La Asamblea Nacional (AN) de 2020 inició la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social, que tiene por objeto fortalecer dicho mecanismo como «ámbito de actuación del poder popular» para la vigilancia y control de la gestión pública.
De acuerdo con el artículo uno sancionado en la sesión de este 23 de mayo, también se mantiene el control y supervisión por parte de la ciudadanía organizada en instancias del poder popular, de las actividades del sector privado «que afecten los derechos o intereses colectivos», función que será «compartida» con los órganos del Poder Público nacional en la lucha contra la corrupción.
Son medios para la contraloría social las acciones, solicitudes o denuncias que se realicen a título individual o de manera colectiva a través de instancias del Poder Popular (artículo 7).
La segunda discusión se realizó hasta el artículo 8 por solicitud de diferimiento hecha por la diputada (Psuv) Blanca Eekhout, titular de la Comisión de Comunas.
El año pasado, el gobernante Nicolás Maduro ordenó revisar el conjunto de leyes del poder popular, con el objetivo de eliminar las «trabas burocráticas». que impiden avanzar hacia la consolidación de un «estado comunal» en Venezuela.
El paquete incluye una reforma a la Ley de Consejos Comunales, cuya segunda discusión ya realizó la Comisión de Comunas por lo que se espera que de un momento a otro sea elevada a la plenaria.
La plenaria también aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva de 22 artículos, que entre otros aspectos reconoce el lenguaje de señas como lengua oficial del país y busca garantizar la atención de dicha comunidad en áreas como la salud y la capacitación laboral. También prohíbe la discriminación.
La presentación del proyecto la hizo el diputado René Coltat (Psuv) con condición de sordera. Explicó que las personas con discapacidad auditiva tienen un remanente de audición mientras que las sordas usan de manera eficiente el lenguaje de señas.
El diputado de la Alianza Democrática, Omar Ávila apoyó la ley e informó que también se trabaja en leyes para las personas con discapacidad visual y con discapacidad motora, entre otros instrumentos legislativos de corte social.
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De acuerdo con el artículo uno sancionado en la sesión de este 23 de mayo, también se mantiene el control y supervisión por parte de la ciudadanía organizada en instancias del poder popular, de las actividades del sector privado «que afecten los derechos o intereses colectivos», función que será «compartida» con los órganos del Poder Público nacional en la lucha contra la corrupción.
Son medios para la contraloría social las acciones, solicitudes o denuncias que se realicen a título individual o de manera colectiva a través de instancias del Poder Popular (artículo 7).
La segunda discusión se realizó hasta el artículo 8 por solicitud de diferimiento hecha por la diputada (Psuv) Blanca Eekhout, titular de la Comisión de Comunas.
El año pasado, el gobernante Nicolás Maduro ordenó revisar el conjunto de leyes del poder popular, con el objetivo de eliminar las «trabas burocráticas». que impiden avanzar hacia la consolidación de un «estado comunal» en Venezuela.
El paquete incluye una reforma a la Ley de Consejos Comunales, cuya segunda discusión ya realizó la Comisión de Comunas por lo que se espera que de un momento a otro sea elevada a la plenaria.
La plenaria también aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva de 22 artículos, que entre otros aspectos reconoce el lenguaje de señas como lengua oficial del país y busca garantizar la atención de dicha comunidad en áreas como la salud y la capacitación laboral. También prohíbe la discriminación.
La presentación del proyecto la hizo el diputado René Coltat (Psuv) con condición de sordera. Explicó que las personas con discapacidad auditiva tienen un remanente de audición mientras que las sordas usan de manera eficiente el lenguaje de señas.
El diputado de la Alianza Democrática, Omar Ávila apoyó la ley e informó que también se trabaja en leyes para las personas con discapacidad visual y con discapacidad motora, entre otros instrumentos legislativos de corte social.