Las sanciones contra Venezuela fueron el eje central de una cumbre en Bogotá convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, el pasado 25 de abril. Al encuentro acudieron al menos 20 delegados de diferentes países, incluyendo representantes de EE UU.
El conflicto político venezolano no ha visto progreso alguno desde la última reunión entre el oficialismo y la oposición en noviembre del año pasado en México. Entre los avances del último encuentro destacan: la autorización del gigante americano Chevron a reiniciar sus operaciones petroleras en nuestro país; la liberación de activos congelados al gobierno venezolano por 3,2 millardos de dólares para atender temas de carácter humanitario. Sin embargo, este último acuerdo no ha sido cumplido.
El canciller colombiano Álvaro Leyva declaró que su país actuará como garante de un acuerdo entre las partes en conflicto, siempre y cuando el acuerdo sea entre los venezolanos y pueda definirse un cronograma electoral con garantías y un levantamiento de sanciones paralelo.
El pasado 20 de abril, en la reunión entre Petro y Biden se tocó el tema de Venezuela. En ese escenario el gobierno de Estados Unidos indicó que existe la voluntad de levantar las sanciones contra Venezuela siempre y cuando se garanticen “elecciones libres” en nuestro país.
Sin duda el encuentro de Bogotá reviste particular importancia para nuestro país, así como cualquier intento de acuerdos entre el oficialismo y oposición que abone a la posibilidad de que al menos se aligeren las sanciones y el bloqueo comercial que pesa contra Venezuela.
La gente se preguntará sobre la insistencia reciente sobre el tema de las sanciones por parte de diferentes actores y medios de comunicación. Sencillamente, la importancia que le damos al asunto es de carácter económico.
Venezuela después de la debacle de la hiperinflación y devaluación que vivimos entre 2016 y 2020, por fin vivió una modesta recuperación económica en 2021 y 2022. No obstante, esta recuperación -de carácter fundamentalmente comercial- ha llegado a su techo si no se logra un sustancial aumento de ingresos en el país, lo que solamente puede lograrse a través de la reactivación de la industria petrolera y la posibilidad de que capitales extranjeros pongan su vista en Venezuela.
Las sanciones son un claro impedimento para que las multinacionales petroleras y los capitales foráneos regresen a Venezuela, ya que el riesgo de realizar cualquier intercambio comercial con nuestro país podría tener como consecuencias serios vetos que los distanciaría del mercado global. Por lo tanto, mientras no se otorguen licencias o autorizaciones explícitas de Estados Unidos a las empresas que quieren trabajar con nuestro país, o, las sanciones en su conjunto sean levantadas, no podemos esperar mejoras estructurales o de fondo de la economía nacional.
La respuesta es sencilla: ¡No!
Las sanciones del Departamento de Estado americano tenían como objetivo generar un cambio político en Venezuela. Durante largo tiempo actores de la oposición radical venezolana hicieron lobby en Washington para que tanto políticos como empresarios oficialistas fueran sancionados. En 2015 comenzaron las primeras sanciones, que se recrudecieron en 2017 y se consolidaron en 2019, logrando aislar a Venezuela del sistema financiero internacional y del mercado global.
Los resultados están a la vista, las sanciones no han producido cambio político alguno, y, por añadidura, han sido un factor clave en la perpetuación de una crisis económica y humanitaria de grandes dimensiones que nos afecta a todos los venezolanos.
Las sanciones resultan una camisa de fuerza que solo nos permite sobrevivir a duras penas como nación y que nos impide hacer uso de todos los recursos naturales con los que contamos para venderlos libremente a nivel internacional. Tanto el petróleo, como otros minerales, tienen que ser comercializados a escondidas, a un precio de descuento muy importante, lo que afecta la balanza comercial venezolana.
Se estima que desde el 2015, por efecto de las sanciones, Venezuela ha dejado de percibir casi 30 mil millones de dólares anualmente. La cifra que en su conjunto podría alcanzar los 240 mil millones de dólares a la fecha, bien pudo evitar llegar a los niveles de depauperación económica y social en los que está sumida Venezuela. Y ello, sin ver cambios políticos de ningún tipo, lo que era el objetivo inicial de las sanciones.
