con 75 nombres. Todos hombres. Esta lista fue entregada a tres personas, familiares de detenidos, que serían las encargadas de repartir el mensaje.
Maikel lee nombre por nombre hasta que su voz se quiebra. “Ya vi a los míos. No puedo, sigue tú”, le dice a otra de las personas agrupadas en el círculo de gente. Él tiene a tres hijos detenidos. Dos hombre y una mujer. “Ellos no estaban protestando. De hecho yo estaba hablando con ellos por teléfono cuando pasó todo”, recordó el venezolano.
“Ellos me llamaron como a las 5:00 de la tarde del lunes para decirme que estaban en la avenida Urdaneta y de repente escuché como un policía los llamaba y les daba indicaciones. Pero nadie gritaba y no había malos tratos. Dejé de saber de ellos y me preocupé. Luego de ir a varios lugares me doy cuenta que no estaban en ninguna parte. El martes me enteré que los iban a trasladar para acá”, contó Maikel a Efecto Cocuyo. Sus dos hijos fueron traslados a la carcel de Yare en los Valles del Tuy. Su hija permanecerá en Boleíta hasta nuevo aviso.
Antes de que hicieran pública la lista en la mañana de este jueves, los familiares ya sabían que un grupo de detenidos había sido trasladado a Yare. Lo verificaron por cuenta propia al seguir a los camiones. “Nos dijeron que los iban a llevar al Palacio de Justicia y luego los soltaban. Pero es mentira, los llevaron directo a la cárcel. ¿Ahora cómo salen de ahí?”, se preguntaba una de las tantas madres que estaban en Boleíta este jueves 1 de agosto.
“No sabemos nada. No sabemos cómo están. Toda mi familia me pregunta lo mismo y yo no sé nada. Los míos están acá desde el martes y no tenemos información. Lo que sí te puedo decir es que anoche se prendió un problema y hubo detonaciones en la noche. Nosotros tuvimos que correr hasta la avenida. Lloramos porque nuestros familiares están ahí”, dijo a Efecto Cocuyo una mujer que pidió no ser identificada. “Acá nadie nos respeta, estamos en Venezuela”, agregó la persona.