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El extinto Consejo de Administración del Gasto, coordinado por Alejandro Plaz, presentó su informe de gestión del año 2022 ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, presidida por la diputada de Primero Justicia (PJ) Dinorah Figuera, este viernes 17 de febrero.

Plaz advirtió que se trataba de la tercera rendición de cuentas ante el Parlamento con mayoría opositora desde que entrara en funcionamiento el Consejo en 2020, a partir de la aprobación de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención a casos de Riesgo Vital; de cuya administración fue responsable. Aseguró que mientras existió la instancia las decisiones se tomaron por consenso entre todos los factores políticos con representación en la AN de mayoría opositora.

Plaz recordó que el Fondo para Liberación comprendió durante la gestión del Consejo nueve programas con sus respectivos presupuestos, entre ellos la atención a la emergencia humanitaria, la defensa de la democracia, apoyo a la AN de 2015, a la presidencia encargada y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, entre otros.

El parlamento de 2015 aprobaba los presupuestos, luego de lo cual, precisó, se solicitaba a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), emitir la licencia para la liberación del dinero proveniente de la cuenta del Banco Central de Venezuela (BCV) congelada en el exterior para finalmente ejecutarlo.

Fondos aprobados vs ejecutados

Con láminas, Plaz detalló que en 2020, la AN aprobó un presupuesto de $ 80 millones para el Fondo de Liberación, de los cuales fueron autorizados por la OFAC $ 61,6 millones y ejecutados, $ 59 millones (96 % de lo licenciado). Para 2021, se avaló un presupuesto de $ 152,4 millones de los cuales fueron autorizados $ 72 millones y ejecutados, $ 69,5 millones. En 2022, prosiguió, fueron aprobados $ 56,6 millones por el Parlamento, licenciados por la OFAC, $ 54,8 millones y ejecutados $ 52,9 millones.

El exfuncionario del gobierno interino aclaró que el presupuesto de 2022 se financió con el remanente de los presupuestos aprobados y no ejecutados de 2020 y 2021 y subrayó que antes del 5 de enero de 2023, el dinero no ejecutado se devolvió a la cuenta del BCV en el Federal Reserve Bank.

Resaltó que la auditoría realizada por una empresa de prestigio internacional (entre las diez más grandes del mundo) cuyo nombre no reveló porque así fue establecido en la contratación, arrojó que no hubo evidencias de fraude o de errores en la ejecución presupuestaria.

Existencia dudosa

Entre otras revelaciones hechas ante los diputados de la Delegada, Plaz expuso a petición de algunos parlamentarios como Macario González, que la OFAC no reconoció el presupuesto (1.758.000 de dólares aprobado por la AN) para el pago de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, el único de los nueve programas, ni de algunos emolumentos de los legisladores y por tanto no dio la licencia.

«El presupuesto de los magistrados del TSJ ( en el exilio) fue incluido en el presupuesto del Consejo de Administración del Gasto y la OFAC lo ha negado, hemos pedido reconsideración de la negación y dos veces hemos pedido también la reconsideración de la compensación de los diputados desde el año 2020, aprobaron parcialmente el presupuesto de la AN dejando por fuera algunos emolumentos a los diputados, no se recibió respuesta», explicó Plaz.

González mencionó que hacía la pregunta por solicitud de algunos de los magistrados designados en 2017 por la AN que tuvieron que salir del país debido a la persecución política del gobierno de Nicolás Maduro. Otro legislador, José Trujillo insistió en que no existía claridad sobre la negación de los pagos a los diputados y pidió a Plaz explicar la causa de la respuesta de la OFAC.

«Se enviaron tres informes pidiendo reconsideración a la OFAC, hubo diputados que viajaron a Estados Unidos y se reunieron con miembros del Congreso, con James Story (representante de EE. UU. ante Venezuela), hubo gestiones para lograr el pago desde el presupuesto de 2020 pero nunca hubo respuesta. La OFAC cuando no tiene respuesta no hace acuse de recibo, sino que esa es la decisión», respondió Plaz.

La respuesta hizo que entre los diputados se advirtiera que si no hubo reconocimiento al pago de sueldos a los magistrados del TSJ en el exilio significaba que tampoco había reconocimiento de EEUU a la existencia de ese Tribunal «y si no existe no puede estar emitiendo sentencias». Vale acotar que el TSJ en el exilio exigió a la AN de 2015 dar continuidad al interinato a través de un comunicado divulgado en diciembre de 2022.

Faltan Citgo y Pdvsa

Acompañaron a Plaz durante la sesión, transmitida vía Zoom, otros miembros del Consejo como Gustavo Eduardo Marcano de PJ; Fernando Blasi de Un Nuevo Tiempo (UNT), Yon Goicochea de Voluntad Popular (VP) y quien fuera su secretario, René Uzcátegui  (partidos minoritarios); pero solo Plaz habló ante los diputados de 2015.

Tras la disolución del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, el Consejo de Administración del Gasto fue sustituido por el Consejo de Administración y Protección de Activos con Marcano a la cabeza y también integrado por Goicochea, Blasi y René Uzcátegui, además de Carlos Andrés Millán de AD, dejando atrás la promesa de la junta directiva de la AN de 2015 de «despartidizar» la protección de los activos de la República en el exterior para prevenir hechos de corrupción.

Plaz detalló además que la Fundación Madre María de San José, manejada por la primera dama encargada, Fabiana Rosales solo funcionó en el año 2020 con 4 millones y medio de dólares, con los cuales se benefició a más de 250 personas en materia de salud, previo estudio de un equipo conformado por ocho médicos. Indicó que se ejecutaron la totalidad de los recursos.

Desde el 9 de febrero, los entes del disuelto gobierno interino rinden cuentas ante la Comisión Delegada. Primero lo hizo la procuraduría especial a cargo del abogado constitucionalista Enrique Sánchez Falcón; luego la junta ad hoc del BCV a cargo de Manuel Rodríguez; la junta directiva de la CVG ad hoc, encabezada por Enrique Castells y este 17 de febrero el Consejo de Administración del Gasto.Quedan pendientes por agendar las directivas ad hoc de Pdvsa y de Citgo.

Llama la atención que en la agenda de comparecencias no se incluyó a Guaidó, quien el pasado 26 de enero convocó a un acto individual para hablar de manera resumida de lo que fue su gestión.