Ante la pretensión del gobierno venezolano de imponer una ley que atente contra el derecho a la libre asociación -que perjudicaría a millones de beneficiarios de la labor de las organizaciones de la sociedad civil- 93 organizaciones y 147 firmantes, dirigieron una comunicación al presidente colombiano, Gustavo Petro. 

Le manifestaron la preocupación por la posible aprobación en Venezuela del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, presentado el pasado 24 de enero de 2023 en la Asamblea Nacional y aprobado en primera discusión. Un proyecto de ley que aún no es de acceso público, violando lo determinado por la Constitución venezolana para la formación de leyes. En la misiva, se le informó que en la presentación realizada en el Parlamento por el diputado Diosdado Cabello, se estigmatizó y criminalizó de forma generalizada a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y se señaló la existencia de una lista preliminar de 62 ONGs, acusadas como «fachadas de partidos», «enemigas» y «traidoras a la Patria», mencionando sólo algunas, entre ellas al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización con 34 años de trabajo en el país.

Algunos se preguntarán y por qué dirigir una comunicación al presidente de otro país y en este caso al de Colombia. La razón es que Gustavo Petro en los pocos meses de gestión ha expresado públicamente la necesidad de defender y fortalecer la democracia. Y toda democracia requiere de la activa participación ciudadana, la cual se ejerce a través de sus más diversas formas de organización autónoma. Además, es conocida la influencia que tiene el gobierno del vecino país sobre las autoridades venezolanas. El restablecimiento de las relaciones ha permitido el desarrollo de diversos diálogos entre funcionarios de uno y otro país.

Las organizaciones y solicitantes que suscribieron la misiva de manera fraterna señalaron que el gobierno que preside es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que desean para nuestro país y que motivan el trabajo cotidiano de las organizaciones, iniciativas y activistas firmantes de la comunicación.

Le solicitaron que realice gestiones ante el gobierno de Venezuela para que se desestime el proceso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido, alentando a que, por el contrario, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano, se reconozca y facilite el derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.

Es posible por asuntos de diplomacia que no haya ningún pronunciamiento público en ese sentido, pero aspiramos a que se genere la suficiente sensibilidad para conversar en privado con el gobierno venezolano y así las fuerzas democráticas se anoten un punto frente a las tendencias que en el Continente se orientan a cerrar el espacio cívico.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Someter a la sociedad civil