Si bien la crisis económica venezolana deriva de un cuestionable manejo administrativo por parte del gobierno nacional, desde el año 2017, cuando se impusieron sanciones financieras y comerciales contra el país, se precipitó la debacle económica que vivimos.

Sin duda alguna, las sanciones han limitado la capacidad de Venezuela para comerciar con otros países y obtener financiamiento foráneo, lo que deriva en una limitada oferta y precios elevadísimos de bienes y servicios, incluyendo alimentos, medicinas, insumos médicos y servicios públicos como electricidad, agua, aseo y conectividad.

La imposición de sanciones, según ha declarado el Departamento de Estado americano, buscaba producir una crisis económica en Venezuela que precipitara una dimisión de Nicolás Maduro y la transición con un gobierno opositor, un objetivo que a claras luces no ha ocurrido ni ocurrirá.

Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las sanciones han causado pérdidas económicas a Venezuela por el orden de 38 mil millones de dólares en los últimos años. Nuestras propias estimaciones en este tema, dan cuenta de pérdidas totales de 240 mil millones de dólares en los últimos cinco años, solo por concepto de ingresos petroleros.

La compleja situación económica de Venezuela ha hecho que muchas personas busquen refugio en otros países. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 6 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015 debido a la crisis humanitaria derivada de la precariedad económica que vive el país. Los que nos quedamos hemos sido sumidos, por las sanciones, a un nivel de pobreza que no veíamos desde hace muchas décadas.

Un escenario ideal: sin sanciones

La eliminación de las sanciones estadounidenses permitiría al país, en el corto plazo, acceder a financiamiento internacional e inversiones extranjeras; así como exportar petróleo y sus derivados y otros commodities y productos terminados a cualquier destino sin mayores limitaciones.

Los inversionistas, compradores internacionales y organismos de financiamiento extranjeros corren el riesgo de ser también sancionados si hacen negocios con nuestro país. Esto ha derivado en que multinacionales de hidrocarburos, capitales privados y la banca internacional se abstengan de establecer relaciones comerciales con Venezuela.

La recuperación estructural de la economía nacional pasa por una inversión de aproximadamente 100 mil millones de dólares para recuperar el sector petrolero, los servicios básicos, la salud, educación y la infraestructura del país.

Lamentablemente, los americanos han supeditado el levantamiento de las sanciones a acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, que parecen poco probables, sin importar que un 80% de la población está en contra de las sanciones.

Por asuntos de índole político, 30 millones de venezolanos hemos sido sancionados. Para aquellos que piensan que solo han sido sancionados los políticos y empresarios chavistas resulta conveniente destacar que de las más de 900 sanciones contra Venezuela tan solo 200 son sanciones directas contra actores oficialistas, el resto son contra el país, contra usted y contra mí, que poca incidencia tenemos en el quehacer político nacional.

Cuando se beta a todo un pueblo, cuando se beta a 30 millones de venezolanos, afectando su devenir económico, al punto de producir un estrangulamiento de orden social, estamos hablando de que las sanciones tienen un aspecto casi genocida que bien podría ser sujeto de cuestionamientos legales por tratarse de una violación de los derechos humanos más esenciales.

De allí la importancia de organizarnos como ciudadanos y gritar al mundo que los venezolanos somos víctimas de crímenes de lesa humanidad por la violación de derechos esenciales como el derecho a la vida, a la alimentación y a la salud, por la imposición de sanciones, que de manera indiscriminada afectan a toda nuestra población, no solo a los políticos.

Lamentablemente, en las diferentes agrupaciones políticas y sociales que hacen vida en el país vemos posturas bastante tímidas respecto a la perentoria necesidad de que las sanciones sean levantadas por temor a que seamos identificados por los Estados Unidos como acólitos del régimen venezolano o, incluso, que en lo personal seamos sujetos de persecución o sanciones por parte de los gringos.

Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los verdaderos dueños del destino del país en lo económico, lo social y lo político. Me pregunto que estamos esperando para denunciar en los tribunales internacionales y ante el mundo la injerencia extranjera en nuestras vidas.

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Del mismo autor:  Una línea de tiempo de las sanciones