Desde que el expresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, fuera juramentado como presidente interino en enero de 2019, siempre se temió alguna represalia en su contra por parte del gobierno de Nicolás Maduro que ya había mostrado una dura cara represiva durante las manifestaciones de 2014 y 2017.
Pero, desde 2019 hasta su exilio obligado en Estados Unidos en abril de 2023, nunca fue tocado. En su lugar, la policía política del gobierno (Sebin) mantuvo un acecho constante en sus actividades y vivienda y, uno a uno, fue apresando a sus colaboradores cercanos y dirigentes de otras organizaciones políticas que lo apoyaban.
El escenario se repite con la líder opositora María Corina Machado. No ha sido apresada, pero es acechada y día a día ha tenido que elevar su voz para denunciar y condenar la captura de dirigentes nacionales y regionales de su partido Vente Venezuela, de las toldas que integran la Plataforma Unitaria Democrática (más de 20 en total) y ahora hacer frente a la amenaza de encarcelamiento del abanderado en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.
“El gobierno está repitiendo una máxima: estrategia ganadora no se cambia. El esquema no es nuevo. Ya en el pasado lo hicieron con Henrique Capriles y su entorno al detener a Alejandro Silva, su entonces jefe de Movilización y Oscar López Colina su para el momento director adjunto de campaña (2013). Igual ocurrió con la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del gobierno interino, junto a la detención o persecución de otras figuras claves como Juan Requesens, que también afectaron al entorno de Juan Guaidó”, recordó el consultor político Luis Toty Medina Gil, en declaraciones a Efecto Cocuyo.
Desarticulación y desmovilización
El equipo cercano a Machado en Vente Venezuela ha sido duramente afectado por la escalada de detenciones y persecución. Sólo en el mes de agosto fueron apresados el asesor legal de dicha organización y miembro del Comando con Venezuela, el abogado Perkins Rocha (27 de agosto); el secretario político en el estado Miranda, Luis Istúriz (26 de agosto); el coordinador Juvenil en Bolívar, Virgilio Laverde; el activista Henry Salazar en Aragua; la jefa del comando de campaña con Venezuela en Portuguesa, María Oropeza (6 de agosto) y la integrante del mismo comando en Yaracuy, Mónica Martínez (30 de julio).
Las detenciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como arbitrarias (sin orden judicial y por sujetos encapuchados que no se identifican) seguidas de otras violaciones al debido proceso como la desaparición forzada, la incomunicación y la negativa a contar con defensa privada. Los delitos atribuidos van desde el terrorismo, instigación al odio y asociación para delinquir, entre otros.
“El propósito de este tipo de acciones desde el gobierno persigue una multiplicidad de objetivos. Desde la desarticulación organizativa, neutralizando piezas claves del primer anillo más cercano a quien ejerce la conducción del liderazgo opositor, pasando por infundir temor paralizante al resto, hasta llegar a la desmoralización y desmovilización del propio equipo, que en muchos casos tiene que optar por el exilio para resguardarse con el consecuente impacto sobre la operatividad de la estructura organizativa”, advirtió Medina Gil.
Para el fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, a estas alturas no hay duda de que con la ganadora de las primarias opositoras 2023, el poder político en Miraflores aplica el mismo esquema de arremetida contra su círculo cercano, tal como ocurrió con Guaidó.
De momento descarta una detención de la exdiputada nacional, pues a su juicio, el costo a pagar en términos políticos, reputacionales y estratégicos aún es muy alto para el chavismo-madurismo.
“Luego porque apuestan una vez más a que con el transcurrir de los días, semanas o meses, sin que María Corina pueda exhibir logros o triunfos que pongan en peligro la hegemonía del régimen, la población podría entrar en una fase de desmoralización y frustración, con el resultado de una erosión del liderazgo de Machado. Comprar tiempo y jugar al desgaste, pareciera ser una vez más la opción escogida por Nicolás Maduro y su grupo. Esperar a que la intensidad emocional del momento y la conexión de MCM con las masas se diluya”, sostuvo.
“Trituradora de liderazgos opositores”
La jefa de campaña de Machado, Magalli Meda, la jefa de comunicaciones de Vente Venezuela, Claudia Macero, el diputado de 2015 por dicha organización, Omar González, el coordinador de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu, el asesor de Machado, Fernando Martínez Mottola y el coordinador electoral, Humberto Villalobos, fueron forzados a refugiarse en la embajada de Argentina en marzo de 2024, luego de que la Fiscalía solicitara orden de captura en contra de cada uno. Luego de las presidenciales, el gobierno expulsó a la misión diplomática argentina, por lo que fueron albergados en la Embajada de Brasil.
Miembros de partidos que integran la PUD y que apoyaron la candidatura presidencial de Edmundo González también han sido perseguidos y encarcelados luego de las elecciones del 28 de julio.