El 80% de los venezolanos estamos en contra de las sanciones porque tenemos verticalmente claro que no afectan al gobierno, ni benefician a la oposición -si esta existe-. Contrariamente, nos impiden tanto a nivel público como privado, cualquier posibilidad de hacer vida en el mercado internacional. No obstante lo dicho, el pueblo venezolano no ha sido escuchado por los que nos sancionan, Estados Unidos y los radicales de la oposición. Muy mal debe estar el orden mundial, si el clamor de la mayoría de un país no es escuchado.
Lejos de tanto palabrerío, me voy a ejemplos sencillos. Trate usted de abrir una cuenta en el extranjero siendo venezolano, como persona natural o jurídica. La mayoría de los bancos lo rechazarán sin ningún tipo de aprieto, ya que desde que estamos sancionados, todos los venezolanos pasamos a ser de alto riesgo para la banca internacional, estemos o no, ligados al gobierno. Lo anterior nos impide realizar o recibir pagos de cualquier entidad extranjera; de allí que la mayoría de las transacciones de nuestro país, deban ser realizadas en divisas en efectivo, como si fuéramos vulgares delincuentes que intentan saltar la vigilancia del sistema financiero mundial. En más de una oportunidad, hablando con inversionistas extranjeros me preguntan si las divisas en efectivo que se mueven en Venezuela son producto del lavado de dinero. Cuesta mucho convencerlos, de que la mayoría de ese dinero, procede de transacciones lícitas producto del intercambio comercial.
Me voy a otro ejemplo sencillo. Intente usted importar o exportar algo desde Venezuela, incluso alimentos o insumos para la salud, no solo a petróleo u otros commodities ligados al Estado venezolano. Se encontrará con un mar de dificultades, además de precios exorbitantes para importar y precios de bagatela para exportar.
Dicho lo anterior, le pregunto: ¿las sanciones afectan al gobierno de Maduro o nos afectan a todos los ciudadanos de a pie? Creo que la respuesta es obvia.
Ojalá traiga algo positivo la cumbre de Bogotá. Ojalá los políticos venezolanos dejen de pensar en política y se pongan de acuerdo respecto al deseo y la conveniencia económica de todos los venezolanos. Felicitamos la iniciativa del presidente Petro y deseamos prime la sindéresis entre oficialistas y opositores, así como del gobierno gringo, dueño de las sanciones.
***
Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
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El conflicto político venezolano no ha visto progreso alguno desde la última reunión entre el oficialismo y la oposición en noviembre del año pasado en México. Entre los avances del último encuentro destacan: la autorización del gigante americano Chevron a reiniciar sus operaciones petroleras en nuestro país; la liberación de activos congelados al gobierno venezolano por 3,2 millardos de dólares para atender temas de carácter humanitario. Sin embargo, este último acuerdo no ha sido cumplido.
El canciller colombiano Álvaro Leyva declaró que su país actuará como garante de un acuerdo entre las partes en conflicto, siempre y cuando el acuerdo sea entre los venezolanos y pueda definirse un cronograma electoral con garantías y un levantamiento de sanciones paralelo.
El pasado 20 de abril, en la reunión entre Petro y Biden se tocó el tema de Venezuela. En ese escenario el gobierno de Estados Unidos indicó que existe la voluntad de levantar las sanciones contra Venezuela siempre y cuando se garanticen “elecciones libres” en nuestro país.
Sin duda el encuentro de Bogotá reviste particular importancia para nuestro país, así como cualquier intento de acuerdos entre el oficialismo y oposición que abone a la posibilidad de que al menos se aligeren las sanciones y el bloqueo comercial que pesa contra Venezuela.
La gente se preguntará sobre la insistencia reciente sobre el tema de las sanciones por parte de diferentes actores y medios de comunicación. Sencillamente, la importancia que le damos al asunto es de carácter económico.
Venezuela después de la debacle de la hiperinflación y devaluación que vivimos entre 2016 y 2020, por fin vivió una modesta recuperación económica en 2021 y 2022. No obstante, esta recuperación -de carácter fundamentalmente comercial- ha llegado a su techo si no se logra un sustancial aumento de ingresos en el país, lo que solamente puede lograrse a través de la reactivación de la industria petrolera y la posibilidad de que capitales extranjeros pongan su vista en Venezuela.
