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Con el voto en contra de la Alianza Democrática por «inconstitucional», la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional de 2020 aprobó en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular.

Es la tercera ley de un paquete de 12 que por orden del gobernante Nicolás Maduro, el Parlamento de 277 diputados debe modificar y sancionar antes de que culmine el año, para «eliminar» las trabas burocráticas que estarían impidiendo la consolidación de un Estado comunal en Venezuela.

Al presentar el proyecto de ley de reforma a la Ley del Poder Popular ante la Cámara, el diputado (Psuv) Julio Chávez, indicó que los cambios incluyen simplificación de procedimientos administrativos, establece atribuciones de las asambleas de ciudadanos en las que el poder popular tomará las decisiones y la forma para que los cinco Poderes del Estado «aterricen» en la comuna.

«Hoy presentamos a consideración una reforma importante porque no nos vamos a quedar simplemente en un desarrollo por separado de las leyes sino que vamos a dar paso a construir un sistema, una ley marco que cohesione la construcción del poder popular porque esa es el arma secreta (…) nos disponemos en 2023 a profundizar en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, es decir más socialismo», expresó durante la sesión ordinaria de este martes 22 de noviembre.

«Choques» con la Constitución

La fracción de la Alianza Democrática se opuso a la aprobación de la ley, tal como lo hiciera con la reforma de la Ley de los Consejos Comunales el pasado 17 de noviembre. Los diputados de 2020 reiteraron que la propuesta del Estado comunal que implica darle carácter territorial a instacias de supuesta participación popular violan la Constitución que organiza el territorio en municipios (artículo 16).

El diputado suplente (Cambiemos), Edgar Raúl Leoni aseguró que la oposición moderada cree en la soberanía popular pero también en la supremacía constitucional, la que advirtió, se ve vulnerada con el paquete legislativo que el chavismo pretende aprobar para consolidar el Estado comunal.

«Este proyecto tiene choques con la Constitución, por ejemplo, hay una violación al principio del pluralismo político y al derecho a la libre participación en los asuntos públicos consagrados en el artículo 2 y 62, a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de asociación. Las personas que no se adhieran a edificar el estado socialista quedarán excluidos», alertó.

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También recordó que el pueblo habló en 2007 y le dijo «no» en referendo a la propuesta de reforma constitucional que presentó el expresidente Hugo Chávez y que entre otras cosas contenía la propuesta de Estado comunal, por lo que también se desconoce la voluntad popular.

Subrayó que la propuesta le pasa por encima a las parroquias y atenta contra la descentralización y la municipalización que sí están previstos en la Carta Magna. Llamó a profundizar más bien en la municipalización del país que solo tiene 335 alcaldías mientras que otros países como Colombia cuyo territorio es apenas un poco más grande que el venezolano, tiene más de 1.100 alcaldías.

«Hoy no nos vamos a abstener, hoy vamos a votar contra esta ley porque no favorece al pueblo. Contiene conceptos como el gobierno obedencial que se traduce en seguir una sola línea política, eso no es protagónico. Proponemos llevar la propuesta a referendo y que sea el pueblo el que decida. En la Constitución no se habla de socialismo sino de pluralismo político», cerró.

«¿Por qué Chávez sí y ahora no?»

El diputado (El Cambio) Alfonso Campos reforzó el planteamiento de Leoni y recordó que el artículo 261 de la Constitución contempla el referendo como medio de participación popular.

«No somos contrarios a las formas organizativas del pueblo pero aquí se pretende la modificación del Estado y eso amerita cambiar la Constitución (…) ¿Por qué Chávez llevó la propuesta a referendo y ahora no? ¿Qué más popular que dejar al pueblo elegir?», preguntó el diputado de 2020.

Desde el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, hasta los diputados del Psuv, Blanca Rosa Eekhout, Ricardo y Pedro Infante señalaron a la llamada «oposición aliada» de no saber interpretar la Constitución que entre otras cosas dice en su artículo 5 que la soberanía reside en el pueblo y que es intransferible. Simplificaron el voto en contra con una frase: no creen en el poder popular.

«La representatividad se acabó en la Constitución de 1999, la participación protagónica del pueblo está en desarrollo. Para ellos (oposición) la representatividad es que se elija a un alcalde y que ese alcalde haga lo que le dé la gana, aquí el gobierno obedencial es que el poder ejecuta lo que decide el pueblo, que las ideas de las asambleas populares se conviertan en leyes», sostuvo Molina.

Eekhout remató con el argumento según el cual el poder popular y el estado comunal están contemplados en el Plan de la Patria que presentó Chávez en 2012 y luego asumió Nicolás Maduro como programa de gobierno a partir de 2013, cuando llegó a Miraflores, por lo que, a su juicio, no es necesario reformar la Constitución.

Leyes en cola

Rodríguez e Infante le echaron en cara a Leoni que por su apellido (es nieto del expresidente de la República y expresidente del senado del antiguo Congreso, Raúl Leoni) solo estaba en la AN para defender intereses de empresarios y familias adineradas y no al pueblo.

El pasado 17 de noviembre, la AN de 2020 aprobó en primera discusión las reformas a las leyes orgánicas de Consejos Comunales (CC) y Contraloría Social. Con la primera, la oposición moderada se abstuvo tras advertir que considerar a los CC como instancias territoriales viola la Carta Magna en la que se establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios.

Además de las leyes de CC, Contraloría Social y Poder Popular, el paquete de leyes a reformar incluye Planificación Pública y Popular, Gestión Comunitaria, Sistema Económico Comunal y Economía Comunal, entre otras. Vale acotar que también está la Ley de Ciudades Comunales que aguarda por su segunda discusión desde 2021, cuando apenas se aprobaron diez artículos.