Este 3 de septiembre, mediante la divulgación de un video se denunció la detención del dirigente de Voluntad Popular (VP) y diputado regional en Barinas, Nizar Askul. El 28 de agosto, tras acompañar a Machado en una concentración en Caracas a un mes de los comicios, fue perseguido y apresado el coordinador nacional de Convergencia, Biagio Pilieri, junto a su hijo Jesús Pilieri, quien fue liberado luego de unas horas. Al tercer vicepresidente de Acción Democrática (AD), Félix Arroyo, se lo llevaron hombres sin identificación y con armas largas el 27 de agosto en Las Mercedes. También fue liberado a las horas.
Consultado sobre si cree que Machado correrá la misma suerte de Guaidó y antes otros líderes como Leopoldo López (exiliado desde 2020 tras permanecer en prisión desde 2014), en cuanto a dilución de su liderazgo, Medina Gil señaló que dependerá de su estrategia para seguir movilizando a la ciudadanía, elevar para el gobierno los costos de represión, lograr una fractura del “bloque hegemónico” y la máxima presión internacional.
“La dinámica política venezolana de las dos últimas décadas ha sido una máquina trituradora de liderazgos opositores. La gente convierte a los líderes opositores en casi ese mesías salvador, los lleva hasta el altar más alto de sus adoraciones y cuando no consiguen el objetivo del cambio político que desplace al chavismo del poder, los demuele y envía al peor y más duro de los ostracismos. Del Olimpo al Averno en poco tiempo y sin boleto de regreso. Esa suerte la corrieron Enrique Mendoza, Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos Allup, Guaidó, entre otros. El régimen conoce esa realidad y pone todas sus fichas en ese tablero emocional de la población”, sostuvo.
Desafíos
El pasado 17 de agosto fue denunciada la detención arbitraria del diputado regional (Carabobo) por Un Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Molina, quien días antes había alertado sobre la captura del exalcalde de San Diego Enzo Scarano y de su hijo Vicente Scarano por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Luego se supo que el exalcalde había logrado evadir a los efectivos no así su hijo.
Han sido apresados además el secretario nacional de organización de AD, Piero Maroun (16 de agosto y liberado un día después); el dirigente de Copei en Yaracuy, Alfonso Andara (liberado luego de dos días); la coordinadora del comando opositor en Apure, Yulennis Aranguren; el exgobernador de Mérida y diputado de 2015, Williams Dávila, luego de participar en una vigilia en la Plaza Altamira el 8 de agosto; el director de gobierno de la alcaldía de Carora (Lara), Endrick Medina (AD, 8 de agosto); el exdiputado Américo De Grazia; la concejal de Freites (Anzoátegui), Beatríz Andrade de AD (7 de agosto).
“Sin resultados ni amenazas reales que pongan en riesgo la permanencia del chavismo en el poder, no habrá necesidad de detener a María Corina Machado, la propia gente se encargará de minar toda confianza y de arrasar con su liderazgo, sin piedad ni misericordia algunas. Y cuando eso suceda -si llegase a ocurrir, desde luego – la fragilidad y vulnerabilidad de Machado sí podrían disminuir los costos de su detención. Hasta entonces ambos, Machado y Maduro, tienen un desafío particular cada cual”, agregó el consultor político.
En el caso de Machado, reiteró, debe conseguir la fórmula que le permita movilizar masivamente a la gente y elevarle los costos de represión al gobierno para intentar una “fractura” interna. A su vez, acotó, no está concluido el trabajo de disminuir los costos de salida de los militares que sustentan a Maduro y de los civiles que le apoyan, ofreciéndoles garantías creíbles de amnistía y perdón.
“Maduro tiene el reto de resistir la enorme tempestad política que se le vino encima al ejecutar un fraude electoral con el impacto de ilegitimidad, aislamiento internacional y desconfianza interna con la pérdida evidente de “autoritas” incluso entre sus aliados. Movilizar es la clave para una, resistir en el tiempo es el código vital para el otro”, subrayó.
“Represión brutal”
Al partido AD, controlado por Henry Ramos, también pertenecen los detenidos el 3 y 4 de agosto en Guárico y Cojedes, José Camero (secretario general en el municipio Leonardo Infante) y el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo. Entre los primeros apresados luego de las elecciones presidenciales estuvieron el coordinador juvenil de la Causa R, Rafael Sivira; el coordinador político nacional de VP, Freddy Superlano (30 de julio); y el periodista Roland Carreño también de VP, que anteriormente estuvo tres años en prisión.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, 1.780 personas fueron detenidas de manera arbitraria en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellos 114 adolescentes, la mayoría excarcelados en los últimos días. Entre los encarcelados hay activistas de derechos humanos y al menos nueve periodistas y trabajadores de la prensa.
La organización Human Rights Watch (HRW) declaró este 4 de septiembre que la represión en las protestas de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio es «brutal» y que existen reportes creíbles de 24 asesinatos. La CIDH también ha calificado la persecución y los encarcelamientos de los adversarios de Maduro como “terrorismo de Estado”.