El jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Diosdado Cabello, presentó ante la cámara una propuesta de ley para regular el funcionamiento y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela.
El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) partió de la premisa de que existen ONG venezolanas que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno y es «hora de legislar» para frenarlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria «no tienen nada que temer».
«Tengo una lista de 62 ONG que operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia», señaló el alto vocero del chavismo.
Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos.
A algunas de ellas como Futuro Presente y Lidera las asoció con partidos de la oposición venezolana como Primero Justicia y Voluntad Popular, al asegurar que son fachadas de estas organizaciones para generar desestabilización.
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El dirigente del chavismo indicó que dicho listado de ONG que advirtió, no dependen del gobierno venezolano pero sí de la administración de Estados Unidos y por lo tanto no pueden llamarse ONG, ha recibido 3.000 millones de dólares y no se sabe quién los administra ni a quiénes beneficiaron.
«Las ONG no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. ¡Quién se ha aprovechado de esa plata? si revisamos los nombres viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», sostuvo.
La propuesta de Cabello fue aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria de la AN de 2020 este 24 de enero, con el voto salvado de la Alianza Democrática, que aseguró -en palabras de José Brito- que se necesita una discusión amplia con todos los sectores del país.
Brito aseguró que tenía una lista más larga que la presentada por Cabello, quien se rió ante la aseveración del legislador de la Alianza.
Este es el segundo intento del Parlamento elegido en 2020 por regular la labor de las organizaciones de la sociedad civil, tras la presentación en 2022 del proyecto de la Ley de Cooperación Internacional.
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El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) partió de la premisa de que existen ONG venezolanas que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno y es «hora de legislar» para frenarlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria «no tienen nada que temer».
«Tengo una lista de 62 ONG que operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia», señaló el alto vocero del chavismo.
Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos.
A algunas de ellas como Futuro Presente y Lidera las asoció con partidos de la oposición venezolana como Primero Justicia y Voluntad Popular, al asegurar que son fachadas de estas organizaciones para generar desestabilización.
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«Las ONG no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. ¡Quién se ha aprovechado de esa plata? si revisamos los nombres viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», sostuvo.
La propuesta de Cabello fue aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria de la AN de 2020 este 24 de enero, con el voto salvado de la Alianza Democrática, que aseguró -en palabras de José Brito- que se necesita una discusión amplia con todos los sectores del país.
Brito aseguró que tenía una lista más larga que la presentada por Cabello, quien se rió ante la aseveración del legislador de la Alianza.
Este es el segundo intento del Parlamento elegido en 2020 por regular la labor de las organizaciones de la sociedad civil, tras la presentación en 2022 del proyecto de la Ley de Cooperación Internacional.