El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla con las auditorías correspondientes para verificar los resultados electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio y publique las actas de votación mesa por mesa.
“Sobre los hombros de los rectores del CNE, recae mantener en este momento la paz de la República, cumpliendo con su mandato constitucional”, señaló el secretario general de la tolda del gallo rojo, Oscar Figuera, al leer un comunicado conjunto de varias organizaciones de izquierda venezolana.
Las organizaciones, exaliadas del gobierno nacional, destacaron que el 28 de julio pasado se cumplió una jornada cívica en la que el pueblo venezolano expresó de manera masiva su voluntad y escogió a un presidente de la República, pero que distintos hechos han empañado el proceso e impiden tener confianza plena en el anuncio de resultados realizado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Entre tales hechos, el también diputado de 2020, mencionó la denuncia del excandidato presidencial Enrique Márquez, apoyado por el PCV, quien alertó que los números leídos por Amoroso no parten del acta que debió imprimirse en la sala de totalización y que el ente comicial a la fecha no haya publicado los resultados electorales por cada una de las 30.026 mesas electorales habilitadas para el 28 de julio.
“Amoroso vulneró legalidad”
Además del PCV suscriben el comunicado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y los movimientos de izquierda denominados Voces Antimperialistas, el Bloque Histórico Popular y el Movimiento Popular Alternativo de Manuel Isidro Molina, este jueves 1 de agosto en la sede de la tolda del gallo rojo en Caracas.
“Nosotros creemos que se ha vulnerado la legalidad por parte del presidente del CNE, Elvis Amoroso, porque han alterado el curso normal de escrutinio, totalización y de anuncio de resultados y aceleradamente se procedió a la proclamación de un supuesto ganador. No podemos decir quién ganó, la mayoría del pueblo venezolano tiene la sensación de que esos no son los resultados”, agregó Molina.
Agradecieron las posiciones de los gobiernos de Brasil y Colombia al coincidir en solicitar la transparencia y auditabilidad del proceso electoral en atención a la legislación venezolana, como garantías de paz y ejercicio pleno de la democracia.
Rechazan criminalización de la protesta
Figuera resaltó que como consecuencia del dudoso anuncio del CNE que dio como ganador a Maduro y su proclamación apresurada, se produjeron protestas, la mayoría en zonas populares y condenó la represión desatada por el Ejecutivo a través de los organismos de seguridad.
“El Estado ha respondido, realizando una criminalización generalizada de la protesta, señalándolas a todas como violentas, terroristas y organizadas por la oposición. Ha judicializado a más de 1.000 personas y ha activado no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a civiles amados que han disparado armas de fuego contra manifestantes y realizado detenciones, en algunos casos, de personas que hoy se encuentran desaparecidas”, advirtió Figuera.
Instaron a la Defensoría del Pueblo a investigar la legalidad de las detenciones masivas, así como la situación de derechos humanos de los apresados, la pertinencia de los tipos penales que les asignan la Fiscalía General de la República tales como terrorismo, incitación al odio, entre otros, así como la actuación de llamados colectivos que afirmó, actúan bajo la anuencia del Estado.
De acuerdo con la ONG, Foro Penal, son 672 detenciones y 11 asesinatos verificados, ocurridos desde el 29 de julio al 1 de agosto hasta las 9:00 am.
Critican interferencia del TSJ
Las organizaciones de izquierda alertaron además que el recurso contencioso electoral que introdujo el gobernante Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aclarar todo lo relacionado con los resultados electorales, podría obstaculizar las aclaratorias demandadas sobre los resultados electorales.
“Maduro acudió ante la Sala Electoral del TSJ para introducir un recurso, solicitando su intervención en un proceso de totalización que aún no ha concluido y la investigación de presuntos ilícitos electorales. Consideramos que la actuación del TSJ en el proceso aun inacabado de totalización y auditorías puede no contribuir a la necesaria transparencia y celeridad del proceso. El camino a la paz y a la democracia implica una actuación transparente, auditable y célere del CNE. Cualquier acción institucional que obstaculice eso, apunta a generar violencia y debilitar las garantías sobre los derechos políticos de la población”, se advirtió.