Las sanciones son un claro impedimento para que las multinacionales petroleras y los capitales foráneos regresen a Venezuela, ya que el riesgo de realizar cualquier intercambio comercial con nuestro país podría tener como consecuencias serios vetos que los distanciaría del mercado global. Por lo tanto, mientras no se otorguen licencias o autorizaciones explícitas de Estados Unidos a las empresas que quieren trabajar con nuestro país, o, las sanciones en su conjunto sean levantadas, no podemos esperar mejoras estructurales o de fondo de la economía nacional.
La respuesta es sencilla: ¡No!
Las sanciones del Departamento de Estado americano tenían como objetivo generar un cambio político en Venezuela. Durante largo tiempo actores de la oposición radical venezolana hicieron lobby en Washington para que tanto políticos como empresarios oficialistas fueran sancionados. En 2015 comenzaron las primeras sanciones, que se recrudecieron en 2017 y se consolidaron en 2019, logrando aislar a Venezuela del sistema financiero internacional y del mercado global.
Los resultados están a la vista, las sanciones no han producido cambio político alguno, y, por añadidura, han sido un factor clave en la perpetuación de una crisis económica y humanitaria de grandes dimensiones que nos afecta a todos los venezolanos.
Las sanciones resultan una camisa de fuerza que solo nos permite sobrevivir a duras penas como nación y que nos impide hacer uso de todos los recursos naturales con los que contamos para venderlos libremente a nivel internacional. Tanto el petróleo, como otros minerales, tienen que ser comercializados a escondidas, a un precio de descuento muy importante, lo que afecta la balanza comercial venezolana.
Se estima que desde el 2015, por efecto de las sanciones, Venezuela ha dejado de percibir casi 30 mil millones de dólares anualmente. La cifra que en su conjunto podría alcanzar los 240 mil millones de dólares a la fecha, bien pudo evitar llegar a los niveles de depauperación económica y social en los que está sumida Venezuela. Y ello, sin ver cambios políticos de ningún tipo, lo que era el objetivo inicial de las sanciones.
El 80% de los venezolanos estamos en contra de las sanciones porque tenemos verticalmente claro que no afectan al gobierno, ni benefician a la oposición -si esta existe-. Contrariamente, nos impiden tanto a nivel público como privado, cualquier posibilidad de hacer vida en el mercado internacional. No obstante lo dicho, el pueblo venezolano no ha sido escuchado por los que nos sancionan, Estados Unidos y los radicales de la oposición. Muy mal debe estar el orden mundial, si el clamor de la mayoría de un país no es escuchado.
Lejos de tanto palabrerío, me voy a ejemplos sencillos. Trate usted de abrir una cuenta en el extranjero siendo venezolano, como persona natural o jurídica. La mayoría de los bancos lo rechazarán sin ningún tipo de aprieto, ya que desde que estamos sancionados, todos los venezolanos pasamos a ser de alto riesgo para la banca internacional, estemos o no, ligados al gobierno. Lo anterior nos impide realizar o recibir pagos de cualquier entidad extranjera; de allí que la mayoría de las transacciones de nuestro país, deban ser realizadas en divisas en efectivo, como si fuéramos vulgares delincuentes que intentan saltar la vigilancia del sistema financiero mundial. En más de una oportunidad, hablando con inversionistas extranjeros me preguntan si las divisas en efectivo que se mueven en Venezuela son producto del lavado de dinero. Cuesta mucho convencerlos, de que la mayoría de ese dinero, procede de transacciones lícitas producto del intercambio comercial.
Me voy a otro ejemplo sencillo. Intente usted importar o exportar algo desde Venezuela, incluso alimentos o insumos para la salud, no solo a petróleo u otros commodities ligados al Estado venezolano. Se encontrará con un mar de dificultades, además de precios exorbitantes para importar y precios de bagatela para exportar.
Dicho lo anterior, le pregunto: ¿las sanciones afectan al gobierno de Maduro o nos afectan a todos los ciudadanos de a pie? Creo que la respuesta es obvia.
Ojalá traiga algo positivo la cumbre de Bogotá. Ojalá los políticos venezolanos dejen de pensar en política y se pongan de acuerdo respecto al deseo y la conveniencia económica de todos los venezolanos. Felicitamos la iniciativa del presidente Petro y deseamos prime la sindéresis entre oficialistas y opositores, así como del gobierno gringo, dueño de las sanciones.
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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
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